Yunaisy Rodríguez González y Otros.
Expediente 1517/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1517/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Yunaisy Rodríguez González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la pieza postal que ampara el oficio 16826/2023, por el cual se notifica a la Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación en el Sistema Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, el recurso de revisión interpuesto por la Defensora Pública del Estado de Chiapas asignada al quejoso ****, contra la sentencia dictada el diecinueve de junio del año en curso (fojas 964-986); se encuentra retenida en la Oficina de Administración Postal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esas condiciones, a efecto de estar en posibilidad de integrar el referido recurso de revisión, requiérase al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que quede debidamente notificado del presente auto, remita el acuse de recibo o copia certificada de la pieza postal ***, depositada el doce de julio del año que transcurre. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos anotados, sin causa justificada, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 246, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA.- SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que en sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés (fojas 97-120), este Juzgado Federal concedió a la parte quejosa ***, por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, en Escuintla, Chiapas, realizara lo siguiente: ***. Por tanto, en el referido auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés (fojas 165-167), se requirió a dicha responsable para que remitiera las constancias con las que acreditara que se había pronunciado respecto a los citados escritos. En tal virtud, en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 285-287), se tuvo por recibido el oficio ********, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización, adscrito a la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, con residencia en Escuintla, Chiapas ***, mediante el cual comunicó que ***. *** *** En consecuencia, lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable ha cumplido con el aspecto fundamental del fallo constitucional, toda vez que de las constancias que allegó el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización, adscrito a la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, con residencia en Escuintla, Chiapas, se advierte que dio contestación a los escritos presentados por la quejosa ante la autoridad responsable el tres de mayo de dos mil veintidós, tres de enero y trece de febrero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del registro de atención **********(derivado del diverso ***); consideraciones por las cuales debe tenerse por cumplida la ejecutoria. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En ese tenor, se hace de su conocimiento que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso correspondiente, toda vez que en párrafos que anteceden se proveyó lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia amparadora. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang, quien además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (fojas 69-71), se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; fecha y hora de las que se impusieron las partes a través de la lista de acuerdos publicada al siguiente día hábil; sin embargo, de la agenda electrónica, se aprecia que esa fecha y hora se encuentra programada para llevar a cabo la audiencia constitucional relativa al diverso juicio de amparo *****, de la estadística de este Juzgado. De igual forma, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se advierte que la fecha y hora fijadas para celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo, corresponden las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre del año en curso, como se advierte de la agenda que se lleva en este Juzgado. En esas circunstancias, a fin de no generar incertidumbre y salvaguardar los derechos de las partes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se ordena regularizar el procedimiento, únicamente para señalar las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda, el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y anexo; con el que aduce rendir informe justificado, sin que se realice mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que en proveído de diez de octubre del año en curso (fojas 44 a 52), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, al actualizar la causa de improcedencia precisada en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la ley de amparo; asimismo, en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 64-68), causó estado esa determinación y se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo. AUTORIZADOS. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. DOMICILIO. Luego, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por designado en virtud que, la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. MEDIOS ELECTRÓNICOS. En ese contexto, como lo peticiona a fin de que pueda obtener las constancias de manera ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis 1.130.T.15K(10a.). publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LASPARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CAMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL) (...). Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- Yudiersi Viltres Otero1136/2023
- Yuleisy Hernandez Ruiz1641/2022
- Yuleyxis Jimenez Jimenez813/2023
- Yuliana López de la Cruz569/2023
- Yulisa Yaquelin Robledo López559/2022
- Yumarelis López Chaveco y Otros.834/2022
- Yunay Ochoa Vience294/2022
- Yuneysi Pagan Valdes1145/2023
- Yuniel Rivas Rodríguez288/2022
- YUNIER ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ y Otros.1007/2023
- Yunior Gonzalez Alemán y Otros.1118/2023
- Yunior Iglesias Triada1159/2023