Yuliana Vanessa Cruz Cruz
Expediente 2717/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2717/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yuliana Vanessa Cruz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 2717/2022-II-B, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; yRESUELVE:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por conducto de su defensor particular, en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 2717/2022-II-B, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; yRESUELVE:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por conducto de su defensor particular, en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2717/2022-II-B, promovido por Ángel Iván Novelo Solís, defensor particular de la quejosa YULIANA VANESSA CRUZ CRUZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, YULIANA VANESSA CRUZ CRUZ, por conducto de su defensor particular, solicitó la suspensión definitiva contra el acto que reclama de la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Mérida. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual se hace consistir esencialmente en: El auto de vinculación a proceso dictado el tres de noviembre de dos mil veintidós, por el Juez señalado como responsable en la causa penal 354/2022, por el delito de robo calificado cometido con violencia. SEGUNDO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Mérida, pues así se advierte de las manifestaciones que emitió al rendir el correspondiente informe previo. TERCERA. Análisis de la suspensión definitiva. Ahora bien, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del señalado acto reclamado; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos; pues al tratarse de la resolución que dictó la vinculación a proceso de la aquí quejosa, debe entenderse que ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO En relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En el presente caso, la parte quejosa en el escrito de cuenta, solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva; y de concederse la suspensión, no se advierte afectación al interés social ni se infringirse disposiciones de orden público. Por tanto, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que la juzga para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva lo procedente sobre la suspensión definitiva. Sin que obste a ello, que la autoridad juzgadora pueda decretar alguna medida cautelar, que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para la aquí quejosa. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por YULIANA VANESSA CRUZ CRUZ, por conducto de su defensor particular, contra el acto que reclama de la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta resolución incidental. Notifíquese.
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