Yunior Ala Serrano
Expediente 1329/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jesus Capdevila Romero
- Yunior Ala Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jesús Capdevila Romero y Yunior Alá Serrano. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Infórmese lo anterior a las autoridades responsables que queda sin efectos la medida cautelar decretada en 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 auto inicial. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en que se actúa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a este expediente los dos sobres devueltos por la oficina postal de esta ciudad, que contienen los oficios mediante el cual se ordenó solicitar su informe a las autoridades señaladas como responsables con las denominaciones: Fiscalía General de la República Delegación Chiapas y Coordinación de la Policía Federal, ambos presuntamente residentes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cuyos dorsos obra la leyenda de autoridad inexistente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa con la inexistencia de las autoridades antes apuntadas, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes a las citadas responsables, con las consecuencias legales inherentes al caso. Notifíquese personalmente
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Titular de la Oficina de Representación, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento a la suspensión provisional decretada en autos. En consecuencia, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales procedentes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual rinde informe justificado. En tales condiciones, se tiene por recibido el oficio de cuenta y sus anexos para los efectos legales procedentes. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que anexa a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Asimismo, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, en primer término es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que de las constancias que remitió el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado de cuenta, se advierte que en acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a la parte quejosa Óscar Orlando Intriago Valencia, anexando copia certificada del mismo para acreditarlo. Asimismo, le requirió para que compareciera ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades; lo anterior, para la continuación de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, si la parte quejosa acudió a solicitar la protección constitucional por la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población para extranjeros que con motivo de la negativa de admitir a trámite la solicitud de refugio dejaron de otorgar las responsables al quejoso, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la potestad responsable citada, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado del quejoso Óscar Orlando Intriago Valencia, ordenando la emisión de la constancia de trámite, así como el CURP de refugiados, previa comparecencia ante sus oficinas para desahogar los requisitos necesarios para su expedición; de manera que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 que se lee: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular 1 Publicada en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/20082 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto; aunado 2 Visible en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, con registro 168189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. a que la causal de improcedencia estudiada, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado, continúa establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. CONCLUSIÓN En consecuencia, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés.
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