Yudiannes Borges Rodríguez

Expediente 2304/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2304/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Yudiannes Borges Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintiocho de febrero del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José Alejandro Castresana Campos en favor de Yudiannes Borges Rodríguez, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo y otra autoridad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO Ahora, en razón de que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo del mismo, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del expediente en que se actúa, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente asunto.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no ha ratificado su escrito inicial de demanda, en los términos concedidos en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés y no obstante que le fue notificado al promovente del amparo para que manifestara el lugar en el que pudiera ser notificada la directa quejosa, sin que haya hecho manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por José Alejandro Castresana Campos en favor de Yudiannes Borges Rodríguez, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo y otra autoridad. En consecuencia, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós. Dado lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las autoridades responsables dicha determinación.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio enviado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por auto de tres de febrero de la presente anualidad, remite copia de la captura de pantalla de la búsqueda en el Sistema de Seguimiento de Extranjero de la directa quejosa, de donde se desprende que no se localizó registro alguno de la directa quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya a lugar. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su oficio de cuenta, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término otorgado al promovente José Alejandro Castresana Campos, en auto de tres de los actuales, para que informara si cuenta con algún dato donde pueda ser localizado la directa quejosa Yudiannes Borges Rodríguez; ello, atendiendo que no fue localizada en el Sistema de Seguimiento de Extranjero, sin que hiciera manifestación alguna en relación al paradero de la mencionada quejosa. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido acuerdo, por lo que con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hágasele por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, la notificación correspondiente al auto de doce de diciembre del año pasado y tres de los actuales, así como las subsecuentes, hasta en tanto la citada parte señale nuevo domicilio para recibir citas y notificaciones. juicio de amparo 2304/2022 doce de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos la demanda de amparo promovida porJosé Alejandro Castresana Campos en favor de Yudiannes Borges Rodríguez, contra actos del Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Cancún, Quintana Roo y otra autoridad; en consecuencia: ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2304/2022-IV. Genérese el expediente respectivo. FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA. No pasa desapercibido que la demanda que se provee carece de firma electrónica; sin embargo, atendiendo a que en la misma se combaten algunos de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 3 del citado ordenamiento legal, no es necesario que se cumpla con dicha formalidad debido a la urgencia de los actos. OBSERVACION Hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente sumario se tramitará de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. En ese tenor, con copia de la demanda de amparo infórmese la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, hágase saber a la parte quejosa que no ha lugar a aperturar el incidente de suspensión, toda vez que no se ha admitido la demanda y respecto a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional resulta procedente la suspensión de plano de los actos reclamados. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA DETENCIÓN. Ahora, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la detención, aseguramiento, alojamiento prolongado y/o retención, que se traduce en la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que están siendo objeto la directa quejosa por parte de la autoridad migratoria; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los referidos actos reclamados para los efectos siguientes: En caso de que se hubiesen iniciado los procedimientos administrativos migratorios correspondientes, se decrete la inmediata libertad de la quejosa bajo las siguientes condiciones: -La autoridad responsable del Instituto Nacional de Migración: 1. Dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que asegure que la impetrante de amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2. Se le requiera para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este juzgador el domicilio donde puedan ser localizada, el cual deberá encontrarse en la Ciudad donde se encuentre detenido, así como los cambios que del mismo pudiera acontecer, el cual también deberá ubicarse en dicha ciudad. 3. Se indique a la quejosa que no deberá abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en que se esté llevando a cabo el trámite migratorio respectivo, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4. Se requiera a la quejosa para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, si infringen el bando de policía y gobierno o en cumplimiento a una orden de detención librada por diversa autoridad, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. INCOMUNICACIÓN,. Por otro lado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de manera inmediata cese cualquier tipo de incomunicación, de la que pueda estar siendo objeto la directa quejosa, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, se le permita la libre comunicación con sus abogados. En la inteligencia de que la seguridad y la salud del quejoso, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA DEPORTACIÓN Y/O TRASLADO De conformidad con los artículos 15 y 160 ambos de la Ley de Amparo, el efecto de la suspensión de plano es para que no se ejecute ORDEN DE DEPORTACIÓN alguna en contra de la quejosa; sin embargo, la medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables, continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso, lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto, la suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las autoridades responsables se abstengan de trasladar a la quejosa a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida del peticionario de amparo, lo cual deberá informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a su legal notificación, comunique a este órgano jurisdiccional, bajo la confidencialidad requerida, si el aquí quejoso presentó la solicitud de reconocimiento de refugiado y la etapa en que se encuentre el trámite correspondiente, así como si se ha pronunciado sobre las medidas que resulten necesarias para tal efecto, de conformidad con el numeral 21 de la Ley Sobre refugiados, Protección complementaria y Asilo Político; debiendo remitir al efecto copia debidamente certificada de las constancias conducentes. En la inteligencia, de que la comunicación oficial que al efecto se le envía, surte efectos de aviso sobre la pretensión del quejoso, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del citado numeral. Se apercibe a la autoridad de mérito, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a la autoridad responsable, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informe por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Oficio que deberá remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se hace saber a la responsable que el informe de suspensión de plano deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrá hacerlo físicamente. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, que si se niega a recibir el oficio librado en el presente juicio, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Del mismo modo, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de los quejosos si se les pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. ESTADO FÍSICO DE LA QUEJOSA. Por otra parte, toda vez que el promovente del amparo refiere que la quejosa fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, GÍRESE EXHORTO VÍA SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, realice la siguiente encomienda: 1. Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo, para que proceda a la búsqueda y localización de la directa quejosa Yudiannes Borges Rodríguez; y, una vez en su presencia, le notifique personalmente el contenido de este proveído. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentra, así como la condición de este. 3. También proceda a interrogar a la quejosa en relación a si ha sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incomunicación, y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por el mismo; o en su caso asiente lo que corresponda. 4. Finalmente, tomando en consideración que de la demanda se advierte que la directa quejosa es extranjera, deberá hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tienen derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desean que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberá hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. 5. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia en Cancún, Quintana Roo, a fin que tengan conocimiento de la suspensión de plano decretada en el presente proveído. INCOMPETENCIA. Ahora, una vez analizados los autos del juicio de amparo en que se actúa, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo anterior, tomando en consideración que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, el promovente manifestó que la quejosa fue detenida en Cancún, Quintana Roo y se encuentra alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo; por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado anteriormente, se advierte que la privación de la libertad con fines de deportación reclamada, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; esto es, en Cancún, Quintana Roo; en consecuencia, el competente para conocer del presente asunto es un Juez de Distrito con jurisdicción en dicho lugar. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en el Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, instrúyase a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite los permisos necesarios para dar acceso al expediente electrónico respectivo al homólogo federal, a efecto de que las constancias que obran en el mismo puedan ser tomadas en consideración al momento en que provea lo conducente, solicitando amable y atentamente comunique a este juzgado lo que tenga a bien determinar. RESERVA RESPECTO DEL AUTORIZADO, NÚMERO DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. Se reserva proveer respecto de los autorizados, número telefónico y correo electrónico señalados en el escrito de cuenta, hasta en tanto la directa quejosa ratifique la demanda que nos ocupa. Sin embargo, a fin de que el promovente tenga conocimiento de la presente determinación se ordena al fedatario de la adscripción notificar el presente proveído a través del correo electrónico que proporcionó en su escrito de demanda para tal efecto, hasta en tanto la directa quejosa ratifique el presente escrito de demanda. JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. COPIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídasele a las citadas partes procesales copia con evidencia criptográfica del presente auto; ello, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. juicio de amparo 2304/2022. Villahermosa, Tabasco, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; en atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretaria adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual remite diversas constancias relativas al juicio de amparo 1228/2022-, de su índice, de las que destaca el auto de veintisiete de enero de este año, en el que determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de doce de diciembre del año pasado, por las razones que expone. En consecuencia, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto y se ordena continuar con el trámite del presente juicio. Por lo que, hágase del conocimiento a las partes de la recepción de los presentes autos, realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese recibo. Se ordena ratificación de los directos quejosos Atendiendo a que la autoridad oficiante no aceptó la competencia declinada, a efecto de proveer lo conducente, se requiere a la directa quejosa Yudiannes Borges Rodríguez, para que en el lugar en el que se encuentre, y sea notificada del presente proveído, manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor por José Alejandro Castresana Campos; apercibida que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase a la justiciable para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifieste si es su deseo señalar al promovente José Alejandro Castresana Campos, como su autorizado, así como a las demás personas señaladas en el escrito de demanda; de igual manera, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; o, en su defecto, si ratifica el precisado en el escrito de demanda. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentran facultados legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; de lo contrario, se les tendrá por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Requerimiento. A fin de estar en condiciones de saber el paradero de la directa quejosa, con motivo que, de las documentales que obran en autos, se advierte que no se encontró en ninguna de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, por tanto, se requiere a la Subrepresentante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que sea notificada del presente acuerdo, informe si en la plataforma de registros a nivel nacional se encuentra información sobre el paradero de la directa quejosa Yudiannes Borges Rodríguez; es decir, si dicha persona se encuentra a disposición de una diversa Estación Migratoria del país o en su caso informe la imposibilidad que tiene para ello Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido, se le impondrá una medida de apremio consistente en MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento al promovente. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al promovente José Alejandro Castresana Campos, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezarán a computar al día siguiente al en que surta efectos su notificación informe si cuenta con algún dato donde pueda ser localizada la directa quejosa; ello, atendiendo que no fueron localizados en las Estaciones Migratorias en Cancún, Quintana Roo, donde manifestó que se encontraban. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no desahogar el requerimiento anterior y de resultar negativa la información que llegue a proporcionar la Sub-representante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, la presente determinación, así como los subsecuentes, se le notificarán por medio de lista de estrados, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Reiterando que a fin de que se entere de la presente determinación, se instruye al actuario para que notifique este auto al promovente de amparo a través de los medios señalados en la demanda, es decir correo electrónico y/o teléfono celular.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; en atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretaria adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual remite diversas constancias relativas al juicio de amparo 1228/2022-, de su índice, de las que destaca el auto de veintisiete de enero de este año, en el que determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de doce de diciembre del año pasado, por las razones que expone. En consecuencia, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto y se ordena continuar con el trámite del presente juicio. Por lo que, hágase del conocimiento a las partes de la recepción de los presentes autos, realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese recibo. Se ordena ratificación de los directos quejosos Atendiendo a que la autoridad oficiante no aceptó la competencia declinada, a efecto de proveer lo conducente, se requiere a la directa quejosa Yudiannes Borges Rodríguez, para que en el lugar en el que se encuentre, y sea notificada del presente proveído, manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor por José Alejandro Castresana Campos; apercibida que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase a la justiciable para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifieste si es su deseo señalar al promovente José Alejandro Castresana Campos, como su autorizado, así como a las demás personas señaladas en el escrito de demanda; de igual manera, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; o, en su defecto, si ratifica el precisado en el escrito de demanda. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentran facultados legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; de lo contrario, se les tendrá por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Requerimiento. A fin de estar en condiciones de saber el paradero de la directa quejosa, con motivo que, de las documentales que obran en autos, se advierte que no se encontró en ninguna de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, por tanto, se requiere a la Subrepresentante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que sea notificada del presente acuerdo, informe si en la plataforma de registros a nivel nacional se encuentra información sobre el paradero de la directa quejosa Yudiannes Borges Rodríguez; es decir, si dicha persona se encuentra a disposición de una diversa Estación Migratoria del país o en su caso informe la imposibilidad que tiene para ello Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido, se le impondrá una medida de apremio consistente en MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento al promovente. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al promovente José Alejandro Castresana Campos, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezarán a computar al día siguiente al en que surta efectos su notificación informe si cuenta con algún dato donde pueda ser localizada la directa quejosa; ello, atendiendo que no fueron localizados en las Estaciones Migratorias en Cancún, Quintana Roo, donde manifestó que se encontraban. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no desahogar el requerimiento anterior y de resultar negativa la información que llegue a proporcionar la Sub-representante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, la presente determinación, así como los subsecuentes, se le notificarán por medio de lista de estrados, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Reiterando que a fin de que se entere de la presente determinación, se instruye al actuario para que notifique este auto al promovente de amparo a través de los medios señalados en la demanda, es decir correo electrónico y/o teléfono celular.

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