Yuli Liliana Salgado Salazar

Expediente 343/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
343/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Yuli Liliana Salgado Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley, a fin de que las partes se inconformaran respecto al proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo. ... se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b) del mismo ordenamiento, al haberse CONCEDIDO la protección constitucional en la sentencia pronunciada en el presente juicio, por lo que, se considera con valor jurídico, sin embargo, se estima sin relevancia documental.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de nueve de marzo del año en curso, para que se manifestara en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, vista que desahogó la autorizada de la parte quejosa, mediante escrito recibido en proveído de quince de marzo pasado. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, este Juzgado, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: " En tales condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada esta resolución, en el ámbito de sus facultades y atribuciones: a)Ordene las medidas de apremio necesarias a efecto que se desahoguen las pruebas admitidas por las partes en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral 676/2019. b)Con el apercibimiento que de persistir en la omisión de hacerlo o no cumplir en sus términos el mandato legal indicado, se dará vista al Ministerio Público Federal, para que en el ejercicio de sus funciones inicie la indagación respectiva y recabe los elementos necesarios para la integración de la carpeta de investigación por hechos que pueden ser constitutivos del delito de abuso de autoridad a que se refiere el artículo 215, fracción IV, del Código Penal Federal. " En ese contexto, en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia antes referida, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 08.43- 4119/2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, informó las gestiones implementadas para dar cumplimiento a la misma, remitiendo copia certificada de las audiencias, acuerdos y diligencias de doce de septiembre de dos mil diecinueve, veintiuno de enero, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de febrero, catorce de mayo, diez de agosto y seis de octubre de dos mil veinte; uno de marzo, diecinueve y veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, así como del diverso de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente laboral 676/201 y ordenó al Actuario de su adscripción llevara a cabo la notificación y diligencias ordenadas en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la Presidenta de la Junta responsable, remitiendo copia certificada de los acuses de recibo de los comunicados 4208/2022 y 4809/2022, requiriendo de nueva cuenta al Actuario de su adscripción para que llevara a cabo la notificación y diligencias ordenadas en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. A través del proveído de seis de enero del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las diligencias de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, practicadas en el expediente laboral 676/2019, en el que hizo constar que no constaban los oficios ordenados en proveído de veinticinco de agosto pasado, por lo que ordenó turnar dicho expediente a la Auxiliar de la Junta para la elaboración inmediata de dichos oficios. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de enero del actual, se recibió oficio de la Presidenta de la Junta responsable, a través del cual remitió copia certificada de los acuses de los comunicados 4208/2022 y 4209/2022 enviados al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con los que ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Asimismo, por auto de nueve de marzo del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta responsable remitiendo copia certificada del auto de dos de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral 676/2019, en el que hizo constar que las partes no desahogaron la vista concedida en acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, no obstante encontrarse debidamente notificados, por lo que, determinó hacerles efectivos los apercibimientos decretados en dicho acuerdo, teniéndoles por perdido su derecho para realizar manifestaciones respecto del informe rendido; de igual manera, hizo constar que de los autos del expediente laboral se advierten las diligencias consistentes en la fijación y retiro de convocatoria de beneficiarios en la última fuente de labores y en el local de dicha Junta del extinto trabajador Carmen Moyao Caballero, y la investigación de sus dependientes económicos, y en virtud de que todas las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes fueron desahogadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 895, fracción IV, en relación con el 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, otorgó a las partes un término de dos días hábiles a parte de la notificación de dicho proveído, para que formularan sus respectivos alegatos, apercibiéndolos que de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho, quedando notificadas las partes dentro del boletín oficial de dicha junta. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. De las constancias que remitió la referida responsable, se advierte que se siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese el escrito presentado por Soraya Krystal Orozco Zúñiga, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, así como al del diverso recibido en proveído de quince de marzo del año en curso, mediante los cuales expone que el fallo protector no se encuentra debidamente cumplido, dado que la responsable no ha dictado la declaración de beneficiarios dentro del expediente de laboral de origen, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden, en donde se determinó tener por cumplida la sentencia de amparo, dado que los efectos de la misma no comprenden los alcances que pretende, toda vez que éstos fueron delimitados en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se situaba dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, sin que hubiera lugar a proyectarse a etapas posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Soraya Krystal Orozco Zúñiga, autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, las cuales, de resultar procedentes, se tomarán en consideración una vez que este Juzgado Federal se pronuncie respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de dos de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral 676/2019, en el que hizo constar que no se advertía que las partes hubieran desahogado la vista concedida en acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, no obstante encontrarse debidamente notificados, por lo que determinó hacerles efectivos los apercibimientos decretados en dicho acuerdo, teniéndoles por perdido su derecho para realizar manifestaciones respecto del informe rendido, de conformidad con el artículo 738 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, hizo constar que de los autos del expediente laboral se advierten las diligencias consistentes en la fijación y retiro de convocatoria de beneficiarios en la última fuente de labores y en el local de dicha Junta del extinto trabajador Carmen Moyao Caballero, y la investigación de sus dependientes económicos, y en virtud de que todas las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes fueron desahogadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 895, fracción IV, en relación con el 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, otorgó a las partes un término de dos días hábiles a parte de La notificación de dicho proveído, para que formulen sus respectivos alegatos, apercibiéndolos que de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho, quedando notificadas las partes dentro del boletín oficial de dicha junta. Por tanto, atendiendo a los efectos de la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron los siguientes: "En tales condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada esta resolución, en el ámbito de sus facultades y atribuciones: a) Ordene las medidas de apremio necesarias a efecto que se desahoguen las pruebas admitidas por las partes en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral 676/2019. b) Con el apercibimiento que de persistir en la omisión de hacerlo o no cumplir en sus términos el mandato legal indicado, se dará vista al Ministerio Público Federal, para que en el ejercicio de sus funciones inicie la indagación respectiva y recabe los elementos necesarios para la integración de la carpeta de investigación por hechos que pueden ser constitutivos del delito de abuso de autoridad a que se refiere el artículo 215, fracción IV, del Código Penal Federal. " Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el disímil que se provee y su adjunto, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.

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