Yudith Aurora Aranda Hernández

Expediente 22/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
22/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
  • Yudith Aurora Aranda Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental... Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No lo solicitó. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, . solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: III. Las autoridades responsables: --- a) Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza (.). --- b) Congreso del Estado de Coahuila (.). --- c) El Administrador de la Administración Local de Torreón, Coahuila (sic) (.). --- IV. La ley o actos que de cada autoridad se reclama: --- a) del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, reclamo el acto de sancionar y promulgar la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila (sic), específicamente de los artículos 114, 117, 184, 185 (sic) 187 de la ley aludida. --- b) del Congreso del Estado de Coahuila (sic), reclamo la creación de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila (sic), específicamente de los artículos 114, 117, 184, 185 (sic) 187 de la aludida ley. --- c) Del Administrador de la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila (sic), reclamo la aplicación de los artículos 114, 117, 184, 185 (sic) 187 de la aludida ley de Hacienda para el Estado de Coahuila (sic). En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veinte, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 22/2020-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, por auto de once de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales, se señaló fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, que dispone lo siguiente: . SEGUNDO. Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: . Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa ., son los siguientes: Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. El proceso legislativo de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve -sanción, promulgación y creación-, específicamente, los artículos 114, 117, 184, 185 y 187, con motivo de su primer acto de aplicación, en el ámbito de su competencia. Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. ii. La aplicación los artículos 114, 117, 184, 185 y 187 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de los pagos parciales relativos al impuesto de control vehicular, determinados con las referencias . Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: . TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta a los actos atribuidos a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues los actos de ejecución que se le reclaman, no pueden ser imputados a esa autoridad, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado los preceptos legales que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 294, de rubro siguiente: . De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de la mencionada autoridad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: . CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Máxime, que las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende la existencia de las normas reclamadas; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: . Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ese numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Esa hipótesis legal encuentra su origen en la fracción I del artículo 107 constitucional, conforme con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades instruido a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1, con relación al diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo. Esos dispositivos legales disponen, en lo conducente, el objeto del juicio de derechos fundamentales, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando este acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o debido a su especial situación frente al orden jurídico. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, teniendo en cuenta que el derecho que se aduce tener, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones. De modo que, la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados en la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Si bien es verdad la reforma al artículo 107 constitucional sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, esa reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico, mediante el cual se exige al quejoso, que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se puede definir, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, el legislador estableció, en forma específica que: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque esos efectos se hubieren causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también por los propios particulares si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En suma, tratándose de este tipo de actos, como el que en la especie se analiza, es menester que la parte quejosa señale que es titular de un derecho subjetivo, y que con motivo del actuar de la autoridad, se le irroga una afectación de manera personal y directa; debiendo acreditar dicha circunstancia para que sea procedente la acción constitucional que vela el juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, para acreditar la aplicación de los artículos 114, 117, 184, 185 y 187 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, copia de los pagos parciales relativos al impuesto de control vehicular, determinados con las referencias .. documentales que se valoran en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En ese sentido, para considerar que la parte quejosa acreditó su interés jurídico para combatir la aplicación de esos preceptos, se requiere que demuestre la actualización, en su perjuicio, de las hipótesis normativas que se trata, lo que no acontece en el caso concreto. Lo anterior es así, pues en la especie, de las documentales allegadas al sumario, en forma alguna se advierte la aplicación de artículo alguno de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sino que, por el contrario, sólo se observa los pagos realizados por la parte quejosa, a título de parciales. En ese orden, es evidente que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, no obstante que los mismos son de índole heteroaplicativo, en tanto que prescindió allegar pruebas suficientes para demostrar ese cometido. Así, en el caso, si la parte quejosa no exhibió las documentales pertinentes para acreditar la aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, y la copia de los pagos parciales relativos al impuesto de control vehicular, con las referencias ..., son insuficientes para demostrar tal perjuicio, al no patentizarse la aplicación de los numerales combatidos; luego, la sola vigencia del aludido impuesto y su pago en parcialidades, en modo alguno le irroga perjuicios en su esfera jurídica. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, informe 1978, parte i, página 303, que señala lo siguiente: . Máxime, que si la norma constriñe al gobernado a una sola forma de pago, para efecto de comprobar el acto de aplicación concreto, la parte quejosa debió allegar el comprobante de dicho pago total, en el que se demuestre el acto de aplicación de las disposiciones normativas que reclama, y por ende, la afectación a su esfera jurídica. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, que señala lo siguiente: .. Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, la circunstancia que la parte quejosa hubiere manifestado que los hechos que le constan en la demanda de amparo, son "bajo protesta de decir verdad", pues ello no implica un indicio que acredite, aunque sea de manera presuntiva su interés jurídico, pues con tal circunstancia, no se le exime de la obligación de acompañar elementos de convicción que acrediten su dicho; lo que en la especie no aconteció. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, número 76, abril de 1994, página 17, que dispone lo siguiente: . Tampoco basta para tener por acreditado el interés jurídico, el hecho que la parte quejosa hubiere presentado la demanda, pues esto implica únicamente su pretensión de activar a este órgano jurisdiccional, pero no la comprobación que el acto reclamado lesione sus intereses jurídicos. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 28/90, sostenida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo v, primera parte, enero a junio de 1990, página 230, que dispone lo siguiente: . Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo.

  3. Principal

    Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de octubre de dos mil veinte. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, por el cual cumple el requerimiento formulado en autos, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio que se trata, con el cual, y las constancias anexas, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las probanzas que adjuntó, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

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