Yuliana Gómez Balmaceda
Expediente 693/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yuliana Gómez Balmaceda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la Ley de la Materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó negarlas. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el buzón oficial, el veintitrés del propio mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Yuliana Gómez Balmaceda solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, Policías Viales de los Municipios de Jojutla y Tlaltizapan y Director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del Municipio de Zacatepec, Morelos. Acto reclamado: ".La posible emisión del auto de requerimiento de bienes embargados, ignorando las fechas de acuerdos en el cual contienen un mandamiento para requerir bienes embargados.". SEGUNDO. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 693/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de detención del vehículo automotor que aduce es de su propiedad, con motivo de un embargo y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de seguridad pública del municipio de Tlaltizapan, Morelos, pues no obstante que negaron los actos reclamados, de su contenido se advierte la certeza, por ejemplo lo relativo a la existencia del auto de ejecución de dieciséis de mayo del año en curso, por el cual se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Ciudadana de Tlaltizapan, Morelos, para efectos de la detención del vehículo materia de los actos reclamados en el presente asunto, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Resulta también aplicable, la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena.". Por otra parte, se tiene por cierto el acto que se reclama al Director de Tránsito Municipal de Jojutla, Morelos, toda vez que no obstante que negó su existencia, dada su naturaleza de ejecutora y en razón de que la ordenadora se le tuvo por cierto, es claro que en cualquier momento posterior a la rendición de su informe puede recibir la orden para la ejecución de los actos reclamados. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 117 de la Ley de Amparo, toda vez que fue omiso en rendir su correspondiente informe la autoridad denominada Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección civil del Municipio de Zacatepec, Morelos, se presume cierto el acto que se le atribuye, máxime su naturaleza de autoridad ejecutora. CUARTO. Procedencia del juicio. Procedencia del juicio. Previo a la transcripción y estudio de los conceptos de violación, sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de estudio oficioso sobre aquel aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa no acreditó la propiedad que aduce la desposesión, por lo que no tiene interés jurídico en el presente juicio de garantías al no justificar tener un derecho legalmente reconocido; lo anterior, por las siguientes consideraciones: En términos de los numerales 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con el 5°, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de garantías solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Al respecto cabe decir que los Tribunales Colegiados de Circuito han estimado qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia visible en el Semanario judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Diciembre, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117, cuyo rubro y contenido son: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, en la jurisprudencia 854 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, a foja 582, que a la letra dice: "INTERÉS JURIDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, porque el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del impetrante de garantías sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de actos de autoridad que provoquen un perjuicio jurídico en la esfera jurídica del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional. Apoya esta consideración la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 35 de la Gaceta número 60 del Semanario Judicial de la Federación, con el sumario siguiente: "INTERES JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República y artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Ahora bien, el quejoso, señala como acto reclamado la orden de desposesión y retención del vehículo marca Volkswagen Jetta, Color Azul Imperial, con número de serie 3VWRV09M22M111807, que afirma es de su propiedad, y su ejecución. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, que son los siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia número 1ª./J. 168/2007, sustentada por la aludida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese contexto, partiendo de la base de que la promovente del amparo se ostenta como propietaria del vehículo relacionado y descrito en párrafos precedentes, es claro que corresponde a éste demostrar plenamente que ejerce sobre el automotor algún derecho suficiente y merecedor de protección constitucional. Expuesto lo anterior, la peticionaria de garantías no acredita con medio de convicción alguno la propiedad que refiere tener respecto del automotor en cita. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que exhiba copias simples de diversos documentos como lo son la factura del vehículo marca Volkswagen Jetta, Color Azul Imperial, con número de serie 3VWRV09M22M111807, así como la carta responsiva con los datos contenidos de dicho vehículo como constancia de la compraventa del mismo, toda vez que carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste.". En tales condiciones, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, del Tomo VI, Octava Época, publicada en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así como la diversa jurisprudencia 3a./J 28/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo V, Primer Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4º., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerlo por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacer dicho requisito, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para estudiar los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXII- XXIV, Octubre- Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintitrés de julio de dos mil diecinueve, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista la resolución de fecha veintitrés de julio del año en curso que en lo conducente dice: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el buzón oficial, el veintitrés del propio mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Yuliana Gómez Balmaceda solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, Policías Viales de los Municipios de Jojutla y Tlaltizapan y Director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del Municipio de Zacatepec, Morelos. Acto reclamado: ".La posible emisión del auto de requerimiento de bienes embargados, ignorando las fechas de acuerdos en el cual contienen un mandamiento para requerir bienes embargados.". SEGUNDO. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 693/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de detención del vehículo automotor que aduce es de su propiedad, con motivo de un embargo y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de seguridad pública del municipio de Tlaltizapan, Morelos, pues no obstante que negaron los actos reclamados, de su contenido se advierte la certeza, por ejemplo lo relativo a la existencia del auto de ejecución de dieciséis de mayo del año en curso, por el cual se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Ciudadana de Tlaltizapan, Morelos, para efectos de la detención del vehículo materia de los actos reclamados en el presente asunto, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Resulta también aplicable, la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena.". Por otra parte, se tiene por cierto el acto que se reclama al Director de Tránsito Municipal de Jojutla, Morelos, toda vez que no obstante que negó su existencia, dada su naturaleza de ejecutora y en razón de que la ordenadora se le tuvo por cierto, es claro que en cualquier momento posterior a la rendición de su informe puede recibir la orden para la ejecución de los actos reclamados. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 117 de la Ley de Amparo, toda vez que fue omiso en rendir su correspondiente informe la autoridad denominada Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección civil del Municipio de Zacatepec, Morelos, se presume cierto el acto que se le atribuye, máxime su naturaleza de autoridad ejecutora. CUARTO. Procedencia del juicio. Procedencia del juicio. Previo a la transcripción y estudio de los conceptos de violación, sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de estudio oficioso sobre aquel aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa no acreditó la propiedad que aduce la desposesión, por lo que no tiene interés jurídico en el presente juicio de garantías al no justificar tener un derecho legalmente reconocido; lo anterior, por las siguientes consideraciones: En términos de los numerales 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con el 5°, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de garantías solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Al respecto cabe decir que los Tribunales Colegiados de Circuito han estimado qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia visible en el Semanario judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Diciembre, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117, cuyo rubro y contenido son: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, en la jurisprudencia 854 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, a foja 582, que a la letra dice: "INTERÉS JURIDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, porque el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del impetrante de garantías sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de actos de autoridad que provoquen un perjuicio jurídico en la esfera jurídica del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional. Apoya esta consideración la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 35 de la Gaceta número 60 del Semanario Judicial de la Federación, con el sumario siguiente: "INTERES JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República y artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Ahora bien, el quejoso, señala como acto reclamado la orden de desposesión y retención del vehículo marca Volkswagen Jetta, Color Azul Imperial, con número de serie 3VWRV09M22M111807, que afirma es de su propiedad, y su ejecución. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, que son los siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia número 1ª./J. 168/2007, sustentada por la aludida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese contexto, partiendo de la base de que la promovente del amparo se ostenta como propietaria del vehículo relacionado y descrito en párrafos precedentes, es claro que corresponde a éste demostrar plenamente que ejerce sobre el automotor algún derecho suficiente y merecedor de protección constitucional. Expuesto lo anterior, la peticionaria de garantías no acredita con medio de convicción alguno la propiedad que refiere tener respecto del automotor en cita. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que exhiba copias simples de diversos documentos como lo son la factura del vehículo marca Volkswagen Jetta, Color Azul Imperial, con número de serie 3VWRV09M22M111807, así como la carta responsiva con los datos contenidos de dicho vehículo como constancia de la compraventa del mismo, toda vez que carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste.". En tales condiciones, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, del Tomo VI, Octava Época, publicada en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así como la diversa jurisprudencia 3a./J 28/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo V, Primer Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4º., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerlo por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacer dicho requisito, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para estudiar los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXII- XXIV, Octubre- Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintitrés de julio de dos mil diecinueve, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de trece de junio de año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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