Yuri Alejandra Herrera Jacinto

Expediente 139/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
139/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Yuri Alejandra Herrera Jacinto

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio 5081/2021, signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria de diez de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el recurso de queja 50/2021, de su índice, derivado del recurso de queja interpuesto por Yuri Alejandra Herrera Jacinto, en contra del auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, cuyo resolutivo textualmente establece: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Yuri Alejandra Herrera Jacinto, en contra del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente del juicio de amparo indirecto 139/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Notifíquese." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y notifíquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. ??????????????? En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE....MESA 9

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite auto de veintinueve de marzo actual en el que se acusa de recibo informe así como del escrito de expresión de agravios e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Yuri Alejandra Herrera Jacinto; en contra del auto de nueve de marzo actual, en el juicio de amparo en que se actúa, mismo que quedo registrado bajo el número 50/2021, de su índice, de lo que este juzgado federal toma conocimiento para debida constancia legal. Papeleta. Finalmente, agréguese a los autos la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual se advierte que recibió el recurso de queja promovido por el Yuri Alejandra Herrera Jacinto; en contra del auto de nueve de marzo actual; y toda vez que del mismo se advierte que fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por lo anterior, este juzgado federal toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese...MESA 9

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito firmado por la quejosa Yuri Alejandra Herrera Jacinto; por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto de nueve de marzo actual; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase vía electrónica el escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, al correo electrónico occtc2tpa@correo.cjf.gob.mx, que corresponde a la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dada la naturaleza del recurso que se interpone y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en atención a las medidas de contingencia adoptadas en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. Por otro lado, comisiónese a la oficial encargada del Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes, para efectos de que NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 139/2021 vincule el expediente electrónico al órgano colegiado que corresponda. Asimismo, para el caso de que el tribunal revisor requiera físicamente las constancias del sumario en que se actúa, deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado federal, a fin de acordar lo conducente para su remisión, una vez que las labores del juzgado lo permitan, atendiendo a las cargas de trabajo y a la distribución del personal que se asignó para laborar en este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa; particularmente las relativas al auto precisado en párrafos anteriores1 , ello con la finalidad de que el Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación correspondiente se encuentre en condiciones legales de resolver el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese....MESA 9

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de escrito inicial. Por otra parte, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yuri Alejandra Herrera Jacinto, por propio derecho, contra actos que reclama del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Delegación Regional Estado de México Poniente. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 139/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. En ese sentido, este juzgador estima que es notoriamente improcedente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el particular, la parte quejosa acude a este órgano de control constitucional a reclamar de la autoridad responsable el acuerdo acuerdo número 1038, dictado dentro del expediente administrativo CC.EMP 594/2020, el cinco de noviembre de dos mil veinte, por el que se desecha el recurso de inconformidad promovido por la hoy quejosa. En ese contexto, a criterio del que suscribe, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)." Lo resaltado es propio. Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior es así, toda vez que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Acorde con lo expuesto en la porción normativa transcrita, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de interponer la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ello con el fin de cumplir el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley del juicio protector de derechos humanos para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución General de la República. Para dilucidar la cuestión que ahora se plantea, debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de amparo biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 1 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. [...]" Del contenido de las anteriores disposiciones legales se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina por sí una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que, como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. En ese sentido, la resolución reclamada debió ser cuestionada previamente a la promoción del juicio de amparo, a través del procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3, fracción XVII de su Ley Orgánica, que establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; [.]" El precepto transcrito contempla la existencia del medio ordinario de defensa con que cuentan los gobernados afectados por actos de una autoridad administrativa que pongan fin a un procedimiento o resuelvan un expediente; el cual, constituye propiamente un juicio de nulidad, ya que permite plantear dicha pretensión ante una autoridad judicial, otorgando garantía de audiencia a las partes. Medio ordinario de defensa, que contempla en los artículos 24 y 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo la suspensión de los actos impugnados, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordena: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De los anteriores artículos se advierte que en contra de la resolución aquí reclamada procede el juicio contencioso administrativo; en virtud de que dicho medio de impugnación tiene el mismo alcance que los previstos por la Ley de Amparo, en virtud de que su finalidad es declarar la nulidad del acto aquí reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que la resolución combatida puede impugnarse a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a solicitar el amparo y protección de la justicia de la unión, en términos del numeral 3, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, el artículo 28, fracción III, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, pues el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, al promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y solicitar la suspensión del acto impugnado, pues tal aspecto es uno de los requisitos de procedencia de la medida cautelar ante dicho órgano, pues al efecto se establece que la misma se otorgará "si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Asimismo, el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, claramente establece que procede la tramitación de dicho incidente de suspensión "en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme"; de ahí que válidamente resulte procedente la solicitud y tramitación de dicho incidente. Al no haber procedido de tal suerte la parte quejosa, es evidente que no se encuentra satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Sustenta la anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1194, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por otra parte, cabe precisar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 181026, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En las relatadas condiciones, si el acto que se reclama puede ser modificado, revocado o nulificado a través del medio de defensa antes estudiado, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar los medios ordinarios establecidos en el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, de ahí que lo procedente sea desechar por improcedente la demanda de amparo que se intenta. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 155/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 185065, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208- Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Además, porque en el caso, el acto aquí reclamado, puede impugnarse a través del juicio contencioso administrativo en el que, como se vio, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo; en ese orden de ideas, una vez dictada la sentencia correspondiente en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial, por ser precisamente una resolución que pone fin a un procedimiento. Es aplicable al particular la tesis aislada I.7o.A.767 A, consultable en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 162117 de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CONTRA SU RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DERIVADO DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, DEBE PROMOVERSE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO AL AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLA SE FUNDE EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 129/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 224, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.", sostuvo que cuando un particular plantee la acción de reembolso de gastos médicos extrainstitucionales directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, primero mediante queja administrativa y luego a través del recurso de inconformidad, tal circunstancia indica que decidió someterse al imperio del referido organismo y lo obligó a resolver la instancia planteada, razón por la que contra la resolución emitida por éste al conocer de tal medio de defensa, procede el juicio de garantías, en tanto que dicho acto proviene de una autoridad administrativa, independientemente de que conforme al principio de definitividad deba agotarse previamente otro medio de defensa. Por su parte, el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones emitidas por autoridades administrativas que pongan fin a una instancia en los términos de la citada legislación; hipótesis normativa que se surte tratándose de la resolución recaída al señalado recurso de inconformidad. Por tanto, contra la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social dictada en el recurso de inconformidad, derivado de la determinación de la instancia de queja en la que se reclamó el reembolso de los mencionados gastos médicos, debe promoverse el juicio contencioso administrativo, previo al amparo, a fin de observar el principio de definitividad, sin que impida adoptar esa postura la circunstancia de que la resolución al recurso de mérito se funde en la Ley del Seguro Social, en razón de que conforme a su artículo 5, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de organismo público descentralizado y, por tanto, dicha determinación debe entenderse pronunciada en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a que el segundo párrafo de su artículo 1 señala: "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad ..." Por tanto, como se adelantó, antes de acudir a la vía constitucional, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa descrito en líneas anteriores. Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 129/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 168898 de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Conforme a los artículos 251, fracción XXXIV, de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o a través de sus órganos competentes, está facultado para conocer y resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley citada, cuyo trámite, disposiciones aplicables, ante quien se interpone, plazo para ello y pruebas que pueden ofrecerse, están previstos en las indicadas disposiciones, en las que se precisa que aquel recurso culminará con la emisión de una resolución no sujeta a regla especial alguna, pero que deberá ocuparse de todos los motivos de impugnación hechos valer por el inconforme, decidir sobre las pretensiones deducidas, analizar las pruebas recabadas, expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios y que será ejecutable, características que son propias de los actos de un ente investido de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por ende, emite actos administrativos decisorios identificados como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, dictados de manera unilateral, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin el consenso de la voluntad del afectado, pues éste solamente interpone el recurso y el organismo público descentralizado lo resuelve con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. En ese tenor, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decide el recurso de inconformidad interpuesto contra un acto definitivo mediante el cual niega el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, como lo es la determinación de la instancia de queja administrativa prevista en el artículo 296 de la indicada Ley, regulada por su instructivo respectivo, se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto, quien ante él adquiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa." En relación a la tesis transcrita, si bien la Segunda Sala no se pronunció al principio de definitividad y el medio de defensa que se debiera agotar en contra de la resolución que recayera al recurso de inconformidad emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (cabe señalar que dicho aspecto no fue materia de la contradicción de tesis -86/2008-SS- que dio origen a la jurisprudencia de mérito), lo cierto es que tal precisión no puede soslayarse al momento de dilucidar si en contra de la resolución dictada en un recurso de inconformidad por dicho instituto, es procedente el juicio de amparo indirecto, o si previamente debe hacerse valer un diverso medio de defensa. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el impetrante de amparo adujera en su demanda que fueron violados los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su perjuicio, toda vez que de la lectura de la misma, se desprende que reclama cuestiones de legalidad, por lo que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para hacer procedente el juicio constitucional, pues son aspectos que se pudieron formular ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apoya a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia IX.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Del Noveno Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 189268, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional".Desechamiento de la demanda de amparo. En esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, todos de la Ley de Amparo Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Corredor Monte Alto, número ocho, colonia Miraflores, municipio Isidro Fabela, código postal 54484, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico.Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 9

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