Yuner Kennedy Preciado Diaz

Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1045/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Yuner Kennedy Preciado Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución emitida en el expediente conflicto competencial 55/2022, en el cual resolvió: "ÚNICO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por ****, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Sin acusar de recibo por no haberlos solicitado; realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Se hace constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al no haberse aceptado la competencia declinada y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que por auto de ocho de los actuales, ordenó tramitar el conflicto competencial entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrando el asunto con el número ********************, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los oficios de cuenta procedentes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual comunica que ante la no aceptación de la competencia planteada por este juzgador, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que tenga a bien resolver el conflicto de competencia planteado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, de los que se advierte que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declinó competencia a este órgano de control constitucional respecto del juicio de amparo ******************** de su índice, remitiendo electrónicamente la demanda, auto de veintidós de los actuales, así como, oficio correspondiente, de los que se advierte: ***, en su carácter de asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública presentó demanda a favor de ****, de nacionalidad colombiana, de quien refirió se encontraba alojado/privado de su libertad en la Estación Migratoria de la Ciudad de México y señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Director de Resoluciones y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas" Subdirector de Operación de Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria El alojamiento del quejoso por más de treinta y seis horas. Omisión de informar al quejoso su derecho a contar con la representación legal de un asesor jurídico federal gratuito. La negativa de ingreso a su representante legal a entrevistarse de manera personal con el quejoso. La omisión de valorar e implementar medidas alternas a la detención migratoria. Violación al derecho de unidad familiar, al impedirle permanecer con su pareja, quien se encuentra embarazada de su hijo. Inminente deportación y/o emisión de orden de salida del país. Por cuestión de turno, su conocimiento correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, concedió al quejoso *** la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad, siempre y cuando se cumplieran los términos y condiciones que precisó, las responsables garantizaran un trato digno en términos de la Ley de Migración; así como, se abstuvieran de llevar cualquier acto que conllevara su deportación, expulsión, privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención y cesara cualquier acto relativo a la incomunicación y cualquier acto de los previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, y el efecto de que no fuera deportado. En ese mismo auto se declaró incompetente por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo por el acto consistente en la inminente orden de deportación. En virtud de lo anterior, correspondió a este órgano jurisdiccional conocer del asunto, que mediante proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, tuvo por recibido; por ende, se requirió al Juez Administrativo Declinante, diversas constancias; asimismo, se solicitó informe a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, con relación al impetrante. Establecido lo anterior, este juzgador disiente del criterio sostenido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que, no se avoca al conocimiento de la demanda de amparo cuya competencia por razón de materia declina, en relación a las siguientes consideraciones: El promovente señaló en su escrito de demanda en sus conceptos de violación, que la privación de la libertad en la Estación Migratoria de esta entidad del directo quejoso ha excedido las treinta y seis horas que prevé el artículo 68 de la Ley de Migración; que su detención y/o alojamiento por motivos migratorios no se encuentra justificado; que la autoridad migratoria ha sido omisa en evaluar y, en su caso decretar medidas alternas a su detención que le permitan sustanciar en libertad el procedimiento administrativo migratorio; que se le ha vulnerado su derecho de acceso a la justicia y debido proceso Por su parte, del informe remitido por el Director de la Estación Migratoria, se advierte que *** fue puesto a disposición de la autoridad migratoria mediante el oficio ** de diecisiete de noviembre del año en curso, suscrito por personal comisionado de la Oficina de Representación en el Estado de México, a efecto de que se resolviera en definitiva sus situación migratoria, al no haber acreditado su estancia legal y permanencia en el país, por lo que, se encuentra sujeto a procedimiento administrativo migratorio, no a un procedimiento penal o sujeto a una investigación de dicha naturaleza. De lo que se advierte que el acto reclamado tiene origen en el procedimiento administrativo migratorio, por lo que no es posible desvincular los actos; sino que debe analizarse como un todo. Por lo que este órgano jurisdiccional advierte que no es competente para conocer del citado acto por razón de materia, y estima que corresponde su conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Cierto, los artículos 3, fracciones X y XXVIII, 19 y 68, 77 y 99 de la Ley de Migración, establecen lo siguiente: "Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; (.) XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;" "Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría." "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." "Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes". "CAPÍTULO V DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno". Por su parte, el numeral 222 del Reglamento de la Ley de Migración, señala: "Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas". De la transcripción que antecede, se obtiene que el procedimiento administrativo migratorio son actuaciones administrativas, porque los emite autoridad con ese carácter, como lo es el Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. Por tanto, no puede considerarse que el acto reclamado sea de naturaleza penal, dado que no proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguidos en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque se insiste, los actos son formal y materialmente administrativos, en razón de las autoridades a las que se atribuyen y a la naturaleza de los mismos, por lo que es inconcuso que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 57 de la ley referida legislación, cuyo contenido es: "Artículo 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En efecto, los jueces de distrito en materia administrativa conocerán del amparo contra los actos provenientes de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales o de aquellos procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. Siendo que el Instituto Nacional de Migración, lleva diversos procedimientos administrativos relacionados con la estancia irregular de los extranjeros en el país, que van, desde la regularización de su estatus, el retorno asistido a su país de origen o la deportación. Actos de naturaleza inminentemente administrativa, que, en algunos casos, se llevan bajo el resguardo físico de la persona en las instalaciones del instituto o las que se designen para tal fin. Así, el acto consistente en la inminente deportación y/o emisión de orden de salida del país, con motivo del procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra, de ninguna manera puede considerarse que sea de naturaleza penal, aunque con motivo de éste se haya alojado o asegurado al quejoso dentro del recinto migratorio destinado para tal efecto, sino que se trata de actos eminentemente de naturaleza administrativa, pues no implica privación de la libertad de los quejosos con motivo de alguna carpeta de investigación o proceso penal instaurado contra *** y, tampoco existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente, que el acto reclamado en el presente juicio se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, es decir para que este juzgado conozca del asunto en comento, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que dichas violaciones deben ser tangibles y no simples expectativas; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que el acto se haga consistir en la deportación; sin embargo, se insiste, ésta se hizo de la privación de la libertad del quejoso con motivo de su alojamiento por más de treinta y seis horas en el procedimiento administrativo seguido para determinar su situación jurídica -como la propia promovente lo señaló en la demanda-, procedimiento en el cual incluso el directo quejoso ha obtenido su libertad como se advierte de la constancia que exhibió el Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, con motivo de la suspensión de plano concedida por el juzgado declinante. Aunado a lo anterior, es dable señalar que en la ejecutoria del conflicto competencial ****, donde se puso a discusión qué órgano debía conocer de un recurso de revisión, en la cual, el acto reclamado llevaba implícito matices de derecho penal (incomunicación, deportación) y temas de naturaleza civil (entrega de un menor a un desconocido, acuerdos para desintegrar el núcleo familiar por razón de género), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la naturaleza de los actos debe analizarse a la luz de la naturaleza de la causa y del contexto en el que se impugna, esto es, la materia de la litis en el juicio de amparo no puede dilucidarse con la simple invocación de los actos reclamados, sino que debía analizarse a la luz del proceso que derivan y de los hechos que alimentan su existencia. Luego, dijo, que la naturaleza del acto reclamado, como estándar para la adjudicación de competencia, se configura como un elemento complejo que debe evaluarse de manera integral, a la luz de los antecedentes de cada asunto y en atención a la cuestión litigiosa que de origen a la litis de un proceso, por lo que no es posible atribuir características de materia determinada a un juicio de amparo, sin antes atender a su causa y contexto. Siendo que en el particular, a la luz de lo expuesto en la demanda de amparo y constancias recabadas, se aprecia prioritariamente administrativo el acto administrativo, pues como se ha dicho, el directo quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo. Por ende, es inconcuso que la autoridad facultada para conocer y resolver sobre el acto reclamado, es un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Resulta atendible la jurisprudencia 1a./J. 119/2022 (11a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, noviembre de 2022, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, con registro 2025448, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo." Así como la diversa tesis, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2025508, de rubro y texto siguientes: "MIGRANTE. CUANDO SE RECLAMA SU DETENCIÓN, LA COMPETENCIA RECAE EN UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI NO EXISTE DATO CIERTO DE SU DEPORTACIÓN NI CAUSA PENAL QUE LA JUSTIFIQUE. Hechos: Un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa rechazó la competencia para conocer de una demanda de amparo promovida por personas migrantes en contra de actos que hicieron consistir en la privación de su libertad en una estancia migratoria derivado de que se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio y, como consecuencia, su "inminente deportación", pues consideró que se actualizaba la competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal por tratarse de una posible deportación. Por su parte, el juzgado en materia penal no admitió la competencia al sostener que los actos reclamados no derivan del ejercicio de la acción penal por parte del Estado, sino de una detención de carácter preventivo por una unidad administrativa dentro de un procedimiento administrativo en materia de migración, y los actos privativos de la libertad no se originan por una causa penal o por la investigación de un hecho estimado como delito. El Juez requirente insistió en la incompetencia y remitió el conflicto competencial para su sustanciación. Criterio jurídico: La competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la detención de un migrante debe recaer en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa cuando no exista certeza de una orden de deportación o alguna causa penal instaurada a la persona migrante, pues los Jueces de Distrito en Materia Penal sólo pueden asumir conocimiento con el propósito de imponer penas con motivo de un procedimiento instaurado en contra del involucrado o cuando exista orden de deportación. Justificación: La dualidad de competencias que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada con registro digital 232031, de rubro: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN.", estriba en que son competentes los Jueces de Distrito en Materia Penal cuando se afecta la libertad personal dentro de un procedimiento de esta naturaleza emanado de una autoridad judicial, así como en el caso de determinaciones propiamente administrativas que tiendan a establecer la deportación del migrante. Efectivamente, la competencia que se reconoce a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa se identifica en los incisos b) y c) de la propia tesis, al señalar: "b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen", y en el propio criterio se advierte que dichos actos no son de naturaleza formal y materialmente penal, hecha excepción de la sanción de deportación, instruida por la Secretaría de Gobernación, pues en este supuesto sí opera la excepción establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que un Juez de Distrito en Materia Penal pueda conocer de este procedimiento, que en respeto al derecho fundamental de audiencia, debe existir y haber sido dado a conocer al migrante con amplitud para que pueda imponerse de él, circunstancia que de no tenerse certeza, no constituiría un acto de naturaleza formal y materialmente penal; de ahí que hasta en tanto no se tenga la certeza de que la detención se da dentro de ese procedimiento específico de deportación, opera la competencia en favor de los Jueces especializados en materia administrativa, en la medida en que no tienen como finalidad principal la privación de la libertad, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación en el país." Así, debe concluirse que respecto al acto precisado, le reviste prioritariamente naturaleza administrativa, motivo por el cual este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México no acepta la competencia declinada por materia, para conocer del juicio. En similares consideraciones se pronunció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencias ********************, derivado del juicio de amparo ******************** de los registros de este juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 51 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena devolver vía interconexión, los autos del juicio ******************** del índice de este órgano jurisdiccional al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitando atentamente el acuse correspondiente, e informe si insiste o no en declinar la competencia planteada. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes por lista, para los efectos legales correspondientes, en razón de que a la fecha no se tiene certeza sobre la ratificación de la demanda, dado que dicha constancia no fue remitida por el citado juzgador. Notifíquese y, por lista a la parte quejosa.

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