Yuliana Figueroa Mascareño

Expediente 545/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
545/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Yuliana Figueroa Mascareño
  • Juez Provisional del Juzgado Único de lo Penal, con residencia en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el fallo en que se tuvo por cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio, y se ordenó el archivo, en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No exhibió garantía. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el presente asunto, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del propio acuerdo. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que las carátulas de los expedientes original y duplicado del presente incidente, contienen impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I), inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo.Notifíquese.

  3. Principal

    toda vez que la parte quejosa no atendio el aviso de 3 de enero de 2022 se notifica por este medio el auto de Mexicali, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra acto del Juez Provisional del Juzgado único de lo Penal, con residencia en Mexicali, Baja California. Por lo anterior, se les ordenó que procedieran en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, para restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, se debe otorgar la protección constitucional para efecto de que la autoridad judicial responsable realice lo siguiente: i) Una vez que cause ejecutoria este fallo, dejar insubsistente la determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; y, ii) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que purgue los vicios destacados en este fallo, para lo cual deberá citar el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exponer la motivación que estime conducente, en la inteligencia que deberá existir una justa adecuación entre aquellos que cite al respecto, desde luego, dicha fundamentación y motivación que exponga, deberá ser acorde a los lineamientos establecidos en esta resolución constitucional y sobre todo, sin contravenir ni ir más allá de lo determinado en la sentencia condenatoria dictada el veintiuno de abril del año en curso, en segunda instancia por la Cuarta Sala por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca Penal 11/2019, emitida en acatamiento a la ejecutoria de amparo emitida a su vez por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el amparo directo 232/2020; lo anterior ya que ello se trata de una sentencia firme. Concesión que se extiende al acto reclamado a la autoridad ejecutora, ya que no se combatió por vicios propios, sino como consecuencia de la orden atribuida al juez responsable." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió dejar insubsistente la determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; y, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que purgue los vicios destacados en este fallo, para lo cual deberá citar el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Causa ejecutoria. Por proveído de once de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada; por lo que en el mismo acuerdo se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Provisional Único de Primera Instancia Penal, emitió nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; resolución en la que purgó los vicios destacados en este fallo, para lo cual citó el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exponer la motivación que estime conducente. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se dio la vista a las partes, sin que la quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable dictó una nueva resolución, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Provisional Único de Primera Instancia Penal, emitió nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; resolución en la que purgó los vicios destacados en este fallo, para lo cual citó el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exponer la motivación que estime conducente. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, téngase por consentida esta determinación y ordénese el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/4600/2021 de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    toda vez que la parte TERCERO INTERESADO no atendio el aviso de 4 de enero de 2022 se notifica por este medio el auto de Mexicali, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra acto del Juez Provisional del Juzgado único de lo Penal, con residencia en Mexicali, Baja California. Por lo anterior, se les ordenó que procedieran en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, para restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, se debe otorgar la protección constitucional para efecto de que la autoridad judicial responsable realice lo siguiente: i) Una vez que cause ejecutoria este fallo, dejar insubsistente la determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; y, ii) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que purgue los vicios destacados en este fallo, para lo cual deberá citar el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exponer la motivación que estime conducente, en la inteligencia que deberá existir una justa adecuación entre aquellos que cite al respecto, desde luego, dicha fundamentación y motivación que exponga, deberá ser acorde a los lineamientos establecidos en esta resolución constitucional y sobre todo, sin contravenir ni ir más allá de lo determinado en la sentencia condenatoria dictada el veintiuno de abril del año en curso, en segunda instancia por la Cuarta Sala por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca Penal 11/2019, emitida en acatamiento a la ejecutoria de amparo emitida a su vez por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el amparo directo 232/2020; lo anterior ya que ello se trata de una sentencia firme. Concesión que se extiende al acto reclamado a la autoridad ejecutora, ya que no se combatió por vicios propios, sino como consecuencia de la orden atribuida al juez responsable." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió dejar insubsistente la determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; y, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que purgue los vicios destacados en este fallo, para lo cual deberá citar el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Causa ejecutoria. Por proveído de once de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada; por lo que en el mismo acuerdo se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Provisional Único de Primera Instancia Penal, emitió nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; resolución en la que purgó los vicios destacados en este fallo, para lo cual citó el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exponer la motivación que estime conducente. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se dio la vista a las partes, sin que la quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable dictó una nueva resolución, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Provisional Único de Primera Instancia Penal, emitió nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de su índice 197/2013-2; resolución en la que purgó los vicios destacados en este fallo, para lo cual citó el o los fundamentos jurídicos aplicables al caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exponer la motivación que estime conducente. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, téngase por consentida esta determinación y ordénese el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/4600/2021 de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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