Yuliana Juarez Romero
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Yuliana Juarez Romero
- YULIANA JUAREZ ROMERO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vistos del Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante auto de cinco de agosto del presente año, se ordenó el archivo del presente sumario, y de las constancias que obran en autos se observa que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, remitió dos anexos, en apoyo de su informe justificado. Devolución de un anexo De manera que, al resultar innecesaria su conservación, hágase la devolución de los anexos formados con las constancias citadas en el párrafo que antecede, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el doce de julio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental del expediente principal. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos b), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Valoración del incidente de suspensión. Ahora bien, se hace constar que el original del incidente de suspensión se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del acuerdo de mérito en estudio, el cual es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecinueve de enero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veinticuatro de enero de dos mil veintidós. IV. Emplazamiento al tercero interesado ********. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós. V. Designación de representante especial a los menores. Se tuvo por aceptado y protestado el cargo conferido mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós. VI. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, Morelos y el actuario adscrito al mismo órgano jurisdiccional, se hace consistir en: a) La resolución interlocutoria dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del incidente de pensión alimenticia *********, a través de la cual se resuelve el recurso de revocación hecho valer por ***************, en el que decreta pensión alimenticia y el régimen de convivencias entre la menor y su progenitora. III. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, Morelos, y el actuario adscrito al mismo órgano jurisdiccional, en su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con copia certificada de las constancias que integran el incidente de pensión alimenticia **************, remitidas en apoyo al informes justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar hechas valer por alguna de las partes o bien advertida de oficio por este juzgador se procede al estudio de fondo. V. Antecedentes. Ahora, previo abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su demanda de amparo, conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, en términos de las copias certificadas relativas al incidente de pensión alimenticia ************ -antes valoradas- y de las que se desprende lo siguiente: 1. El once de marzo de dos mil veinte, *************(quejosa) por propio derecho, promovió el incidente de alimentos, guarda y custodia definitivos en contra de ************* (tercero interesado), en la que básicamente solicitó las siguientes prestaciones: a) La declaración judicial de que la guarda y custodia definitiva de la menor de iniciales D.Y.A.J., corresponda a la actora. b) El depósito judicial definitivo de su menor hija así como el de ella en el domicilio que señala en la respectiva demanda. c) La declaración judicial de abstención e impedimento legal para que el demandado pueda ver o visitar a la menor para evitar daños morales, físicos, psíquicos o sociales. d) El pago de una pensión alimenticia de $*****(ocho mil pesos 00/100). 2. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, se formó el cuadernillo correspondiente, se admitió a trámite el incidente de pensión alimenticia, guarda y custodia en contra del demandado, se dio la intervención al ministerio púbico, se ordenó emplazar a la parte demandada incidentista y se dictaron las medidas provisionales para quedar de la siguiente manera: A) Se decretó provisionalmente la guardia y custodia de la menor de iniciales D.Y.A.J., a favor de la actora. B) Se decretó el depósito provisional de la menor así como de la actora en el domicilio que señaló. C) Se decretó provisionalmente la medida de alimentos a favor de la menor de iniciales D.Y.A.J., a cargo del demandado incidentista ***********, por la cantidad de $*****(*******PESOS 00/100 M.N), por concepto de pensión alimenticia. 3. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, compareció voluntariamente la menor de edad, acompañada del demandado incidentista, en la que entre otras cosas, este último solicitó fuera escuchada la voluntad de la adolecente de quedarse a vivir con él, solicitud que no fue acordada de conformidad, ya que el juzgado le informó al demandado incidentista que dicha solicitud debería de ofertarse en el escrito de contestación de demanda a efecto de poderse llevar a cabo con los protocolos de actuaciones que para tal situación se prevé. 4. El dos de julio de dos mil veintiuno, **************, presentó el escrito de contestación de demanda, del cual se desprende en el apartado de "por cuanto a las prestaciones" que el suscrito ostenta la guarda y custodia de su menor hija desde el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el domicilio que señala, ya que mencionó fue decisión de la menor adolecente. 5. En proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demandada dando contestación en tiempo y forma a la incoada en su contra y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia. 6. Mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió la reconvención planteada por el demandado incidentista y por cuanto a las medidas provisionales solicitadas, el Juzgado de origen se reservó a proveer lo conducente hasta en tanto acreditara la urgencia y necesidad de las mismas. 7. Por escrito fechado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, la actora incidental solicitó de manera urgente la reincorporación de su menor hija en el domicilio del depósito autorizado previamente, y manifestó entre otras cosas, que el demandado incidentista la retuvo indebidamente y la sustrajo de su cuidado. Solicitud que fue acordada mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la que el juez natural estimó conveniente conocer la opinión de la menor para estar en condiciones de proveer lo conducente, por lo que señaló fecha y hora para su presentación. 8. Mediante auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda reconvencional. 9. El diez de agosto de dos mil veintiuno, el juez natural tuvo por recibido el escrito de la actora incidental en el que solicitó nuevamente la reincorporación de la menor en el domicilio de depósito autorizado en autos; el cual acordó se estuviera a lo manifestado en proveídos de diversas fechas, toda vez que se encontraba realizando la interpretación más benéfica para el desarrollo sano de la menor. 10. El diez de agosto de dos mil veintiuno, encontrándose todas las partes presentes, se llevó a cabo la comparecencia de la menor con la finalidad de ser escuchada. 11. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez natural dejó sin efectos la citación para oír la sentencia interlocutoria, y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de desahogar diversas probanzas, con la finalidad de preservar la integridad de la adolecente. 12. Por escrito de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la parte demandada incidental y actora reconvencionista solicitó a la juez de origen las medidas cautelares a efecto de que se le otorgara la guarda y custodia provisional de la menor, tomando en cuenta las declaraciones hechas valer por su hija. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado acordó dicha solicitud, mencionándole que se estuviera a lo acordado en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó el desahogo de diversas pruebas para proveer lo conducente respecto a la medida provisional solicitada. 13. La parte demandada incidental y actora reconvencionista interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; mismo que fue resuelto mediante resolución incidental de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Esta última constituye el acto reclamado en el presente asunto. VI. Suplencia de la queja. En principio, debe precisarse que en el presente caso opera la suplencia de la queja en su máxima expresión, al estar de por medio la posible afectación de la esfera jurídica de una menor de edad. Lo anterior es así, dado que quien promueve el presente juicio es Yuliana Juárez Romero, por sí y en representación de su menor hija; en tales condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso necesario, debe suplirse la deficiencia de la queja respecto de los conceptos de violación, en favor de la menor de edad. Máxime que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual, debe ser total cuando se encuentran en litigio los derechos de menores, es decir, no se limita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los conceptos de violación y agravios, pues el alcance de esta comprende desde el escrito inicial de demanda de amparo, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de que se conceda el amparo. En este sentido se encuentra la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, surgida de la contradicción de tesis 106/2004-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, con número de registro 175053, cuyo rubro y contenido son: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Además, que la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables para arribar al conocimiento de la verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso oficioso, para investigar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero que no llega al grado de poder cambiar la naturaleza del acto reclamado o apreciar pruebas que no conoció la autoridad responsable a través de la jurisdicción ordinaria, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no es posible atender en el juicio de amparo argumentos que no formaron parte de la Litis natural, ya sea por no haberse propuesto en la demanda o contestación del juicio natural, o en los recursos interpuestos, pues de lo contrario se vulnerarían aquellos principios y se perjudicaría a la parte contraria, a quien se le privaría de la oportunidad de alegar y probar. Es decir, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada. VII. Análisis de fondo. La quejosa aduce en sus conceptos de violación lo siguiente: -Se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no se siguen las formalidades esenciales del procedimiento como lo establece la Ley Adjetiva Familiar vigente para el Estado de Morelos, por resultar contradictorias y contrarias a la certeza y seguridad jurídica a los principios de congruencia y exhaustividad, falta de fundamentación y motivación respectiva. - Menciona que la responsable es incongruente al no modificar la medida de guarda y custodia provisional la cual ostenta la quejosa respecto a la menor hija, así como el depósito judicial de la menor en el domicilio de la quejosa y los alimentos a cargo del demandado incidental en el juicio natural, ya que para ello se ordenó proveer y desahogar diversos medios de prueba, no obstante, previo al desahogo de dichas probanzas, hace una revaloración en las medidas provisionales y resuelve que al tener la custodia de facto el demandado, en suplencia de la queja decreta que la menor tiene derecho a recibir alimentos y le fija una pensión alimenticia a cargo de la quejosa, y señala convivencias por un mes en el Departamento de Orientación Familiar, hasta en tanto se resuelva la medida provisional, por lo que aduce deja vigentes las medidas provisionales fijadas a ambos padres. -Aduce que la responsable resuelve de manera incongruente y faltando a toda fundamentación y motivación ya que solicitó en varias ocasiones la reincorporación de su hija y ha hecho caso omiso no obstante que se ha reconocido que la menor tiene deseos de convivir con la hoy quejosa. Los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa resultan infundados. En primer término es necesario tener en cuenta, lo que disponen los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, haciendo especial énfasis a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que para lo que aquí interesa establecen, pues su texto dice: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". Los artículos antes transcritos, contemplan los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, los cuales se respetan en los juicios del orden civil, cuando las sentencias sean dictadas por autoridad competente; debidamente motivadas y además que estén fundadas entre otras formas, conforme a la letra de la ley. Lo precedente significa, según nuestra doctrina y jurisprudencia, que a toda persona a la que solicite se le administre justicia; todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado. Derechos, que a su vez establecen las de mandamiento escrito de la autoridad competente y de fundamentación y motivación de los actos de toda autoridad. Ahora, una autoridad es competente, cuando actúa en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, esto es, puede hacer lo que la ley le permite; por ello, todo acto en general que ejerzan debe tener como base el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, que funden su capacidad para conocer, decidir o actuar en un determinado asunto y materia que se someta a su jurisdicción. En ese tenor, para que el acto de autoridad sea jurídicamente válido, tiene que existir por escrito y debe estar firmado por la autoridad competente, porque así puede establecerse qué autoridad lo emite, así como la fundamentación y motivación del acto. Al respecto, resulta aplicable la tesis: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS." Así, por fundar, se entiende que en el acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deben señalarse con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración, para la emisión del acto de autoridad, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que el caso concreto se ubique en la hipótesis normativa, requisitos indispensables que la ley exige a todas las autoridades, para que los actos que emitan cumplan con los extremos de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, previstos en el artículo 16 Constitucional. Por lo tanto, es obligación de las autoridades citar en el acto, los preceptos legales en los que apoyan su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, así como abarcar todos los argumentos planteados por las partes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que al efecto se transcribe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Ahora, bien la autoridad responsable funda su determinación con base en los artículos 167, 168, 174 y 191 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, así como el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 167.- ORDEN PÚBLICO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. Todas las cuestiones inherentes a la familia se considerarán de orden público e interés social, por constituir la base de la integración de la sociedad. En todos los asuntos de carácter familiar tendrá intervención el Ministerio Público. ARTÍCULO 168.- FACULTADES DEL JUEZ PARA INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN LOS ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. El Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. ARTÍCULO 174.- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LAS PRETENSIONES EN MATERIA FAMILIAR. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas. ARTÍCULO 191.- PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores e incapacitados." "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos." De los artículos anteriores, cabe resaltar que la ley le otorga al Juez la facultad para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados, asimismo le otorga la facultad a fin de decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros, así como la obligación a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores. Es así que la autoridad responsable motiva su actuar en suplencia de la queja y en beneficio de la adolecente, ya que como se advierte de autos, el hoy tercero interesado tiene la guarda y custodia de facto de la menor desde el mes de junio de dos mil veintiuno, por lo que de una reflexión y basándose en el interés superior del niño analizó que desde ese momento no estaba recibiendo el derecho alimentario y las convivencias con su progenitora. La responsable manifestó que esos derechos no podían quedar condicionados o supeditados al desahogo de las pruebas que fueron ordenadas de oficio en diverso proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, con la finalidad de resolver la interlocutoria de guarda y custodia provisional solicitada por el progenitor, dada la necesidad y urgencia de ellas. Por lo que al no dejar en estado de indefensión a la menor y con la finalidad de garantizarle todos sus derechos, con fundamento en los artículos 38 y 223 del Código Familiar vigente, fijó la cantidad de $*********(****** PESOS 00/100), por concepto de alimentos a cargo de la progenitora, hoy quejosa y decretó las convivencias en forma semanal por el lapso de un mes en el Departamento de Orientación Familiar, hasta en tanto se resolviera la modificación de las medidas provisionales solicitadas por el demandado incidentista. Por lo que, contrario a lo señalado por la impetrante en su concepto de violación, la responsable sí fundamentó y motivó su determinación, salvaguardando siempre los derechos de la menor y atendiendo al interés superior de la infante, de ahí lo infundado de este agravio. Resulta aplicable la tesis 1a. LXXXVIII/2015 (10a.) de al : Primera Sala, con registro digital 2008540, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1380, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4o. constitucional y en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la Constitución." Por otra parte, es infundado el argumento referente a que la responsable es incongruente al no dejar sin efectos la primer determinación en donde se le otorga a la quejosa la guarda y custodia provisional de la menor, el depósito de la misma en su domicilio, así como la obligación alimentaria al progenitor, y fijarle en la resolución reclamada dichas obligaciones por tener la custodia de facto el demandado incidentista. Lo anterior es así, ya que como se advierte de la interlocutoria reclamada, la Juez natural no está resolviendo el cambio de la medida provisional, ya que para ello ordenó mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, diversos medios probatorios para en su caso, realizar una revaloración de las medidas previamente decretadas y solicitadas por el progenitor; por lo que únicamente, se avoca a garantizar los derechos de la adolecente tomando en cuenta las circunstancias especiales y particularidades del caso, es decir, desde que la menor adolecente vive con su padre -quien tiene la custodia de facto-, no tomó en cuenta su estado de necesidad, no hubo pronunciamiento en relación al derecho alimentario y de convivencias con la infante, por lo que determina que hasta en tanto se esté en posibilidad de reconsiderar las medidas provisionales de guarda y custodia, corresponde a la madre abonar los alimentos que tiene derecho a recibir su hija así como el derecho a convivir con ella. Por lo anterior, la autoridad responsable únicamente atiende al estado de necesidad alimentaria y de convivencias de la menor, tomando en cuenta la situación en particular, sin que dicha decisión sea la definitiva, ya que como lo menciona la responsable, debe recabarse la prueba psicológica a ambos padres solicitada de oficio para estar en posibilidad de resolver lo que corresponda en relación con la modificación de la guarda y custodia solicitada por el progenitor. En este sentido se encuentra la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, página 2328, con número de registro 2020401, cuyo rubro y contenido son: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." Por otra parte, por cuanto a su último concepto de violación, la quejosa menciona que la responsable fue omisa en atender su solicitud relacionada con la reincorporación de su hija, no obstante se ha reconocido el deseo de la menor de vivir con la hoy quejosa, lo anterior, también resulta infundado, toda vez que como se sostuvo en párrafos anteriores, la responsable únicamente atendió la omisión de otorgar los alimentos a la adolecente derivado de su estado de necesidad mientras el progenitor tiene de facto la custodia, así como las convivencias a las que tiene derecho, más no así sobre la guarda y custodia provisional, cuestión que será materia de pronunciamiento una vez que la responsable cuente con la prueba psicológica a los progenitores recabada de oficio. Finalmente, cabe resaltar que este Juzgador no advierte de oficio ninguna causa para suplir. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a **********por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales D.Y.A.J., por los motivos precisados en el considerando VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable remite constancias de emplazamiento del tercero interesado. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remite las constancias del emplazamiento del tercero interesado Roberto Altamirano Velazco. Se tiene por emplazado al presente juicio de amparo al tercero interesado. En consecuencia, una vez analizada la constancia que la autoridad oficiante remite, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene debidamente emplazado al tercero interesado Roberto Altamirano Velasco. En ese sentido, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad responsable y, por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos Tercero interesado se apersona a juicio. Glósese al expediente el escrito firmado por el tercero interesado Roberto Altamirano Velazco, por medio del cual se apersona al juicio de amparo en que se actúa, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a personas para tales efectos, designa profesionistas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y vierte diversas manifestaciones relativas al presente juicio de amparo. Apersonamiento. Atento a lo anterior, se le tiene por apersonado al presente asunto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 5°, fracción III, inciso b) de la ley de la materia. Domicilio procesal. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio del tercero interesado, para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. No ha lugar a tener como abogados patronos a los profesionistas que menciona, toda vez que la Ley de Amparo, no prevé dicha figura; no obstante lo anterior, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que señala, en razón de que se trata de un asunto en materia de familiar y acreditan tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; con excepción de Israel Ramírez Gómez, toda vez que no colma tal extremo, a quien únicamente se le autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Alegatos. Finalmente, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva y podrán ser tomados en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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