Yuniel Díaz Santana

Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
91/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Yuniel Díaz Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. .... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. ..

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos en representación del Titular de la Oficina dell Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada Junta rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte de treinta de noviembre de dos mil veintiuno el Jefe de Departamento de Protección 4 adscrito a la Coordinación General de la Comisión mexicana de Ayuda al Refugiado dio contestación al escrito que presentó la parte quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiunos y el veintiséis de enero de dos mil veintidós se notificó tal determinación haciéndole de su conocimiento que podía interponer el recurso de revisión correspondiente en términos de lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa Yuniel Díaz Santana, hizo consistir los actos reclamados en la omisión de las responsables de dar respuesta a su escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós por el cual solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado así como la notificación del acuerdo recaído a tal escrito; y, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno el Jefe de Departamento de Protección 4 adscrito a la Coordinación General de la Comisión mexicana de Ayuda al Refugiado el cual se le notificó el veintiséis de enero de dos mil veintidós; lo que se acredita con las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acordado el escrito de referencia y notificado el acuerdo recaído a tal escrito, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido de manera electrónica, el oficio de cuenta del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación de las autoridades responsables Coordinador General y Subdirector de Protección, ambos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por medio del cual solicita copia de la demanda de amparo indirecto para poder rendir su informe justificado, proporciona dos cuentas de correo electrónico, señala domicilio procesal y designa delegados. Atento a lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que la copia de la demanda de amparo se adjuntó a los oficios 1897/2022 y 1899/2022, girados en el incidente de suspensión para comunicarle el auto de la suspensión provisional. Sin embargo, de la consulta del expediente electrónico del cuaderno incidental, que constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la presente fecha, no obra el acuse de los oficios 1897/2022 y 1899/2022, girados para hacer de su conocimiento el auto de la suspensión provisional y en los cuales se adjuntó la copia simple de la demanda de amparo indirecto y su anexo. Por tanto, este órgano jurisdiccional no tiene certeza plena de la llegada de los traslados que se adjuntaron a los referidos oficios. En consecuencia, remítase la copia solicitada, por la autoridad oficiante a fin de que las autoridades responsables que representa estén en posibilidad de rendir su informe justificado, a través de los correos electrónicos que proporciona la autoridad oficiante. Por tanto, se precisa a las autoridades responsables que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rindan su informe justificado transcurre a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indica en el mismo para recibir notificaciones. ...

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