YUNAISY GONZALEZ ARGOTE y Otros.
Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- YUNAISY GONZALEZ ARGOTE y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 1-B.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 26-31), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 1-B.- (CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE:Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 26-31), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 1-B.- Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito presentado vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se regularice el procedimiento en el presente asunto y se admita la demanda promovida; atendiendo lo anterior, dígasele al promovente que este Juzgador de Amparo no puede revocar su propias determinaciones, por lo que tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía correspondiente.
- Principal
MESA 1-B.- (CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE:Vista la demanda promovida por Yunaisy González Argote, Rene González Argote, Rayko Beltrán Hernández, Randy Ruiz Herrera, Rogelio Cores Oliva, Yoandris Rodríguez Merino, Sandro Cabrera Gómez, Rachel Sánchez Torres, Yovanis Escalona Torres y Juan Miguel Bosch Borrero, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 177/2019. DESECHAMIENTO De la lectura integral de la demanda se advierte que la misma carece de firma de los quejosos Yunaisy González Argote, Rene González Argote, Rayko Beltrán Hernández, Randy Ruiz Herrera, Rogelio Cores Oliva, Yoandris Rodríguez Merino, Sandro Cabrera Gómez, Rachel Sánchez Torres, Yovanis Escalona Torres y Juan Miguel Bosch Borrero, por lo que en el caso concreto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3º, 5° y 6° de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, fracción I; en concordancia con lo expuesto, en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no sabe hacerlo o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En ese orden de ideas, cabe destacar que el artículo 3º de la Ley de Amparo, establece lo concerniente a la presentación de promociones y consulta de expedientes, a través de las tecnologías de la información, mismo que es del tenor siguiente:..Ahora bien, la demanda de amparo fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pero de la simple lectura de la misma, se aprecia que los impetrantes no cuentan con firma electrónica (FIREL), ni el propio sistema arrojó la constancia condigna de la cadena criptográfica, así como tampoco impusieren algún signo gráfico o firma que externara su voluntad, ni argumentaron que diversa persona promovería a su ruego, con motivo de alguna imposibilidad jurídica o material para hacerlo, si no que por el contrario, la redacción de la demanda indica que se elaboró de tal manera, que son los propios Yunaisy González Argote, Rene González Argote, Rayko Beltrán Hernández, Randy Ruiz Herrera, Rogelio Cores Oliva, Yoandris Rodríguez Merino, Sandro Cabrera Gómez, Rachel Sánchez Torres, Yovanis Escalona Torres y Juan Miguel Bosch Borrero, los que solicitan el juicio de amparo, destacando que se encuentran en libertad y sin ninguna imposibilidad jurídica ni material para estampar su firma. Por lo tanto, queda claro que los pretendidos quejosos no signaron el libelo de amparo, pues no obra rúbrica alguna de aquéllos, ya que en la demanda aparecen únicamente sus nombres, de ahí que este Juzgado, estima que la circunstancia de que los supuestos impetrantes presentaran el documento con sus nombres, no les impedía de modo alguno suscribirlo, pues no refirieron tener algún impedimento para hacerlo, ni tampoco se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que se considere que alguien promueve la demanda a favor de los referidos quejosos. De ahí, que es evidente que la demanda carece de validez, ya que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad de los directamente interesados en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo, el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de admitir una demanda de amparo; por lo que al carecer la demanda de amparo de la firma de los pretendidos suscriptores, y tampoco obra una firma a su ruego, tal documento carece de validez en relación con aquéllos. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, sin la firma correspondiente, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, presentara escritos instando la función jurisdiccional, cuando no existe en realidad la voluntad respectiva. No soslaya este órgano jurisdiccional que el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del numeral 15 de la citada ley. Sin embargo, éste último numeral dispone que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad y, empero en el caso concreto la parte quejosa no manifestó estar imposibilitada, máxime que se encuentran libres. Por consiguiente, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar el juicio de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado..A mayor abundamiento, cabe decir que todos los escritos que se presenten, de cualquier naturaleza, deberán estar firmados, si no aparece la firma, se entiende que es un anónimo, dado que en el escrito no se aprecia la voluntad de quien -en un momento dado- lo está presentando; solamente existe la posibilidad de que no se requiera la firma electrónica cuando estamos en un caso de excepción, que se señala en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y este caso de excepción es en aquellos asuntos en que se ha aceptado - tradicionalmente- el amparo por comparecencia, que está referido a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Entonces, no siendo ese caso, las promociones, sean en expediente -que podríamos llamar normal-, que se presenta la promoción o el expediente electrónico, la promoción o la demanda debe de ir firmada, ya sea a través de la firma electrónica, si el expediente es electrónico, o a través de la firma autógrafa, si se trata de una promoción en papel. De igual forma, la Suprema Corte ha sostenido el criterio, -siempre- que cuando no existe firma no es motivo de requerimiento; el artículo que -de alguna manera- establece los requerimientos para que estos sean subsanados es porque existe alguna oscuridad dentro de la demanda o faltan copias; son situaciones subsanables, pero cuando no hay firma, se ha entendido que no hay voluntad para la presentación de la promoción. Por lo anterior, al no contar el escrito con la firma correspondiente, y no actualizarse el supuesto que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, respecto de Yunaisy González Argote, Rene González Argote, Rayko Beltrán Hernández, Randy Ruiz Herrera, Rogelio Cores Oliva, Yoandris Rodríguez Merino, Sandro Cabrera Gómez, Rachel Sánchez Torres, Yovanis Escalona Torres y Juan Miguel Bosch Borrero, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso proceda prevenir la demanda, puesto que la falta de firma respectiva no es un requisito de forma contenido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino un presupuesto de validez, como es la voluntad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en la estadística del juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente...Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en esta ciudad, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Ángel Castillo Barbosa, ya que sí cuenta con su cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet..En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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