Yunuenn Jatziry Ledezma Correa

Expediente 376/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
376/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • Yunuenn Jatziry Ledezma Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se negó la protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 376/2019, promovido por Yunuenn Jatziry Ledezma Correa; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Yunuenn Jatziry Ledezma Correa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 376/2019, se admitió mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve (foja 40), se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Finalmente, el veinte de mayo del año en curso (foja 64) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados son: La omisión de incorporar a la quejosa al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, para el ciclo escolar 2018-2019, conforme a los resultados de la evaluación del concurso de oposición que la calificaron idónea para el perfil de educación especial, auditiva y lenguaje docente y la colocaron en el número 12 de la lista de prelación. Actos que atribuyó a las autoridades siguientes: Secretario de Educación en el Estado de Michoacán; y, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente en el Estado de Michoacán. Ambas autoridades con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 50 y 67). Lo que se corrobora con las constancias que remitieron como soporte de su informe justificado, consistentes en diversas constancias relacionadas con la asignación de plazas de ingreso al Servicio Profesional Docente, así al procedimiento por el que se materializaron los nombramientos otorgados a los concursantes conforme a la lista de prelación de los siete primeros lugares. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente la omisión de incorporar a la quejosa al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, para el ciclo escolar 2018-2019, conforme a los resultados de la evaluación del concurso de oposición que la calificaron idónea para el perfil de educación especial, auditiva y lenguaje docente y la colocaron en el número 12 de la lista de prelación. La promovente del amparo hizo valer el concepto de violación expuesto en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En él, la accionante del amparo aduce esencialmente que las autoridades responsables al omitir incorporarla al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, para el ciclo escolar 2018-2019, conforme a los resultados de la evaluación del concurso de oposición que la calificaron idónea para el perfil de educación especial, auditiva y lenguaje docente y la colocaron en el número 12 de la lista de prelación, violan en su perjuicio las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación es infundado, como se anotará a continuación. En primer término, debe decirse que como la quejosa reclama la omisión de otorgarle el nombramiento para ingresar al Servicio Profesional Docente, a pesar que en la evaluación de concurso por oposición a la que se sometió, la calificó como idónea para el perfil de educación especial, auditiva y lenguaje docente y la colocó en el número 12 de la lista de prelación; es menester traer a colación el contenido de la convocatoria del referido concurso, la cual se allegó por la propia peticionaria del amparo y de la que resalta para lo que aquí interesa: Que en el apartado de dicha convocatoria denominado PUBLICACIÓN DE RESULTADOS se indicó que los mismos se emitirían el 18 de julio de 2018 (foja 34); Que tendrían una vigencia del 16 de agosto de 2018 al 31 de mayo de 2019 (foja 34); Que en el apartado de la convocatoria denominado CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS, se estableció que la asignación de plazas se realizaría únicamente a los aspirantes cuyos resultados hubieren sido idóneos en el concurso de oposición (foja 35); Que la ocupación de las plazas debería realizarse con estricto apego a las listas de prelación que resultaran precisamente del concurso de oposición, conforme al artículo 23, fracción I, de la Ley General del Servicio Profesional Docente (foja 35); Que las listas de prelación tendrían vigencia también hasta el 31 de mayo de 2019 (foja 35); Que las plazas se ocuparían con los aspirantes al servicio educativo, de conformidad con las necesidades en los niveles y modalidades de la Educación Básica, a la naturaleza de las plazas vacantes disponibles, definitivas y temporales y en función de los resultados obtenidos por los participantes en el concurso de ingreso a funciones docentes y técnico docentes (foja 35); Se precisó también que como a la fecha de publicación de esa convocatoria algunas de las funciones docentes y técnico docentes a las que se convocaba su ingreso, no tenían vacantes, la incorporación de las mismas dependería totalmente de las vacantes existentes que se generan durante la vigencia de los resultados obtenidos, es decir, del 16 de agosto de 2018 al 31 de mayo de 2019 (foja 35); Que en el caso que no se presentaran las condiciones para el ingreso de los aspirantes que hubieren obtenido el resultado de idóneo, éstos deberían participar en el siguiente concurso de oposición (foja 35); Que el procedimiento para la asignación de plazas con efectos a partir del 16 agosto de 2018 sería público, y que en el mismo, los sustentantes de acuerdo a los espacios disponibles y en estricto orden de prelación, podrían elegir su adscripción, la cual tendría el carácter de provisional (foja 35); Que se daría prioridad en la ocupación de las plazas de nueva creación y vacantes sin titular, a los sustentantes que hubieren obtenido los mayores puntajes en los resultados de la evaluación de ingreso; y, Que con posterioridad al 16 de agosto de 2018, la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, de acuerdo a las vacantes que se fueran generando convocaría a quienes continuaran en el orden de prelación para su ingreso al servicio público educativo. Además de lo anterior, en el caso debe traerse a colación lo referido por las autoridades responsables al rendir su informe justificado en el sentido que, para el perfil para el que la accionante del amparo resultó idónea de acuerdo a la evaluación docente, no se ofertaron vacantes en el ciclo escolar 2018-2019. Asimismo, que en lo que había transcurrido el ciclo escolar 2018-2019 hasta la fecha en que el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente rindió el informe justificado (23 de mayo de 2019) sólo hubo 7 vacantes para la asignación en esa área de especialización, las cuales se otorgaron en estricto orden de prelación como lo señala la normativa aplicable, tal y como lo demostró con el oficio SEE/SEB/DEE/SEE/146/2019, al que adjuntó el acta circunstanciada relativa a la asignación de plazas de ingreso para el Servicio Profesional Docente, así como los nombramientos otorgados a los concursantes que se encontraban en la lista de prelación en los siete primeros lugares, la cual se emitió en los términos siguientes: Lista de prelación: Además de lo anterior, la autoridad responsable Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente señaló que la quejosa firmó el documento de aceptación, en los términos siguientes: Bajo el anterior contexto, no asiste razón a la quejosa al referir que las autoridades responsables al omitir incorporarla al Servicio Profesional Docente en Educación Básica para el ciclo escolar 2018-2019, conforme a los resultados de la evaluación del concurso de oposición que la calificaron como idónea para el perfil de educación especial, auditiva y lenguaje docente y la colocaron en el número 12 de la lista de prelación, violan en su perjuicio las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, por un lado, porque la garantía de seguridad jurídica tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas legales permitan a los particulares obtener los elementos mínimos para hacer valer sus derechos y con ello evitar que la autoridad incurra en arbitrariedades, pues con el solo texto de la ley deben estar en aptitud de comprender, conocer y constatar la causa, consecuencia y momento del ejercicio de sus atribuciones. Bajo ese orden de ideas, en el caso no es posible afirmar que al no incorporarla al Servicio Profesional Docentes se infrinja en su perjuicio algún derecho, en primer término, porque desde que publicó la convocatoria se estableció expresamente que el otorgamiento de las plazas se realizaría con estricto apego al orden de prelación de los sustentantes, con base en los puntajes obtenidos de mayor a menor, que resultaron idóneos en el último concurso de oposición; que las plazas se ocuparían de conformidad con las necesidades en los niveles y modalidades de la Educación Básica, a la naturaleza de las plazas vacantes disponibles, definitivas y temporales y en función de los resultados obtenidos por los participantes en el concurso de ingreso a funciones docentes y técnico docentes; y, sobretodo, que si no se presentaban las condiciones para el ingreso de los aspirantes que hubieren obtenido el resultado de idóneo, éstos deberían participar en el siguiente concurso de oposición. Lo que revela que en el caso no se violaron las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en la medida que, desde que se emitió la convocatoria se estableció con evidente claridad y certeza, como se desarrollaría el procedimiento de evaluación para el otorgamiento de plazas y para el ingreso al Servicio Profesional Docente, es decir, sus fases, requisitos de la convocatoria, la formalidad de la evaluación y la preferencia que se otorgaría conforme a la multicitada lista de prelación; incluso, se previó la eventualidad relativa a que no se presentaran las condiciones de ingreso, indicando que en ese supuesto, deberían participar en los subsecuentes concursos de oposición. Circunstancias las anteriores que a juicio de quien resuelve, resultan idóneas para tener por satisfecha la garantía seguridad jurídica, sencillamente, porque la quejosa en su calidad de aspirante al Servicio Profesional Docente, las conoció previamente a someterse a los procesos de evaluación y selección para el ingreso; o lo que es lo mismo, la quejosa participó en ese procedimiento conforme a las reglas previamente establecidas en la correspondiente convocatoria y la regulación educativa aplicable. Por otro lado, también se estima que no se vulneró en perjuicio de la peticionaria de tutela constitucional la garantía de legalidad, en la medida que, las constancias que las autoridades responsables acompañaron a su informe justificado revelan que el proceso de otorgamiento de plazas, fue público, tal y como se estableció en la convocatoria, de acuerdo a los espacios disponibles y en estricto orden de prelación. Se realiza esa afirmación, pues como se evidencía de las imágenes insertas anteriormente, a efecto de verificar ese procedimiento, las responsables levantaron acta circunstanciada de la que se aprecia que, por lo que hace a las plazas vacantes en el nivel de Educación Especial, en las especialidades de Audición y Lenguajes, Motriz, Intelectual, dicho otorgamiento se realizó a las diez horas con quince minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de forma pública. En esa acta circunstanciada se dio fe de la comparecencia de 11 aspirantes a ingresar al servicio público educativo, así como de diversas autoridades educativas y se procedió a explicar a los asistentes la mecánica de la participación; de igual forma, se asentó que la autoridad educativa informó con una anticipación de al menos 72 horas, el horario y lugar en el que se realizaría el evento, así como los documentos a través de los cuales se formalizaría su relación laboral en el servicio público educativo. De acuerdo a la misma acta circunstanciada, en el acto se informó a los asistentes que las plazas se ocuparían de conformidad con las necesidades de los servicios y la naturaleza de las vacantes disponibles, definitivas y temporales y en función de los resultados obtenidos en el concurso de oposición correspondiente; asimismo, que en estricto apego al orden de prelación de los sustentantes, se ocuparon 7 plazas vacantes y se seleccionó su adscripción. En última instancia se asentó en esa acta, que durante el desarrollo del evento púbico se actualizaron cuatro inasistencias de los aspirantes y una renuncia de clave. Bajo ese orden de ideas, no es cierto tampoco que las responsables al otorgar las plazas vacantes correspondientes al área de su especialización, hayan infringido en su perjuicio el principio de legalidad, pues como se aprecia de lo anterior, el procedimiento respectivo se sujetó a la publicidad que ordena la Ley General del Servicio Profesional Docente. Asimismo, esas constancias evidencian que se dio prioridad en la ocupación de las plazas de nueva creación y vacantes sin titular, a los sustentes que obtuvieron los siete mayores puntajes en los resultados de la evaluación de ingreso, es decir, conforme al orden de prelación. De suerte que, no es posible atribuir a las responsables un actuar al margen de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por el simple hecho de no otorgar la plaza a la quejosa a pesar que el resultado de evaluación la calificó como idónea para el perfil de educación especial, auditiva y lenguaje docente, sencillamente, porque desde el momento en el que se publicó la convocatoria para ese concurso de oposición -la cual dicho sea de paso, la quejosa no desconocía porque incluso la acompañó como anexo a su escrito de demanda- se informó expresamente a los aspirantes que el otorgamiento de las plazas quedaría sujeto a las necesidades del servicio y a las vacantes que hubieran, así como a su naturaleza (temporal y/o definitiva); de igual forma, que su otorgamiento se sujetaría a un orden de prelación conforme a los mejores puntajes. Además, porque también se demostró que sólo se actualizaron siete vacantes durante este ciclo escolar y que no fue posible otorgar a la quejosa su nombramiento, porque ella se colocó de acuerdo a los resultados del concurso de oposición, en el número 12. Por tanto, ante lo infundado del único concepto de violación planteado y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la no Unión ampara ni protege a Yunuenn Jatziry Ledezma Corre, contra el acto reclamado a las autoridades responsables y por las razones expresadas en la consideración quinta de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto veinte de mayo del presente año, y al efecto remite copia certificada de las constancias de las cuales derivan los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba que remite la autoridad oficiante; asimismo, dése vista a las partes con dichas documentales para los efectos legales conducentes y relaciónese al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la apoderada jurídica del Secretario de Educación, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que remite la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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