Yulian Yadira Galindo Rivera

Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
873/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Yulian Yadira Galindo Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Ejecutoria de colegiado. Téngase por recibido el oficio y anexos que remite el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual adjuntó el juicio de amparo 1012/2022, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión principal 96/2023, de la cual se advierte que dicho tribunal resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida que concedió el amparo. SEGUNDO. Se concede el amparo a Marisol Michel Aguilar, por su propio derecho y en representación de su menor hijo M.A.V.M. para los efectos precisados por este Tribunal Colegiado." De igual forma se advierte que, la superioridad modificó los efectos de la concesión del amparo en los términos siguientes: "(52) En consecuencia, procede modificar los efectos de la concesión de amparo, para que el Juez responsable, proceda al desahogo de la citada prueba, limitándose al fin para el que fue ofrecida, esto es, únicamente en cuanto a las impresiones de las citadas conversaciones vía "Whatsapp", entre el menor y su padre, y su verificación en los correspondientes dispositivos electrónicos; pero además, si bien ya ordenó la escucha, debe seguir los lineamientos reproducidos en párrafos precedentes, a fin de que se busque su mínima intervención, evitando repeticiones innecesarias; de igual forma deberá ordenar de oficio las pruebas que considere pertinentes para proteger el interés superior del niño, como es el testimonio de su hermana Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días siguiente al en que sean notificadas del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, deberán acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    De la revisión de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se requirió al Director General de Administración y Desarrollo Humano del Municipio de Tonalá, Jalisco, para que proporcionara información en relación con el salario que percibe el quejoso, así como las deducciones o retenciones que se efectúan a su ingreso y a efecto de que remitiera copia certificada de los recibos de pago de nómina del accionante de amparo; sin embargo, dicha autoridad responsable ha sido omisa en cumplir con el requerimiento formulado en autos, no obstante de encontrarse debidamente notificada. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que los datos solicitados resultan indispensables para resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al primero de los ordenamientos legales, se conmina, por esta sola ocasión a la referida autoridad responsable, para que en el término de tres días legalmente computado, informe lo siguiente: Cuál es el salario que percibe el quejoso ----, así como las deducciones que se efectúan a su salario, esto, a partir de la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil veintidós, a la fecha. Cuál es la retención que realiza al salario del quejoso con motivo del requerimiento que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Remita copia certificada, completa y legible de los recibos de pago de nómina del quejoso, de la segunda quincena de noviembre pasado a la fecha. Apercibida que de incumplir con lo anterior, o bien, de ser omisa en manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, conforme lo previsto en la fracción I, del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento a la responsable que la resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo, en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de la materia, se trata de una conducta que puede ser constitutiva de delito y que puede ser sancionada con destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que tiene el carácter de autoridad responsable en el controvertido. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a la PARTE QUEJOSA, el auto de DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, por el cual se acordó lo siguiente: Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, y considerando que los efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante de amparo, esto es, que tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de garantías; para ello, se toma en cuenta lo dicho en la jurisprudencia PC.III.A.J/98, del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, esto es: No se le aplique en perjuicio de la quejosa, el pago de derechos previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, tanto en lo presente como en lo futuro. El citado efecto, no tiene el alcance de relevar al justiciable de la carga de contribuir al gasto público, por tanto, la tarifa que deberá pagar deber ser la cuota mínima contenida en la fracción I, inciso h), del artículo 16 de la Ley en estudio, en el entendido que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonio procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima. Devolver el pago excedido, debidamente actualizado, en su caso. También cobra aplicación, la tesis la tesis 2ª.XXV/2********************8, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 725, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación. De igual forma, conviene señalar que la parte quejosa enteró el tributo en estudio, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en consecuencia, es procedente requerir a ésta y a las demás autoridades que se encuentren vinculadas con la devolución correspondiente; sin que obste a lo anterior, la eventual circunstancia de que respecto de ésta se decretó el sobreseimiento en el juicio, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, debe intervenir en su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.57/2********************7, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Finalmente, a todo lo antes dicho, en cuanto a los efectos del presente juicio de amparo, tienen sustento en la jurisprudencia PC.III.A.J/98, del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a páginas 1230, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Tomo II, correspondiente al mes de febrero de dos mil veintiuno, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio de la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal número 125, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada del acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso h, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, aplicando únicamente como cuota mínima la cantidad de $******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional), y como consecuencia, se ordenó devolver a la quejosa ********************, la cantidad $********************(********************pesos ********************/1******************** moneda nacional), para tal efecto allegó copia certificada del contra-recibo número ********************, mismo que señaló se encuentra a su disposición de las oficinas de la dicha responsable. Con lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que las autoridades responsables y la vinculada al cumplimiento del fallo protector, atendieron los efectos para los cuales se concedió el amparo; pues el tres de marzo de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo en el cual se ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, aplicando únicamente como cuota mínima la cantidad de $******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional), como consecuencia ordenó la devolución a la solicitante de amparo de la cantidad de $********************(********************pesos ********************/1******************** moneda nacional), que corresponde a la cantidad ingresada con motivo de la aplicación del artículo declarado inconstitucional y su respectiva actualización, por lo que expidió cheque a favor de la quejosa ********************, notificándole dicha determinación a fin de que acuda a recogerlo a las instalaciones que ocupa la referida autoridad. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

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