Yukari Yamilet Heredia Pérez
Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yukari Yamilet Heredia Pérez
- Secretario de Salud Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo que motivó la formación del presente expediente; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL PRESENTE AUTO A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE Vista la certificación secretarial de cuenta, y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que feneció el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que cumpliera con la prevención impuesta en autos, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Jorge Álvarez Banderas quien se ostenta como representante de la menor de iniciales Y.Y.H.P; lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE ESTA DATA, SE NOTIFICA EL PRESENTE AUTO Y EL DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A ,LA PARTE QUEJOSA QUE DICEN: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 1625/2021 número de orden 585/2021 de veintiocho de octubre pasado, comunicación que se envió, para que en auxilio y delegación de la justicia federal, comisionaran a quien correspondiera a fin de que notificara a la parte quejosa lo que no fue posible por los motivos que se exponen en las constancias que se anexan. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Expuesto lo anterior, y toda vez que este juzgado federal no cuenta con diverso domicilio para notificar a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, fracción a), de la Ley de Amparo, se ordena al fedatario judicial, proceda a notificarle el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por lista y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE ACUERDO Y EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA FORMA SEÑALADA Y CÚMPLASE. AUTO DE 21-10-2021 DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por por Jorge Álvarez Banderas quien se ostenta como representante de la menor de iniciales Y.Y.H.P, contra actos que atribuye al Secretario de Salud Federal y otras autoridades; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 5842021. Ahora bien, pese a que en la demanda de amparo se precisó que el acto reclamado consiste en: Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que del estudio integral de demanda la parte quejosa reclama la "omisión de aplicar la vacuna contra el COVID de la marca Pfizer Biontech a la menor de iniciales Y.Y.H.P,", cabe precisar que si bien la parte quejosa pretende hacer valer su representación en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, lo cierto es que en mismo no se encuentra en alguno de los supuestos prohibitivos establecidos en el artículo 22 constitucional, máxime que la peticionaria de amparo no refiere violación alguna al precepto legal citado. En mérito a lo anterior, es evidente que en la especie no se está en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, no le está siendo aplicado ninguno de los actos reclamados a que se refiere el citado numeral, por lo cual, se ordena proveer en cuanto al fondo, lo que conforme a derecho proceda, en el término de veinticuatro horas hábiles siguientes, dada la calidad y naturaleza de dicho libelo constitucional que se atiende. En efecto, el artículo 126 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Como se aprecia, dicho precepto, que se vincula con el artículo 15 de la propia Ley de Amparo, establece la suspensión de oficio y de plano para los casos en que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida; esto es, actos de acción o de omisión que generen un peligro de que se prive de la vida al quejoso. En opinión del suscrito juez ello no se actualiza en la especie pues la inoculación con la vacuna contra el Covid-19, constituye en un procedimiento de índole preventivo, que tiene por finalidad provocar en el cuerpo de la persona los anticuerpos necesarios para que, en caso de ser infectada por el agente patógeno, en la especie, el coronavirus Covid-19, SARS COV 2, el cuerpo lo reconozca y lo combata eficazmente, de modo que la enfermedad sea superada sin dificultades y, principalmente, que no tenga un internamiento hospitalario y menos un desenlace mortal. Empero, ello no implica que la persona que se vacune o no se vacune, necesariamente va a enfermar de coronavirus; esto es, una persona puede estar vacunada y jamás enfermar porque no resulte expuesta al virus, lo mismo ocurre en el caso contrario, esto es, cuando no esté vacunada, pues puede ser que la persona jamás enferme porque no sea expuesta al virus. Además, en casos de personas vacunadas y no vacunadas podrían tener una enfermedad con evolución similar, como es un hecho notorio que ha ocurrido. De modo tal que si bien existe un interés completamente válido en recibir la vacuna, al ser recomendada por diversas instancias médicas internacionales como el caso de los CDC del país de Estados Unidos de Norteamérica (https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html); lo cierto es que no se puede estimar que su omisión implique un peligro de privación de la vida, al tratarse, como se ha explicado de un mero procedimiento preventivo. De hecho, la OMS reconoce la eficacia de la vacuna para menores de 16 y mayores de 12 años, pero recomienda a los países no vacunar a esa población solo cuando se haya alcanzado una alta cobertura vacunal con las dos dosis en los grupos de máxima prioridad definidos en la Hoja de ruta de la OMS para el establecimiento de prioridades (https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine) y obviamente no se podría acusar a la OMS de atentar contra la vida de los menores a quienes está recomendando no vacunar cuando no exista una alta cobertura de vacunación de los otros sectores. En tal virtud, no procede la suspensión de plano y de oficio pero se toma en consideración la petición de que se suspenda el acto reclamado, para abrir el incidente de suspensión y acordar en el mismo lo conducente pues se cumple con el primer requisito para ello que es la solicitud de la parte quejosa. CONSIDERACIONES PREVIAS El artículo 112 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. A efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario precisar que el promovente Jorge Álvarez Banderas comparece al presentes en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo en representación de la menor de iniciales Y.Y.H.P; sin embargo, por los razonamientos jurídicos vertidos en párrafos que anteceden, se precisó que el acto que en esta vía se combate, no puede ser considerados por los actos que se encuentran establecidos en dicho numeral. En consecuencia, a efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario precisar, que el promovente se ostenta como representante de la menor de iniciales Y.Y.H.P, dadas las características que privan para lo presentación de resulta evidente que no fue allegado el documento con el cual el promovente pretende acreditar el carácter con el que comparece. Por tanto, dicha constancia es necesaria para cumplir con lo que impone el artículo 108, fracción I, en relación con los numerales 10 y 11, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;". "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." Sustenta lo expuesto, la Jurisprudencia 1/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." Por tal motivo, el ocursante deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional el documento idóneo con el que acredite la representación que ostenta. PREVENCIÓN. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con las siguientes prevenciones: ÚNICO. Exhiba la documental idónea con la que acredite que cuenta con el carácter de representante legal la menor de iniciales Y.Y.H.P, con el que gestiona. En apoyo a lo anterior es de invocar la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, Noviembre de 2015, Materia Común, visible en la página 732, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, abril de 2001, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." De igual forma se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión, de manera personal o por su representante legal y no por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentra ejercer la acción constitucional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito al juzgado exhortante esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. DOMICILIO PROCESAL Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Álvarez Banderas, José Gilberto Pedraza Escobar, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tienen registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones a Jorge Álvarez Rivero, Verónica Bazán Chávez, Florentino Medina Palomares Y José Luis Martínez Guzmán, por así haberlo solicitado. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, con excepción de los días inhábiles laborables que se llegaren a decretar. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el correo electrónico de cuenta al que se adjunta la boleta de turno, relativa al exhorto 1625/2021 número de orden 585/2021 de veintiocho de octubre pasado, de la que se advierte que fue turnado al Juzgado Primero de distrito en el Estado de Michoacán con sede en la Ciudad de Morelia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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