Yunuen Ariceaga Dávila

Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
452/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Yunuen Ariceaga Dávila

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil veintidós. OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio procedente del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual, acusa de recibo los autos originales del sumario constitucional 452/2021 de nuestro índice, asimismo informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Yunuen Ariceaga Dávila, motivo de la competencia declinada por este órgano de control constitucional. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso J), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptibles de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; por tanto, carece de relevancia documental. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Abimelec Augusto Figueroa Lagunas, secretario que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. El Secretario. Cotejó: Abimelec Augusto Figueroa Lagunas digg

  2. Principal

    L. Toluca, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la boleta de turno de demanda de amparo con número de registro 016827/2021, de la que se advierte que el juicio de amparo remitido por este órgano jurisdiccional por incompetencia, fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. En ese tenor, a fin de estar en aptitud de proveer lo que corresponda en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, solicítese de manera atenta al órgano jurisdiccional en comento tenga a bien informar lo concerniente a la competencia planteada. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Yunuen Ariceaga Dávila, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables que enseguida se precisan: Actos reclamados. A la primera autoridad le reclama, la promulgación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio. A la segunda autoridad le reclama, el refrendo y la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo Cuarto transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. A la tercera y cuarta autoridad les reclama, la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio. A la quinta autoridad le reclama, la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio. A la sexta autoridad le reclama, la inminente recepción de datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con base en la aprobación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio. De la empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, se reclama la inminente obtención e ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de los Datos Personales (biométricos) del quejoso, derivado de la aprobación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio. Autoridades responsables. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Empresa de Telefonía celular Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable. Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 452/2021-III y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Incompetencia Ahora, de conformidad con el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones" y en el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de junio y nueve de agosto de dos mil trece, respectivamente, así como en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 35 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer de este juicio por razón de la materia, toda vez que, derivado de la naturaleza de los actos reclamados, corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en virtud de las siguientes consideraciones. En efecto, en principio conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la que interesa es la competencia por materia, la cual es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los jueces de distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola parte del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia P./J.83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Así como, la tesis aislada I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." De los criterios transcritos, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un juzgado de distrito se debe atender a la naturaleza del acto y no a la relación jurídica sustancial de las partes, puesto que tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional, deben analizarse las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cosas, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo. Así, los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. Es preciso señalar que del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones" surgieron como ramas del derecho administrativo, el derecho económico regulatorio y el derecho de las telecomunicaciones, cuyos fines, son dar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y radiodifusión; y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. En el ámbito ejecutivo, se ordenó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y garantizar la libre competencia y concurrencia, respectivamente. También se creó en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, una subespecialidad inmersa en las materias referidas, cuyo conocimiento compete a juzgados y tribunales especializados. Del análisis integral del decreto constitucional referido se advierte que los tribunales especializados conocen de los actos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por la Comisión Federal de Competencia Económica, empero, también se puede concluir que para conocer de los juicios en las materias reguladas, se puede atender al contenido material de los actos u omisiones reclamadas, esto es, tratándose de aquéllas determinaciones que estén vinculadas -directa e indirectamente- con las materias de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa a quien se le atribuye. Por su parte, el Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo como objetivo dar cumplimiento al artículo décimo segundo transitorio del referido decreto constitucional; de esa manera, en el punto de acuerdo sexto se indicó que los órganos jurisdiccionales que iniciaran funciones con motivo del decreto constitucional de once de junio de dos mil trece, se especializarían en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. De lo antes precisado, se puede concluir que para que se surta la hipótesis de competencia por especialización de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es requisito indispensable que la naturaleza de los temas sobre los que verse la controversia se encuentren vinculados con el objeto del citado Decreto y Acuerdo; esto es, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en los que para dirimir los conflictos que se susciten sobre la aplicación de las normas regulatorias y principios que caracterizan a los temas en estudio, se empleen conocimientos específicos sobre éstos, con independencia del carácter formal de las autoridades que los emitan. En el presente asunto, el quejoso reclama la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio, así como la inminente obtención e ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de los Datos Personales (biométricos), derivado de la aprobación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis al 180 Septimus, así como el artículo cuarto transitorio. En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que corresponde a un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia, pues como se precisó, se trata de normas relativas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Al caso, resulta ilustrativa la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo ll, página 1746, Décima Época, registro digital 2008591, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." En consecuencia, con fundamento en los artículos 35 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones", y en el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de junio y nueve de agosto de dos mil trece, respectivamente, el suscrito juzgador determina carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos expuestos en la presente determinación. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se orden remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Cuaderno de antecedentes y anotaciones en SISE Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que en el caso resulte procedente proveer sobre la suspensión, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio Con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, la finca ubicada en la calle Sebastián Lerdo de Tejada 905, Oriente, Interior 4, Colonia Reforma, código postal 50070, en el municipio de Toluca, Estado de México. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Correo electrónico y números telefónicos Asimismo, se toma nota del correo electrónico y números telefónicos que proporciona el quejoso en su escrito de demanda, a efecto de que sirva de enlace cuando este órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese.

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