Yunieski Morejón Pérez

Expediente 1985/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1985/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Yunieski Morejón Pérez
  • Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración con residencia en Mexicali, Baja California
  • Melisa Huepp Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, nueve de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el escrito firmado electrónicamente por ********************, promovente de la presente demanda, quien manifiesta que es de su interés, desistirse del presente juicio de amparo. En ese sentido, dada la naturaleza del contenido del ocurso de mérito (desistimiento), que éste se presentó electrónicamente por el promovente, y que contiene la firma electrónica respectiva, la cual, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en armonía con la fracción XVI del arábigo 2 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, da seguridad y fiabilidad de la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico, resulta innecesario ratificar su contenido, por lo que se acuerda: -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de lo anterior, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad de la Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En la especie, la suscrita Juzgadora, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción I y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley." Del primer numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando de alguna disposición de la Ley de la Materia, se advierta alguna causa de improcedencia. Asimismo, del análisis relacionado de los preceptos legales 5 y 6, se advierte que señalan que tiene el carácter de quejoso, quien alega que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, y por tanto, el juicio el amparo puede promoverse por éste quien puede ser persona física o moral. De los referidos numerales, al interpretarlos en sentido contrario podemos establecer que, quien no reúne las características aludidas referentes al quejoso, carece de legitimación para instar a la justicia federal. Ahora bien, se afirma que se materializa tal supuesto (carencia de legitimación), ya que si bien, hizo saber su interés en el presente juicio (lo instó), lo cierto es, que posteriormente el promovente ********************, manifestó expresamente que se desistía del presente juicio de amparo que presentó a favor de********************y********************, por así convenir a sus intereses, por ello, no hay legitimación para continuar con el presente sumario, pues el promovente quiere dar por concluido el procedimiento que inició En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Máxime que el desistimiento de la acción de amparo, consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio (debidamente ratificado), lo que conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre, es decir, desde la presentación de la demanda hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte. De igual modo, la jurisprudencia número 2a./33/2000, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Tomo XI, abril de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la fracción I de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento del juicio el desistimiento de la demandada, que para la misma disposición constituye una aplicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado implicado el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista en el mencionado artículo 74 fracción I, a pesar de que se haya externado ante él a quo y con posterioridad a la fecha en que este dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión por que el quejoso conserva su derecho para desistir la demanda en el momento que lo considera conveniente a sus intereses y el órgano de control constitucional tiene el derecho de aceptar esa renuncia." Se invoca igualmente en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 462, del Libro 32, de julio de dos mil dieciséis, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, relativa a la Décima Época, en la cual a la letra se establece: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, Septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el presente auto que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo promovido por ********************, a favor de********************y********************, queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Aplica al caso, la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 687, del Tomo XXXIII, de enero de dos mil once, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, bajo rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Se invoca igualmente en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 462, del Libro 32, de julio de dos mil dieciséis, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, relativa a la Décima Época, en la cual a la letra se establece: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Hágase las anotaciones correspondientes en el libro Uno de Juzgado Registro de Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del doce de enero de dos mil veintiséis, en virtud de haberse concedido a la parte quejosa la suspensión de plano, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, en relación con el artículo 18, fracción I, inciso a), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En términos del capítulo quinto, artículo 15 del Acuerdo General Conjunto referido, se determina que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Por último, se asienta que no obran en el presente juicio documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el escrito y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1985/2022-4. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el telegrama remitido por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, por el cual rinde su informe respecto de la suspensión de plano decretada en el sumario; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 206 de la Ley de Amparo. -Delegados- Por otro lado, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de la materia, a los profesionistas que menciona en su ocurso. -Domicilio- Finalmente, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1985/2022-4. Doy fe.

  3. Principal

    ..SE AGREGA A AUTOS EL OFICIO QUE REMITE AUTORIDAD RESPONSABLE CON EL QUE INFORMA LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA A EFECTO DE QUE DÉ CUMPLIMIENTO CABAL A LA EJECUTORIA DE MÉRITO..

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano