Yulenis Peñas Gonzales
Expediente 1168/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yulenis Peñas Gonzales
- Titular de la Oficina de Representación Local de Janos del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chihuahua
Actuaciones
- Principal
Se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.
- Principal
Se advierte que la parte quejosa no ratificó la demanda presentada en su favor. No presentada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se dejan sin efecto las providencias dictadas. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables la presente determinación, para su conocimiento y los efectos legales conducentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno relativo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida a favor de ********************, por lo cual fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 1168/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones correspondientes Personalidad. No es necesario acreditarla al reclamar actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y referir la parte promovente que la parte agraviada se encuentra incomunicada e imposibilitada para presentar la demanda por sí. Esto encuentra plena y legal justificación, tomando en cuenta la teleología del artículo 15 de la Ley de Amparo, consistente en facilitar el acceso a la vía constitucional al inconforme que se halla imposibilitado para instar, directamente, la acción de amparo y, a la par, evitar que quede en estado de indefensión, no solo por la naturaleza tan grave de los actos ahí especificados, sino igualmente por la especial circunstancia en la que está la directa parte quejosa. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis del Pleno y de la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "LIBERTAD INDIVIDUAL. Cuando se trata de ataques a la libertad individual, y aquél a quien perjudica el acto, está imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo en su nombre, aunque sea menor de edad, o mujer casada, sin la intervención de sus legítimos representantes; en otros términos, cualquiera persona puede promover en nombre del quejoso, y es ilegal por tanto, exigir que cuando el amparo se promueve por quien se dice progenitor del quejoso, se exija al promovente que compruebe ese carácter." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXI. Página: 123.) "LIBERTAD PERSONAL, ATENTADOS CONTRA LA. Conforme al artículo 4o., de la ley orgánica del juicio de garantías, puede promover amparo contra el detenido ilegalmente, y además, incapacitado para solicitarlo su representante o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, y un pariente y hasta una persona extraña, en los casos que lo permita le ley; y el artículo 17 de la ley antes mencionada concede esa facultad a cualquiera persona cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, debiendo los Jueces del Distrito dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, una vez habida, ordenar que se le requiera para que, dentro de tres días, ratifique la demanda y sólo que no lo haga desecharla: pero no deben repelerla de plano." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXV. Página: 4078.) PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El artículo 9o., de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de la pena de muerte, de ataques a la libertad individual, de destierro de algún acto de los enumerados en el artículo 22 de la Constitución, y el individuo a quien perjudica el acto, está imposibilitado para promover el juicio de amparo, podrá hacerlo otro, en su nombre, aun cuando sea menor de edad o mujer casada sin la intervención de sus legítimos representantes y debe entenderse que esa personalidad subsiste para continuar el juicio de garantías, mientras subsista la imposibilidad del agraviado, para promover." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXI. Página: 1852.) Admisión. Se reserva hasta en tanto sea ratificada por la quejosa directa, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Actos reclamados. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que se hacen consistir, esencialmente, en los siguientes: a) La deportación, retorno asistido, traslado a otras estaciones migratorias, imposición de alertas migratorias. b) La privación de la libertad, detención y retención. c) La incomuniación y tratos inhumanos. Suspensión de plano. Es procedente esta medida respecto de los actos referidos. A criterio de este juzgador resulta procedente la suspensión de plano conforme con el artículo 126 de la Ley de Amparo, no solo por la naturaleza y efectos de los actos frente a la esfera jurídica de la parte inconforme, sino también por estar fuera de procedimiento legal. Deportación, retorno, traslado y alertas migratorias. Respecto de los indicados actos reclamados, con fundamento en los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que de inmediato cesen sus efectos, así como para que no se lleve a cabo la deportación o retorno asistido de la parte quejosa a su país de origen, traslado a otra estación migratoria y alertas migratorias, en caso de que dicha orden exista a la fecha de la emisión de la presente determinación. Privación de la libertad, detención, retención, incomunicación y tratos inhumanos. Por otro lado, respecto a los actos reclamados consistentes en el ataque a su libertad fuera de procedimiento y la consecuente incomunicación, detención, retención y tratos inhumanos que se encuentran llevándose a cabo en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, adscrita al Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, con fundamento en lo establecido en el artículo 126 de la ley de la materia, se concede la suspensión de plano, para que de inmediato cese dicha privación de la libertad, incomunicación y tratos inhumanos en contra de la quejosa de que se trata. En el entendido que si la detención de la parte quejosa fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito; o bien, si se encuentra a disposición de dicha autoridad, por cumplimiento de una orden de detención o por caso urgente, la suspensión de oficio y de plano que aquí se decreta, no surtirá efectos. Consecuentemente, en caso de que la detención, alojamiento, aseguramiento, presentación, rescate o cualquier otro término que utilice la responsable para referirse a impedir el libre tránsito de la quejosa, no derive de la comisión de un delito, la suspensión de oficio y de plano tendrá el efecto de que sea puesta en libertad, sin perjuicio de que si así conviene a los intereses de las responsables, le fijen los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, tomando en consideración su situación particular. Apoyan lo anterior, las siguientes tesis y jurisprudencia: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En el entendido de que si la autoridad responsable determina que la detención de la quejosa no guarda relación con la comisión de un delito y debido a ello, la pone en inmediata libertad, la efectividad de la suspensión de plano decretada, está condicionada a que la quejosa, cumpla con las medidas previstas en la Ley de Migración que las autoridades migratorias competentes les fijen, las veces que sean necesarias; condiciones diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación y que aseguren que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sea exigido. Resulta aplicable la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Informe sobre la suspensión de plano y de oficio. Se requiere a las autoridades responsables, informar dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la siguiente a la en que queden debidamente notificadas de este proveído, sobre el cumplimiento que den a esta determinación. Además, esta suspensión tiene el efecto de que las autoridades responsables especifiquen la temporalidad de la detención y si la parte quejosa ha tenido acceso a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; corroboren el estado de salud; provean la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación y los pongan en contacto con el consulado de su país, si así lo desean. Apercibimiento. De no acatarla en sus términos en el plazo indicado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 ambos de la aludida legislación, se harán acreedoras a una multa de cien unidades de medida y actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se comisiona a la actuaría de este juzgado, que notifique las comunicaciones que deriven de este auto con residencia en esta ciudad, que deberá hacer del conocimiento al encargado de su recepción, que está obligado a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirija a la autoridad indicada, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo, previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización Es importante resaltar que la suspensión de plano decretada, surtirá efectos plenos, siempre y cuando deriven de una orden emanada de una autoridad administrativa con fundamento en la Ley General de Población, o que se emita con motivo de una corrección disciplinaria, medida de apremio o por falta administrativa determinada en su contra que no constituya delito y no surtirá efectos respecto de actos diversos, tales como los que sean consecuencia de un procedimiento penal, ni con motivo de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito, para evitar el riesgo de que se sustraiga de la justicia o que se le haya detenido en flagrancia o urgencia; tampoco surtirá efecto si el acto reclamado proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables, o si resulta ser uno distinto del que aquí se combate. Medida cautelar que se decreta en atención a la naturaleza urgente y grave de los actos reclamados, para que en su caso cesen sus efectos de inmediato. Cobra aplicación al respecto la siguiente jurisprudencia: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, toda vez que no se refiere el estatus que guarda la parte quejosa dentro del país, se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que queden notificadas de esta determinación, informen la situación migratoria en la que se encuentra la parte impetrante de amparo. La presente determinación se apega en lo esencial, a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, capital, dentro de la queja administrativa 20/2020, de diez de enero de dos mil veintiuno, lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito. Ratificación de demanda. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 15, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a dictar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada; por tanto, toda vez que la parte quejosa se encuentra detenida en la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, dada la distancia que existe entre ese sitio y estas instalaciones - aproximadamente doscientos kilómetros-, la premura y la urgencia en el desahogo del presente acuerdo -pudiera ser deportada en el trayecto-, se toma la decisión de comisionar a la actuaría de este tribunal, para que se comunique con la licenciada ********************-Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante del Instituto Nacional de Migración en Janos, Chihuahua, al teléfono: ********************, correo electrónico: ********************-, a fin de que por su conducto, se realice una video llamada, en el lugar en el que se halla la parte quejosa con el propósito de realizar lo siguiente: 1.- Notificar por video llamada. La actuaría debe identificar a la parte quejosa, a efecto de que se cerciore, dé fe del lugar en el que se encuentra y de su integridad física, levantando acta pormenorizada al respecto y practique la notificación del presente acuerdo. 2.- Requerimiento a la parte quejosa. El fedatario adscrito, debe requerir a la parte agraviada para que le indique si es su deseo ratificar la demanda presentada en su favor en el momento de la notificación de este proveído, o bien, dentro del término de los tres días siguientes al en que quede notificada. 3.- Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado. 4.- Se instruye al actuario judicial de esta adscripción, para que en el acto de la ratificación, notifique a la parte directamente agraviada, le explique el contenido del acuerdo que se le notifica, con la facultad de orientarlo en cuanto a los términos del acuerdo y las dudas que pueda tener respecto a ello, pero deberá abstenerse de aconsejarle o instruirle en cuanto al sentido de su decisión relativa a la ratificación o no de la demanda presentada en su contra. 5.- Además, se comisiona a la actuaría para que, en caso de que sea su deseo y lo conozca, prevenga a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o en el momento que estime pertinente, manifieste si de conformidad a sus intereses jurídicos designa, para efecto del presente juicio de a amparo a ******************** como su autorizado en términos amplios conforme con el artículo 12 de la Ley de Amparo. 6.- En caso de que la directa parte quejosa no se encuentre recluida en las instalaciones de las autoridades responsables, deberán indagar, ante el área administrativa de dicho Instituto, el paradero de la quejosa, respecto de lo cual deberá levantar razón pormenorizada, a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. 7.- Entrega de oficios. Se solicita a la autoridad que atienda la video llamada, reciba el oficio de que se trata -se anexa-. Facilidades. Se requiere a toda autoridad para que dé a la actuaría de este tribunal las facilidades necesarias para realizar la diligencia de que se trata, con el apercibimiento que de no hacerlo así, inmediatamente se dará vista al Ministerio Público Federal por resistirse al cumplimento del presente mandato judicial, conforme al artículo 262, fracción V, de la ley de la materia. Habilitación. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de todas las actuaciones de este juicio en días y horas inhábiles. Domicilio. No, pues solicitó la notificación electrónica. Notificación y consulta electrónica. Se autoriza para que a la parte quejosa consulte el expediente electrónico y se le notifiquen vía electrónica los acuerdos de carácter personal, en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 9/2021, del propio Pleno del Consejo, para lo cual se le tiene señalando como usuario ********************. Notificación por lista. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que estos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio1. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.cjf. gob.mx/micrositios/DGGJ/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.1 Comunicación no procesal. No designó. Exhortación juicio en línea. Atento a lo establecido en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Formación del expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y de conformidad los numerales 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto se instruye a la oficial de partes, actuarios y secretarios que incorporen al expediente electrónico todas las constancias que reciban y generen con motivo de sus funciones, debidamente firmados con su firma electrónica FIREL, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el aplicativo institucional de firma electrónica no está autorizado para incorporar actuaciones al expediente electrónico, pues el SISE cuenta con los mecanismos para plasmar dicha firma. Formación del expediente físico. Fórmese el expediente físico solo con las constancias presentadas físicamente por las partes y con las constancias de notificación generadas físicamente, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 22, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consulta. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, que se presenten físicamente, para los efectos legales conducentes. Compensación. Para tal fin, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, tenga a bien realizarla, para lo cual, se hace de su conocimiento lo siguiente: 1. Se recibió a las cinco horas con treinta y nueve minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 2. Recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado de demandas electrónicas, asignándosele el orden 13626. 3. ********************, por conducto de ********************. 4. Sin señalamiento de tercero interesado, sin anexos y sin copias. 5. Acto reclamado: a) La deportación, retorno asistido, traslado a otras estaciones migratorias, imposición de alertas migratorias. b) La privación de la libertad, detención y retención. c) La incomuniación y tratos inhumanos. 6. Autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación Local de Janos del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chihuahua y otros. 7. Asunto urgente. Notifíquese. Así, lo acuerda y firma el licenciado José Armando Zozaya Solórzano, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua y el licenciado Hugo Roberto Vázquez Almonte, Secretario que da fe y certifica que la promoción origen de este auto y este, en sí, están incorporados al expediente electrónico. Doy fe.-
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