Yuliana Flores Ojeda
Expediente 532/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yuliana Flores Ojeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual devuelve el presente juicio y remite testimonio de la ejecutoria de uno de julio de la presente anualidad dictada en el toca R.C. 90/2021 donde confirmó la resolución que sobreseyó el juicio. Acúsese recibo, hágase del conocimiento de las partes la referida resolución y glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del asunto,...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el cuaderno es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; por lo tanto, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de agravios -con su evidencia criptográfica- para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 532/2020; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) Demanda de amparo y su ampliación; y b) Oficios por los cuales la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la peticionaria ofreció las documentales anexas al ocurso constitucional. Probanzas que se admiten y desahogan, dada su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, que no se formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 532/2020, promovido por ..., contra omisiones del Director General del Registro Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. El treinta y uno de julio de dos mil veinte, vía juicio en línea, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la autoridad indicada, por considerarlo violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 1, 8, 14 y 16 constitucionales. Segundo. Incompetencia. Por cuestión de turno la demanda la recibió el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien el cuatro de agosto siguiente, previno a la peticionaria; y el veintiséis de ese mes y año, se declaró legalmente incompetente para su conocimiento, en razón de materia por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de guardia. Asunto que acogió el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sin embargo, al no tratarse el acto reclamado de alguno de los casos urgentes del artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para el turno correspondiente. Tercero. Admisión. De la demanda tocó conocer al suscrito, quien el veinte de octubre de ese año, la admitió a trámite, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y requirió informe justificado. Cuarto. Ampliación de demanda. El dos de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por ampliado el ocurso constitucional, respecto de nuevo acto atribuido a la autoridad responsable. De autos se advierte que la representante social adscrita no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes de ley, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver este juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra omisiones reclamadas a una autoridad con residencia dentro de la competencia territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados primigenios consisten en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, ante el Registro Civil de la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo la rectificación civil solicitada para sus menores hijos; así como, la omisión de notificar personalmente el citatorio para comparecer a llevar a cabo dicho acto jurídico. Mientras que el reclamo en ampliación de demanda es la omisión de entregarle las actas de nacimiento de sus menores hijos con la rectificación mencionada. No pasa inadvertido que en el apartado específico de actos reclamados, la quejosa destaca "la violación al derecho humano al nombre e identidad de mis menores hijos que actualmente no se ajusta a su realidad social y jurídica.", sin embargo, ello constituye propiamente un concepto de violación en relación a la omisión reclamada, al alegarse que la falta de citación para acudir a la rectificación civil de dichos infantes, les ocasiona esa vulneración; de ahí que la litis constitucional únicamente se fija en los términos precisados y el citado motivo de disenso -en su caso- será atendido en el apartado correspondiente. Tiene aplicación, la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, enero de 1991, tomo VII, materia común, página 69, que dice: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION: Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó el acto reclamado, pues adujo que el trece de marzo de la anualidad anterior, emitió el oficio DGRC/SAJCO/459/2020, en el que respondió a la quejosa que tendría que presentarse en el domicilio de dicha institución a efecto de asesorarla y brindarle la atención correspondiente para la rectificación solicitada de las actas de nacimiento de sus menores hijos; y en relación a la entrega de los atestados referidos estarían a su disposición en las oficinas del Registro Civil, en horarios de labores y previo pago de derechos, circunstancias que se consideran suficientes para desvirtuar tal negativa, por lo cual en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados para todos los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse a sí cuando las autoridades nieguen la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe:" Lo cual se corrobora con las constancias que dicha autoridad remitió como sustento de sus informes justificados; mismas que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 153, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo, del artículo 62 de la ley de la materia, y la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. " En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cesan los efectos del acto reclamado cuando éste se deroga o revoca, o aun, sin tal pronunciamiento, cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional; de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En estos casos, se hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193758, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999, Página: 38, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para sustentar la actualización de la mencionada causal de improcedencia se hace necesario en primer orden precisar cuál es el acto reclamado y, en segundo lugar, señalar qué circunstancia fue la que ocasionó que hayan cesado sus efectos, elementos que permitirán justificar la causal de improcedencia. En primer lugar, el reclamo de la quejosa consiste en la omisión del Registro Civil de la Ciudad de México de dar respuesta a su escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, a fin de llevar a cabo la rectificación civil solicitada para sus menores hijos; la omisión de notificar personalmente el citatorio para comparecer a llevar a cabo dicho acto jurídico; finalmente, la omisión de entregarle los atestados de nacimiento referidos. Y en segundo lugar, la circunstancia que ocasionó el cese de efectos de dichas omisiones es que el trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio DGRC/SAJCO/459/2020, se dio a conocer a la quejosa que tendría que presentarse en el domicilio de dicha institución a efecto de asesorarla y brindarle la atención correspondiente para la rectificación solicitada de las actas de nacimiento de sus menores hijos; y en relación a la entrega de los atestados referidos, estarían a su disposición en las oficinas del Registro Civil, en horarios de labores y previo pago de derechos. Actuaciones de la autoridad que se robustecen con la propia resolución de rectificación de actas de nacimiento de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, donde se determinó llevar a cabo la anotación correspondiente, con el nombre correcto de los menores y de su madre, aquí quejosa; a la que precedió la solicitud de trámite signada por la quejosa, de trece de noviembre de ese mes y año. Todo lo cual se advierte de las constancias que la autoridad remitió como sustento de su informe justificado, documentales que tienen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo que hace a la entrega de los atestados de nacimiento de los menores involucrados, del escrito recibido en este juzgado el once de marzo de la presente anualidad, mediante el cual la quejosa pretendió nuevamente ampliar su demanda, se advierte que los recibió. En efecto, el oficio citado y la entrega de las actas de nacimiento en comento sustituyen las omisiones de las cuales se dolió la parte quejosa, y que sirve de sustento de las violaciones que reclama, por lo que ya no se puede entrar a su estudio, pues su finalidad era, exactamente, que al hacer el análisis de las violaciones estimadas por la impetrante, se ordenará acordar su escrito y entregarle los documentos solicitados, lo cual ha acontecido. Apoya lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis perteneciente a la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, página 198, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Y la diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, octubre de 1994, página 313, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se restituyó a la quejosa en el pleno goce de la garantía establecida en el artículo 17, de la Constitución Federal, actualizándose la causal de improcedencia invocada. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así, al quedar subsanadas las omisiones en comento con el dictado de oficio DGRC/SAJCO/459/2020 y la entrega de las actas de nacimiento cuya rectificación solicitó, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe motivo para emitir un fallo que analice el fondo de las reclamaciones de la promovente de garantías, cuando ésta ya no surte más efectos legales o materiales, por haber sido judicialmente destruidos. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, promovido por Yuliana Flores Ojeda, en representación de los menores de identidad protegida con las iniciales E.R.G.N. y A.N.O., contra los actos y autoridad precisados. Así, dada la causa de improcedencia que se actualiza, resulta innecesario analizar el fondo del asunto. Al respecto cobra aplicación, la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, visible en el Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, 73 a 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 532/2020, promovido por Yuliana Flores Ojeda, en representación de los menores de identidad protegida con las iniciales E.R.G.N. y A.N.O., contra omisiones del Director General del Registro Civil de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso cuarto. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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