Yuri Alberto Cutz Conrado

Expediente 1106/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1106/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Yuri Alberto Cutz Conrado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se ordenó el archivo de este juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En tal virtud, no existe razón alguna para que continúe en la Secretaría de este Juzgado, el anexo que remitió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con su oficio 5808, derivado del juicio de amparo directo 483/2023, de su índice, promovido por Yuri Alberto Cutz Conrado, contra actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y que derivó en la formación del expediente en que se actúa. Por tanto, devuélvase el mismo a su lugar de procedencia, esto es, el aludido Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que sea necesario el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la constancia de entrega de oficio dirigido a dicha autoridad bastará para acreditar dicha remisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 5808, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual acompaña el juicio de amparo directo 483/2023, de su índice, promovido por Yuri Alberto Cutz Conrado, contra actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Del oficio de cuenta, se advierte que dicho órgano jurisdiccional, mediante acuerdo dictado el veintidós de junio del presente año, desechó el amparo promovido por el citado Cutz Conrado en contra de la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso y por otra parte, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo antes referida, respecto del diverso auto de dos de mayo del año en curso, por los motivos expuestos en el auto de mérito. En ese tenor, con apoyo en lo dispuesto en el artículo, 45 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta juzgadora se avoca al conocimiento del asunto en comento y acepta la competencia para dar trámite al mismo. Acúsese el recibo correspondiente al Tribunal de Alzada; y fórmese un anexo con las constancias remitidas, consistentes en el expediente 374/2021 del índice de la autoridad responsable Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Yuri Alberto Cutz Conrado, contra el acto que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de dos de mayo del año en curso; en consecuencia, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1106/2023-III-ADe la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes:I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la resolución de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente juicio ejecutivo mercantil 374/2021, en la cual se tuvo por presentado al ahora quejoso interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, el cual no se tuvo por admitido por no ser apelable. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas En primer término, es conveniente reseñar los antecedentes del caso, que se desprenden del juicio de origen: 1. Ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se ventila el juicio ejecutivo mercantil 374/2021, promovido por Flora Magaly Escalante Novelo y Carlos Fernando Suri Caceres como endosatarios en procuración de Laura Librada Celis Torres contra el aquí quejoso. 2. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen, se dictó la sentencia definitiva en la que se ordenó el remate de los bienes embargados. 3. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso en su contra el recurso de apelación en su contra, empero, en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, el Juez responsable determinó no admitir dicho acuerdo, por estimar que no procedía el medio de inconformidad interpuesto, en razón de la cuantía. - Tras determinar el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito que carecía de competencia legal para conocer del mismo, tocó conocer a éste órgano judicial, como se estableció en líneas precedentes. En ese tenor, se puntualiza que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de dos de mayo del año en curso, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 374/2021. Al respecto, esta Juzgadora estima que la parte quejosa, antes de instar la vía constitucional debió agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues en la determinación de dos de mayo del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 374/2021, en la cual resolvió la solicitud planteada por la parte quejosa en el que se no se admitió el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia dictada en ese mismo asunto, es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión del Juez responsable. En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo mercantil, el proveído reclamado (auto de dos de mayo de dos mil veintitrés) fue emitido por un Tribunal Judicial (Juez Mercantil) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá, conforme al artículo 1339 del Código de Comercio vigente en caso de que la suerte principal reclamada sea mayor a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 (Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio [816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.)]. En el caso, como ya se dijo el proveído que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil, en el que se condenó a la parte quejosa al pago del documento base de la acción en cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional, el cual es menor a la cuantía establecida en el numeral 1339 del Código de Comercio; de ahí que en su contra, procede el recurso de revocación. Lo que permite advertir que la quejosa, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revocación contra la determinación que no admitió a trámite el recurso de apelación dictado contra la sentencia de primera instancia, pues a través de ese medio de impugnación podía obtener la modificación de dicho auto; sin embargo al no agotar alguno de ese recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedenteEs aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice:"RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin que en la especie, se actualice causa alguna de excepción al principio de definitividad. Así, tratándose de actos reclamados que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no sucedió. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Registro digital: 2017117 Materias(s): Común, Décima Época Pleno, Fuente: Gaceta del Semanaro Judicial de la Federación Tomo: Libro 55, Junio de 2018 Tomo I, Página: 8, que señala: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Tampoco hay excepción al principio de definitividad, puesto que no se trata de un acto que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; ni ésta se trata de persona extraña al procedimiento. En tales circunstancias, se dice que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, en virtud que las constancias relatadas ponen de manifiesto que la resolución de dos de mayo de dos mil veintitrés, era jurídicamente posible que previamente al ejercicio de la acción constitucional, interpusiera el recurso de revocación ante el propio juez responsable, dentro de los tres días siguientes a que surtió efectos la notificación del proveído a impugnar, para que dicha determinación pudiera ser confirmada, modificada o revocada. En ese tenor, la parte quejosa al promover el juicio de amparo sin agotar previamente el recurso procedente, para que la citada autoridad estuviera en aptitud de oír las razones y resolver lo que en derecho proceda, en consecuencia, pasó por alto el principio de definitividad que rige en la materia constitucional. Se sostiene en el indicado sentido, tomando en consideración que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional, adquiere la carga de estar al pendiente de su tramitación, vigilando su sustanciación, para así, estar al tanto de las determinaciones que en él se emitan, lo que le permitirá, en todo caso, impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, por su realización u omisión, le pudieran perjudicar; de manera que, si no se satisface la indicada carga procesal, aquel que pudiera verse afectado con algún proveído o actuación, al no haber recurrido oportunamente tal proceder, incumple con el principio de definitividad, en tanto no promueve los medios ordinarios de defensa o recursos que la propia ley que rige el acto reclamado prevea en su contra; sin que en ningún caso sea dable que, con posterioridad a la conclusión del indicado procedimiento, pretenda cuestionar determinaciones ocurridas durante su tramitación, esto por respeto a los principios de preclusión, consumación procesal y cosa juzgada. Al respecto se cita la siguiente jurisprudencia VI.2o.C. J/259, que se comparte, del Sexto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 175974, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividadexigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda promovida por Yuri Alberto Cutz Conrado, contra actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En otro orden, como lo señala la parte quejosa, hágansele esta y las subsecuentes notificaciones de carácter personal, a través de los correos electrónicos y los números telefónicos que proporciona para ello, previa certificación y razón actuarial que al efecto se levante, solicitando el acuse de recibo respectivo. Tómese nota del domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. Téngase como sus autorizados a los personas que señala en su escrito de cuenta, con las limitaciones que establece el párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE."

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