Yuliana Juarez Romero

Expediente 1008/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1008/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Yuliana Juarez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso b) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada, que no tiene relevancia documental para su conservación. En mérito de lo que antecede, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    "Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Yuliana Juárez Romero, contra actos de la Directora de Recursos adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico -que es el que interesa en el caso y no el interés legítimo dado que el acto reclamado no fue impugnado por la especial situación del gobernado frente al orden jurídico sino con base en un interés jurídico ya que la quejosa señala que acude al juicio de amparo en su carácter de participante del procedimiento de selección cuyos actos impugna-, que exige que la quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En efecto, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que la quejosa esencialmente señala como acto reclamado la resolución del recurso de revocación RR/015/SENASICA/2020, emitida por la Secretaría de la Función Pública, mediante la cual revoca la determinación emitida por el Comité Técnico de selección y ordena reponer los actos del procedimiento de selección para la ocupación del puesto "Profesional Ejecutiva de Servicios Especializados Enlace C", convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con código de puesto 08-1300-1-E1C008P-0004483E-C-D; concretamente para que se lleve a cabo de nueva cuenta la etapa IV, consistente en la entrevista a las candidatas finalistas para la ocupación del puesto en comento. En ese contexto, se tiene que el acto reclamado aunque fue emitido en la etapa final del procedimiento de selección de que se habla, no tiene el atribuyo de definitividad necesario para considerar que se ha emitido la resolución final con la que concluye dicho procedimiento; esto debido a que ordenó la reposición del mismo y ello da lugar a que se emita una nueva resolución final que culmine con ese procedimiento; esto se traduce en que el acto reclamado constituye un acto emitido en fase de dicho procedimiento, el cual concluye hasta el momento en que se emita una resolución final con el atributo de la definitividad de que se habla en la que se confirme el resultado por virtud del cual resulte elegida una persona como Profesional Ejecutiva de Servicios Especializados Enlace C" convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Así pues, del acto reclamado se advierte que la parte quejosa no ha sido rechazada en el proceso de selección, y tampoco la han dejado fuera de dicho proceso; por tanto, es inconcuso que dicho acto no produce una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la quejosa, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, del ordenamiento en cita. En ese sentido, como se adelantó, dichos actos reclamados, no producen afectación alguna a la ahora accionante de amparo, ya que no provoca la adquisición de derechos jurídicamente tutelados por la participante -aquí quejosa-, sino que, será hasta el momento en que resulte elegida una persona como Profesional Ejecutiva de Servicios Especializados Enlace C" convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y esa persona no sea la quejosa cuando se vea afectada en sus derechos. Luego, aun cuando la amparista sostiene que la resolución que ordena reponer los actos del procedimiento de selección multicitado, emitida por la Secretaría de la Función Pública, es transgresora de sus derechos, tal acto aún no causan una afectación real y actual a sus derechos; pues en todo caso será eventualmente la resolución que dé por concluido dicho proceso de selección la que podría ocasionarle una afectación, hasta el momento en que resulte elegida una persona como Profesional Ejecutiva de Servicios Especializados Enlace C" convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pues precisamente, aún no existe la certeza de que dicho proceso de selección vaya a concluir con una determinación desfavorable en perjuicio de la quejosa, ya que podría acontecer, incluso, que la quejosa fuera seleccionada para el cargo en cuestión. Así pues, la determinación reclamada de reponer el procedimiento de mérito, no causan una afectación real y actual a sus derechos, pues aún no ha concluido un procedimiento desfavorable en su perjuicio, en el que resulte electa alguna persona en el puesto de referencia y que, dicha determinación cuente con el atributo de definitividad por haberse agotado el recurso de revocación y en el mismo se confirme dicho resultado en lugar de ordenar reponer el procedimiento, como se hizo en el caso. En efecto, se reitera la consecuencia del acto reclamado no es privar del acceso a la justicia reconocido a los gobernados -como la quejosa- en el artículo 17 de la Carta Magna, ni sus libertades o derechos sustantivos, sino que dicho acto únicamente produce el efecto de reponer el procedimiento; eso se traduce en que la quejosa continúa en el concurso, en el cual, tendrá la oportunidad de comparecer en todas sus etapas y, en general, de resultar vencedor, de ahí que los vicios que pudieran llegar a tener la resolución reclamada no trascienden a la esfera jurídica de la impetrante de amparo si una vez concluido el referido concurso, resulta vencedora. Así, debe tomarse en cuenta que la quejosa tiene reconocido el carácter de participante del concurso de mérito. Por ende, con independencia de que se haya ordenado la reposición del procedimiento, la pretensión de resultar vencedora puede quedar satisfecha al emitirse la resolución final, y en caso de que esa resolución que se dicte en esas condiciones fuera adversa a los intereses de la ahora quejosa, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la reposición de procedimiento acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo de la quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. Caso contrario sería si la quejosa hubiese sido declarada ganadora -hubiese adquirido un derecho- y, con motivo del acto reclamado, se hubiese desconocido ese derecho, ya por haberse estudiado el fondo del asunto o por haberse declarado la existencia de una violación procesal que de lugar a la reposición del procedimiento. Sin que lo anterior implique que se prejuzgue respecto a que contra la resolución final que se llegue a dictar resulte procedente el juicio de amparo, pues lo que se sostiene es que sólo en dicho caso, tal determinación le causara un perjuicio a los intereses jurídicos de la parte quejosa, para estar en posibilidades de analizar si no se actualiza una diversa causa de improcedencia respecto al mismo, pero en el caso en estudio, como se plantea el presente juicio de amparo, los actos reclamados actualmente no le causan una afectación a sus intereses. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la parte quejosa carece de interés jurídico al no reclamar la resolución final del procedimiento que impugna -que cuente con el atributo de definitividad-. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado señalado por la quejosa -incluso del cual anexa copia- se aprecia su improcedencia. Y debe señalarse que no se desconoce que existen diversas tesis aisladas y jurisprudencias obligatorios para este juzgado que contienen el criterio relativo a que, por regla general, no es posible desechar una demanda de amparo por falta de interés jurídico; pero como la gran mayoría de las reglas generales, ese criterio tiene excepciones; esto es, tal regla no es absoluta sino casuística y dentro de dichos casos se pueden citar como ejemplos los referentes a la falta de interés jurídico para pedir amparo del promovente de un juicio político o de los denunciantes de responsabilidades administrativas -aquí dependería de si la legislación que regula esas denuncias les reconoce o no derechos- o cualquier otro supuesto que dadas sus particularidades aún de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el juicio jamás sería posible justificar dicho interés con prueba alguna por no existir el derecho que se reclama y, por ende, imposible de probar. 3).- Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a José Antonio Galán Martínez, no así por lo que hace a las diversas personas que propone pues no acredita que se encuentren legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, ya que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, por tanto, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, se tiene por proporcionado el número telefónico y correo electrónico que indica para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, sin que se deba tener por autorizado como medio de notificaciones. 4).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese personalmente."

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