Yunnuen Perez Espinoza
Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yunnuen Perez Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca Morelos tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 449/2023-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículos 25, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente es conservable. Por consiguiente, toda vez que el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario. Finalmente, con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 449/2023-V, promovido por ********************por propio derecho y en representación de su hijo de iniciales ********************.; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta y uno de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el tres de abril siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ********************por propio derecho y en representación de su hijo de iniciales ********************., solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1o, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: El auto dictado el siete de marzo de dos mil veintitrés por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la controversia familiar 728/2022, por el cual fija el régimen de convivencias entre el progenitor ******************** y su hijo de iniciales ********************. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado y se corrobora con la copia certificada de las actuaciones que integran la controversia familiar 728/2022, remitidas como complemento al informe justificado, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio del acto reclamado. En virtud de que las partes no hicieron valer causa de improcedencia y al no advertirse alguna de oficio, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. En principio, conviene establecer las premisas que servirán de respaldo para resolver el presente juicio de amparo. A. Fundamentación y motivación. Respecto a la debida fundamentación y motivación, el artículo 16 constitucional condiciona a todo acto de autoridad a reunir, entre otros, los requisitos de fundamentación y motivación que justifican la validez jurídica del acto privativo que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. Así, la cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese orden de ideas, para satisfacer el principio de legalidad previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, la autoridad deberá citar los fundamentos y motivos que originaron el acto de molestia, y existir adecuación entre éstos, porque se considera que la falta de tales elementos produce estado de indefensión al gobernado, lo cual le imposibilita determinar si el acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme al mandato constitucional. Por su parte, dentro de la materia familiar, en el artículo 181 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos se establece la obligación del juzgador local de fundamentar y motivar su sentencia, lo cual impacta en las diversas determinaciones adoptadas en dicho procedimiento, mismas que deben de cumplir con tal requisito. B. Interés superior de la infancia. Sobre el tópico relativo al interés superior del menor, es preciso mencionar que es doctrina consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prevalencia del interés superior de la niñez en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño y de la niña encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional del doce de octubre del dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4° de la Constitución Federal, para quedar como sigue: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [.]". Asimismo, el interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de la infancia, pues no solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a la infancia, tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá como consideración primordial al interés superior del infante. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior de los infantes se aplica a todas las medidas que les afecten y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos de los menores de edad. A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1187/2010, fallado el uno de septiembre de dos mil ********************, determinó la función que cumple el interés superior del niño en nuestro ordenamiento jurídico, señalando al respecto lo que a continuación se reproduce: "En sentido similar se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño, al señalar que 'todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente." Además, en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró que el interés superior del infante era un principio rector de gran relevancia porque: Conlleva a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño, niña o adolescente; Coloca los derechos de la niñez sobre otros intereses, especialmente si entran en conflicto con aquellos; Obliga a que en toda decisión concerniente al niño, niña o adolescente, se valore el impacto de la decisión en su futuro, y Obliga a la autoridad a actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior del niño, niña o adolescente, aun cuando este sea ajeno a la acción misma, pero bajo la consideración de que pudiera resultar afectado. Entonces, el principio del interés superior de la niñez constituye una garantía de vigencia de la satisfacción de los derechos de éstos, es decir, el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran obligadas por aquellos. Así, la función hermenéutica de dicho principio permite interpretar sistemáticamente los derechos propios de la infancia reconociendo su carácter integral, ya que su ejercicio conjunto y satisfacción simultánea son la base para el desarrollo integral del niño y lograr el "nivel de vida adecuado" referido en el punto 1 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños para alcanzar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño resalta en su proemio, como puntos esenciales, entre otros: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como el espacio natural en donde la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con un "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad". Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada Convención enuncian, entre otras, las siguientes prerrogativas para la niñez: a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. Asimismo, tocante al principio del interés superior del menor y su aplicación en las decisiones de toda autoridad a casos concretos, la Primera Sala del Alto Tribunal del País en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que, si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior de la niñez impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." Por tanto, si el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado con la determinación de la convivencia de los infantes con sus progenitores -como en el caso- resulta evidente que se tiene que atender al interés superior de tales menores, pese a que dicha circunstancia pudiere o no resultar contraria a los intereses del propio promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo ha sido interpretado en el sentido que es deber de los Tribunales Federales quienes conocen del juicio constitucional, suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, como a favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos ahí cuestionados, pues la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Se reitera, cuando se traten de actos donde se involucren a niños o adolescentes, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo más benéfico para ellos, aunque perjudique a la parte promovente, bajo la óptica del interés superior de la infancia. Luego, las personas juzgadoras de amparo se encuentran en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres recurrentes en lo individual, pues los derechos fundamentales de la niñez guardan independencia con los derechos que les pudieran asistirles a los padres; en otras palabras, los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES." C. Situación de los menores de edad en caso de separación de sus progenitores (guarda, custodia y régimen de visitas). El artículo 4o. de la Constitución General establece que la familia se consagra como el núcleo fundamental de la sociedad y, por ello, corresponde tanto al Estado como a la sociedad ampararla y garantizar su protección integral, consignando la obligación de toda autoridad de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además, señala que los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios relativos al interés superior de los menores, lo cual permite inferir la obligación de los padres de cumplir con el derecho de los infantes a su debida guarda y custodia. A ese respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 establece que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño; así como que su preocupación fundamental será el interés superior de la niñez. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 22 y 23 establece lo concerniente al derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, acotando que cuando ésta se encuentre separada, los menores tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Sobre el tema, el artículo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos establece que en caso de separación de los padres, el juez determinará la situación de los hijos menores e incapaces atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las propuestas, si las hubiere, de los cónyuges o concubinos, quienes podrán de común acuerdo designar la persona que tendrá a su cargo la custodia de los hijos menores. En ausencia de convenio, y si el juez no encuentra obstáculo que ponga en riesgo la integridad física o moral de los menores, dejará a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido siete años. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que -por lo que hace a la guarda y custodia- no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, al momento de aplicar el artículo 212 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el cual dispone que al no llegar a algún acuerdo respecto a la guarda y custodia, los menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor, debe atenderse en todo momento al interés superior del infante. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo atiende aquel escenario menos perjudicial para el menor, sino por el contrario, debe buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del infante, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y atendiendo a ésta así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, es como se deberá determinar cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los hijos. Así las cosas, la persona juzgadora habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del infante, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 53/2014 (10ª) de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]." Así como la tesis 1a. XLVII/2018 (10a.), de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA. LA REGLA GENERAL ES QUE LOS PROGENITORES SON APTOS A MENOS QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PROBABLE Y FUNDADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS INVOLUCRADOS." En concordancia con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha establecido los diversos elementos que el Juez Familiar debe atender al momento de fijar un régimen de guarda y custodia. Sobre el tema ha determinado que el punto fundamental a considerar en el otorgamiento de tales medidas es el interés superior de la infancia con la intención de que éste reciba afecto, cuidados, educación y las condiciones adecuadas para su desarrollo. Así pues, la idoneidad de una persona para ejercer la guarda y custodia de un menor de edad debe atender únicamente a la posibilidad de brindarle cuidado y protección; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué progenitor sería más benéfico para el infante; y a partir de estas premisas las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y estable. D. Caso en particular. En el caso, el acto reclamado deriva de una controversia de orden familiar, en el cual el juez responsable fijó el régimen de convivencias provisional. En ese contexto, conviene precisar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Por demanda presentada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, Yunnuen Pérez Espinosa demando a ********************, la guarda, custodia y alimentos de su menor hijo de iniciales ********************.; demanda radicada ante el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, con el número ********************. 2. Por escrito de cinco de octubre de dos mil veintidós, la abogada de la allá actora pidió se emitiera pronunciamiento en relación a las convivencias provisionales solicitadas, además propuso que éstas se llevaran a cabo los días ********************. Por lo que, por auto de once de octubre de dos mil veintidós la autoridad responsable a efecto de proveer lo conducente, requirió al demandado para que exhibiera una propuesta de convivencias en la que se precisara los días y los horarios en que se llevaran a cabo. 3. Por escrito de siete de noviembre de dos mil veintidós, el demandado en el juicio natural presentó su propuesta de convivencias con su hijo con un horario de las ********************, una semana el día ******************** y la siguiente el ********************. 4. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable emitió pronunciamiento en relación a las convivencias provisionales entre el progenitor y su hijo de iniciales ********************., fijando los ********************s de cada quince días, en los términos siguientes: ".Ahora bien, toda vez que las partes exhibieron sus respectivas propuestas de convivencias provisionales y atendiendo el interés superior de la infanta de iniciales ******************** quien cuenta con la edad de ******************** meses de edad y atendiendo que el progenitor de la menor manifiesta que se ha hecho cargo de su hiji, que conoce los cuidados que esta requiere, en consecuencia, se decreta un Régimen de Convivencia Provisional ante el interés de iniciales ******************** con su progenitor ********************, los ********************s de cada quince días con un horario de las ******************** de la mañana a las ******************** horas durante tres meses iniciando el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, mismas que se desarrollan en el domicilio de la actora el ubicado en ********************, y una vez concluido dicho periodo las convivencias provisionales se llevaran a cabo los ********************s cada quince días con un horario de ******************** a diecisiete horas en el domicilio de la demandada, quien deberá recoger a su menor hijo en el domicilio de depósito antes citado." Dicho acuerdo fue combatido a través del juicio de amparo indirecto 1588/2022, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el cual se dictó sentencia definitiva el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la cual causó ejecutoria por auto de siete de marzo del mismo año. En acatamiento a dicha ejecutoria la responsable emitió el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés -que constituye el acto combatido en el presente juicio- por el cual fijó nuevamente el régimen de convivencias provisional entre el progenitor ******************** y su hijo de iniciales ********************., de acuerdo a la trascripción en la parte conducente: ".En este sentido, resulta claro que entre las partes no existe inconveniente que las referidas convivencias sean llevadas a cabo de manera semanal los días ********************s. Por otro lado, es importante señalar que el motivo por el cual la parte actora solicita que las referidas convivencias se lleven a cabo en el domicilio de depósito, se encuentra vertido en el capitulado de hechos de su escrito inicial de demanda y básicamente consiste en señalar que el demandado es una persona violenta, bipolar, que le gusta consumir bebidas alcohólicas en exceso, refiriendo la posibilidad en que traslade a su hijo a lugares en donde haya bebidas embriagantes o pueda contraer algún virus, lo que sería malo para su salud y finalmente porque teme que se le pueda arrebatar al mismo. De lo anteriormente indicado, es necesario señalar que de las constancias que obran en autos, no se aprecia indicio o documento alguno que genere convicción en la suscrita de que realmente la parte demandada represente un riesgo para su menor hijo, máxime que es la misma actora quien propuso un régimen de convivencias, lo que, denota una contradicción entre lo que manifiesta y lo que propone, pues resulta lógico pensar que si existiera un riesgo en que el menor de edad de iniciales ********************. conviva con su progenitor, ni siquiera se hubiera propuesto un régimen de convivencias; aunado a lo anterior, debe señalarse que no puede restringirse el derecho de convivencias del progenitor no custodio en razón de meras presunciones o especulaciones, como las descritas en líneas que anteceden. En razón de lo anterior, no se encuentran motivos para que las convivencias que deban llevarse entre el infante de iniciales ********************. y su progenitor ******************** no se puedan llevar a cabo de manera presencial fuera del domicilio de depósito señalado en autos. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a dejar insubsistentes las convivencias decretadas por auto del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y a efecto de no poner en riesgo los derechos de integridad personal, identidad y de vida familiar pertenecientes a la referida menor de edad, que podría derivarse de la falta de un establecimiento de relacionamiento oportuno y efectivo; es que, teniendo en cuenta que el menor de edad de iniciales ********************., tiene actualmente ******************** de edad y que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, como que este tenga una sana convivencia con su progenitor, a fin de crear y fomentar lazos afectivos que contribuyan a su normal desarrollo emocional y psicológico; por lo que, se decreta de manera provisional un régimen de convivencias presenciales entre el infante de iniciales ********************. y su progenitor ********************, las que se llevaran a cabo de manera semanal, en las que el progenitor deberá recoger a su hijo en el domicilio de depósito señalado en autos, a las ocho horas y deberá regresarlo al mismo a las dieciocho horas. Horario en el que podrá convivir dicho menor con su familia ampliada." E. Decisión. Precisados los antecedentes, se advierte que los conceptos de violación son infundados, sin que se actualice queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que se explicarán. En contra del auto de siete de marzo de dos mil veintitrés se hicieron valer los siguientes conceptos de violación: a) La parte quejosa señala que al emitir el acto reclamado se trasgreden los derechos del infante con iniciales ********************., en razón de no priorizarse el interés superior de éste. Esto, porque no se protege su salud y bienestar físico al establecer la responsable un régimen de convivencias con su progenitor, sin considerar la corta edad del niño de ******************** un mes (******************** cinco meses y veintiocho días al día de hoy), al fijar el inicio de la convivencia a partir de las ocho horas de la mañana de cada ********************. En opinión de la quejosa, es en horario en extremo temprano, y origina se exponga al niño a la intemperie, propiciando mayores y más graves complicaciones en su salud de las que, dijo, presentaba, conforme a lo descrito en la constancia médica que en copia simple exhibió en la demanda. Aunado a ello, se interfiere con el sueño del niño, pues debe despertarse poco antes de las siete horas de la mañana, para realizar lavados nasales, darle el medicamento recetado por un mes; además, debe cambiarlo de ropa y darle de desayunar antes de que el padre lo recoja a las ocho del horario matutino. Además, sostuvo, en ocasiones el niño se despierta enojado y llorando porque se lo despierta para realizar lo descrito. Consecuentemente, sostiene, no se garantizan los derechos del menor, con lo cual menoscaba su integridad y sano desarrollo. b) El juez responsable, no expuso los motivos ni fundamentos del porqué decidió el horario de las ocho de la mañana para la realización de las convivencias del padre con el hijo; además, omitió tomar en cuenta la propuesta de la madre y se apegó al horario sugerido por aquél. Por consiguiente, aduce, no se ponderó la propuesta que más conviniera y respetara el interés superior del menor, causando una afectación a su crecimiento y desarrollo integral. Dichas trasgresiones enunciadas, para la promovente del amparo, trasgreden los artículos 1, 14, 16, 17 y 29 de la Constitución Federal y los artículos 3, 4, 9, 19 y 20 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es infundado el concepto de violación identificado con el inciso a). Contrario a lo afirmado por la quejosa, el horario a partir de las ocho horas de la mañana de cada ********************, fijado para la convivencia entre el padre y su hijo, no trasgrede los derechos del infante con iniciales ********************., ni deja de observar ni priorizar por parte de la responsable, el interés superior de éste. Tampoco desprotege la salud y bienestar físico del niño, considerando la edad actual de ******************** cinco meses y veintiocho días al día de hoy. Lo anterior, porque debe partirse que se fijó tal horario para las convivencias, precisamente con la intención de proporcionar al niño tiempo suficiente y necesario con el padre y la familia ampliada de éste; pues no puede soslayarse que únicamente se determinó un día a la semana, es decir el ******************** de cada semana, de las ocho horas de la mañana a las dieciocho horas de la tarde. La duración del tiempo de las convivencias se debe apreciar en función del beneficio proporcionado al niño, tanto para su desarrollo físico como emocional; con independencia de la satisfacción que también pueda generar a sus padres. En este sentido, las incomodidades que pueden surgir para el acatamiento del plan de convivencias, deberá ser resuelto por ambos padres, con la voluntad y ánimo de concordia, en pos del bienestar del hijo a quien, por regla general, le es benéfico convivir con aquéllos y la familia ampliada. A partir de este enfoque, el horario de las ocho de la mañana, aunque pueda representar retos ocasionales por las enfermedades pasajeras e incomodidad para levantarse del hijo, no se estiman insalvables ni constituyen motivo suficiente para menguar el tiempo de convivencia con el padre y la familia ampliada, precisamente por ser limitada a solo ******************** horas cada día ********************. Inclusive, aunque se alude a que el horario establecido para la recepción del hijo a partir de las ocho de la mañana, es excesivamente temprano y que se somete al niño a la intemperie; lo cierto es que en no se aportó prueba alguna para demostrar condiciones climáticas adversas en ese horario, que pudieran perjudicar la salud y el bienestar integral del menor. Con independencia de ello, el Municipio de Jiutepec, tiene un clima cálido subhúmedo, con temperatura promedio anual de 21 grados centígrados, según información oficial extraída de la página oficial del Gobierno del Estado de Morelos, consultable en la liga siguiente: https://morelos.gob.mx/?q=jiutepec. Por tanto, se trata de condiciones que se consideran adecuadas para desarrollar actividades matutinas sin afectar la salud del menor, máxime si se presume, recibe los cuidados y vestimenta necesarios para ser trasladado de un domicilio a otro; de ahí que el horario no se considere perjudicial para su salud física. En cuanto a que el horario y el clima pueden agravar condiciones de enfermedad presentadas por el menor, igualmente se estiman situaciones aisladas, es decir, no se demostró que ante el Juez de origen se haya presentado pruebas inherentes a una condición de enfermedad crónica que se agrave simplemente por salir momentáneamente a la calle al ser entregado al padre para las convivencias, ni tampoco se aportaron esas probanzas en el presente juicio. En efecto, la constancia médica que en copia simple exhibió en la demanda, no refleja un cuadro grave ni permanente en la salud del menor. Entonces, se estima que el clima imperante en el horario fijado para el inicio de las convivencias, no constituye una razón suficiente para modificarlo. Tampoco constituye motivo suficiente para estimar inadecuado el horario de las ocho de la mañana, para el inicio de las convivencias, aun cuando se señale que en ocasiones el niño se levanta molesto al despertarse. Ello, porque en primer lugar se narra que esto sucede en ocasiones, es decir, no es una situación frecuente y que implique restarle tiempo considerable de sueño al infante. Por lo que hace a que la madre puede verse apresurada para estar a tiempo y entregar al menor, es una aspecto que no se soslayan, pues en efecto el cuidado y la atención que se procura a los infantes requiere tiempo y esfuerzo constante y en cualquier horario; de manera que nada garantiza que si las convivencias se inician en una hora distinta cambiará la condición de apuro que se narra. Por lo demás, no pueden calificarse de excesivos ni insuperables. En tales condiciones, se estima infundado el concepto de violación. En cuanto al concepto de violación identificado con el inciso b), es infundado igualmente. Esto, porque si bien las partes propusieron los horarios considerados idóneos para las convivencias, no existe disposición legal obligatoria para el juez responsable, para sujetarse necesariamente a las consideraciones alguna de ellas. Luego, si la madre propuso el horario de las ******************** de la mañana a las cuatro de la tarde y no fue adoptado por el juez responsable, ello no entraña violación de derechos del hijo; pues el juzgador no estaba obligado a ponderar entre las propuestas de ambos progenitores, sino únicamente a decretar lo que estimara más benéfico, en función al interés superior de aquél. Por tanto, al fijar los días ********************s en un horario de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, no se estima perjudicial para el menor, sino favorecedor para la convivencia y el fortalecimiento de los lazos paterno-filiales, benéficos por regla general para la infancia, sin que se estimen menoscabados ni su integridad y sano desarrollo. Esto, porque de conformidad con el artículo 168 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el Juez se encuentra facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. Por tanto, no se aprecia un actuar arbitrario en el acto reclamado y por el contrario, se estima que el horario fijado cumple con la medida con una finalidad de fortalecer la relación filial entre la menor con iniciales ********************. y su padre y la familia ampliada. En razón de lo anterior, se advierte que el acuerdo impugnado persigue un fin constitucionalmente valido, consistente en proteger el desarrollo de la familia, velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, como lo establece el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 3o y 9o de la Convención sobre los Derechos del Niño; concepto desarrollado previamente. Bajo esa perspectiva, esta juzgadora considera que la autoridad responsable atendiendo al interés superior de la menor, privilegió el derecho del infante fortalecer y mejorar las relaciones familiares del progenitor con su hijo, tutelando con ello su derecho a un sano desarrollo físico, emocional y mental de la menor; lo cual resulta preponderante, pues dicho desarrollo dependerá de las condiciones y circunstancias en que se relacione la menor dentro de su núcleo familiar y social. Por tanto, el tiempo de duración fijado, desde las ocho de la mañana satisface el interés superior del niño, aun cuando se puedan alegar dificultades comunes que la crianza representa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.". Por último, debe señalarse que los hijos no debieran verse envueltos en las diferencias de los padres y que provocan se les niegue el derecho a encontrar afecto en el ambiente familiar y social al pertenecen; cuando esto sucede, se puede generar en ellos serias distorsiones de la personalidad, complejos, angustias; es decir, quizá involuntariamente se les va clausurando la posibilidad de ser felices en familia, precisamente por restringir o privar incluso del derecho de convivir con ambos progenitores y sus familias ampliadas. Por ello, se estima que las dificultades inherentes de la crianza no pueden ser motivo para restringir el tiempo de convivencia que los infantes requieren tanto con la madre como con el padre, al ser ambas tan importantes para su sano desarrollo. Consecuentemente, por las razones aducidas, devienen infundados los conceptos analizados y por consiguientes se estima que el acto reclamado no trasgredió los preceptos constitucionales y legales invocados. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y al no advertir deficiencia de la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************., contra los actos reclamados precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por el motivo señalado en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Mario Andrés Lesher González Secretario en funciones de Juez (Firma electrónica) Jadilson Alonso Navarro Secretario (Firma electrónica)
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito del tercero interesado ******* ****** *******, mediante el cual se apersona a juicio, realiza diversas manifestaciones, ofrece pruebas, designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio de amparo en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la tercera interesada y por autorizados en los términos precisados en el escrito de cuenta. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Alegatos y pruebas. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que exhibe, presuncional en los aspectos legal y humano, así como la instrumental de actuaciones, que se desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de relacionarlas al momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia de la Titular, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón Secretario que da fe.
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