Yuliana López Meraz

Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
699/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Yuliana López Meraz
  • Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran la resolución constitucional dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que hayan interpuesto recurso alguno contra la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Ahora, al no existir diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 699/2022-VI-B promovido por Yuliana López Meraz, contra el acto de la Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad Yuliana López Meraz, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se otorgó la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, previo diferimiento se verificó a tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuenta habida que, se trata de un amparo en el que se reclaman un acto omisivo de una autoridad residente en esta jurisdicción territorial en términos de los preceptos y acuerdo general de previa cita. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, se tiene que tanto del escrito de demanda, como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, la parte quejosa reclama sustancialmente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 140/2022. Las omisiones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio 140/2022. Del actuario adscrito al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad: La omisión de notificar a las partes la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 140/2022. Es necesario precisar, que aun cuando de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama indistintamente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y su Presidente los actos omisivos que destaca; lo cierto es que esto lo hacen en función del órgano colegiado que la integran; por tanto, el acto sólo puede ser atribuido al primero de los nombrados. Es aplicable por analogía la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente de rubro y texto siguiente: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado". TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. En la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con el acto consistente en la omisión subsecuente que se generen durante el trámite del juicio laboral 140/2022. Es así, toda vez que la materialización de ese acto depende de circunstancias de realización incierta como, por ejemplo, que el tribunal laboral sea omiso en realizar alguna actuación distinta a las que aquí se reclaman. Se afirma lo precedente, de conformidad con la consideraciones siguientes; en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se cita la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Establecido lo anterior, se tiene que el acto reclamado consiste en las omisiones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio 140/2022, se consideran actos de naturaleza futura y de realización incierta, pues no generan una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, y al no existir una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Apoya a lo anterior la tesis IX.1o.17 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados". Luego, será hasta que las autoridades emitan algún acto concreto u omitan hacer aquél que deban realizar pese a tener facultades para ello, cuando el quejoso estaría en aptitud de controvertirlo a través de los medios ordinarios que resulten procedentes. En ese contexto, se determina que el acto reclamado a la autoridad responsable es inexistente porque a la fecha de presentación de la demanda solo se trata de una cuestión futura e incierta; por ende, es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual manera es inexistente el acto reclamado del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, consistente en omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 140/2022, al margen de lo expuesto en su informe justificado, de las actuaciones se advierte que a la presentación de la demanda aun no existía la obligación de la autoridad de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Se afirma lo anterior, si para ello se considera que al siete de julio de dos mil veintidós -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión reclamada, ello en términos del numeral 16 y 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que el tribunal responsable aún no había recibido la contestación a la demanda. Lo anterior pone de relieve que a la data en la que la inconforme promovió el juicio constitucional, el tribunal aún no recibía la contestación a la demanda de la entidad enjuiciada, a efecto de que estuviera en la posibilidad señalar fecha para para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 140/2022, en los términos que lo indica la quejosa. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente, es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, se determina que el acto reclamado a la autoridad responsable es inexistente; por ende, es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo mismo ocurre con el diverso acto que se atribuye al actuario adscrito al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, consistente en la omisión de notificar a las partes la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 140/2022, dado que si no existe aún fecha señalada, no estaba en condiciones de notificar una determinación inexistente. No es óbice que en el presente juicio, la circunstancia de que no fue emplazada la entidad a la que correspondería el carácter de tercero interesado; sin embargo, tal situación no le ocasiona un agravio, dado el sentido al que se arribó en esta resolución (sobreseimiento). De ahí, que en atención al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual debe de privilegiarse la resolución del juicio antes que los formalismos procedimentales. Apoya lo expuesto la tesis P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45 con registro digital: 196912 de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado" Por lo expuesto y fundado se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yuliana López Meraz, respecto del acto reclamado al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 140/2022, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de este fallo federal. Notifíquese. Así lo resolvió y firman autógrafa y/o electrónicamente, la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la Secretaria Anastacia Pérez España, quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diez de agosto del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con los informes justificados rendidos por los integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Presidente y Actuario del mismo, todos con residencia en esta ciudad. Ahora, resulta evidente que no median al menos ocho días de anticipación al día de hoy en que está programada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra dicha temporalidad, se difiere la audiencia constitucional que según certificación de cuenta, estaba programada para esta fecha, fijándose para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 54/2000, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191995, bajo el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, los oficios de cuenta y anexos, signados por los Integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Presidente y Actuario de la misma, todos con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado.

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