Yulieth Amador Pérez
Expediente 1196/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Yulieth Amador Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa ***, mediante el cual solicita la devolución de diversos documentos y copia certificada de la totalidad de las constancias del presente juicio de amparo, autorizando para recibirlas a las personas señaladas en su escrito de cuenta. En ese sentido, expídasele a su costa las copias que solicita, previa constancia que obre en autos de la personas que autoriza para su entrega. Se le hace de su conocimiento que, a efecto de que las copias que solicita le sean expedidas, deberá enviar un correo electrónico a la dirección *** en el que precise el número de expediente, así como las constancias cuya certificación desea obtener; ello con la finalidad de que le sea agendada una cita, en la que acompañada por el personal autorizado por este juzgado federal, deberá acudir al Centro de Fotocopiado Oficial ubicado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Tlaxcala, en donde habrán de reproducirse las actuaciones solicitadas. Se precisa que la data que se señale dependerá de la carga de trabajo y el volumen de las documentales a fotocopiar, la cual se hará de su conocimiento por la misma vía -correo electrónico-. Asimismo, quedará a discreción de la parte interesada generar un código QR en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de ingresar a las instalaciones que ocupa este juzgado federal y que las copias certificadas le sean entregadas; empero, la cita deberá generarse para un día en que medien, cuando menos, cuarenta y ocho horas hábiles contadas a partir del fotocopiado de las constancias relativas, dado que es el lapso indispensable para que el personal reducido que labora presencialmente lleve a cabo los preparativos correspondientes. Finalmente, respecto a la devolución de documentos que solicita, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá de estar a lo acordado en auto de tres de enero de la presente anualidad, en el que se proveyó respecto de tal cuestión.
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, consecuentemente, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento que se actúa, en términos del numeral 2, de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al numeral 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, tomando en consideración que en el expediente obran documentos originales, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En consecuencia, y en términos del artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de que la impetrante esté en aptitud de elegir el día y hora para comparecer a la diligencia correspondiente, y evitar saturar la agenda con citas infructuosas, se le informa que está en facultad de agendar una cita y generar el código QR respectivo, en la página del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, para que puedan ingresar al edificio sede donde se localiza este juzgado federal. Asimismo, debe precisarse que una vez que cuenten con la cita correspondiente, de conformidad con los artículos 6º, último parrado y 7º, ambos del precitado Acuerdo General, la visita al órgano jurisdiccional tendrá una duración de veinticinco minutos como máximo, además de que la persona que comparezca a la entrega de los mencionados documentos, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL ACUERDO DE TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. En ese sentido, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista. De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un procedimiento en forma de juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo ***, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento en forma de juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por ello, se estima que los actos dictados en los procedimientos en forma de juicio siguen la misma suerte y, por ende, son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de acordar la petición formulada el treinta de noviembre del año en curso, a los integrantes de la Comisión del Consejo de Honor y Justicia de Tlaxcala, dentro del expediente administrativo *** de su índice, seguido contra ella. Al respecto, este juzgador estima que dicho acto no constituye para la parte promovente del amparo un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido. Para afirmar lo anterior, debe precisarse que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, no obstante que se duela de violaciones al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado la determinación correspondiente en el procedimiento de origen. Asimismo, dado que, por regla general, la omisión en que incurre una autoridad al no acordar promociones de las partes en el procedimiento, o de proseguir en tiempo con su trámite, resulta una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. Lo anterior fue establecido por la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis ***, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, de la cual derivó la jurisprudencia ***. Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total de este amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. En tal virtud, es oportuno señalar que los términos procesales para los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante el Consejo de Honor y Justicia del municipio de Tlaxcala, se rigen ***. Esto, por disposición expresa de ***, de aplicación supletoria a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. En ese contexto, en el presente asunto, la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante los integrantes de la Comisión del Consejo de Honor y Justicia de Tlaxcala, como se aprecia del acuse de recibo que adjuntó a su demanda de amparo. Consecuentemente, el plazo de veinticuatro horas que prevé el artículo ***, para atender el escrito del quejoso, transcurrió del treinta de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, a partir de esta última fecha, la autoridad administrativa contaba con tres días para dictar la determinación correspondiente, es decir, del dos al seis de diciembre de este año, sin contar el tres y cuatro de dicho mes y año, al ser sábado y domingo, es decir, días inhábiles. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, inició el siete de diciembre y concluirá el veinte de enero de dos mil veintidós, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (trece de diciembre de dos mil veintiuno), habían transcurrido solo siete días naturales, a partir de la fecha en que la autoridad responsable debió acordar el auto correspondiente. De acuerdo a lo anterior, tal dilación no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de emisión del acuerdo de que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes analizada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por su propio derecho. En diverso aspecto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de cuenta. Se tiene a ***, como autorizados en términos amplios por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y a ***, como autorizados en términos restringidos del numeral en cita, por no contar con el referido registro. Se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona la promovente en el escrito de cuenta, para efecto de entablar comunicaciones no procesales. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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