Yucely Chávez Adame

Expediente 739/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Yucely Chávez Adame

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado en ese mismo día a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, Yucely Chávez Adame, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: A) La Omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo respectivo que recaiga a la promoción de fecha 6 de marzo de 2020, presentada por la suscrita ante dicha autoridad a través de mis apoderados legales con fecha 12 del mismo mes y año.. B) La omisión de la responsable de desahogar la totalidad de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 882/2011." SEGUNDO. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 739/2022, y se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se tuvo como terceros interesados a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diversos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que tiene su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de dictar el acuerdo correspondiente a la promoción que le fue exhibida el doce de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se le solicitó que señalara nueva fecha para el desahogo de la prueba de inspección en el expediente laboral 882/2011. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Sobre esa tesitura, se tiene que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar el acuerdo correspondiente a la promoción que le fue exhibida el doce de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se le solicitó que señalara nueva fecha para el desahogo de la prueba de inspección en el expediente laboral 882/2011, pues así lo aceptó la autoridad responsable al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta; certeza se corrobora con las copias certificadas que allegó a los presentes autos, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a la promoción que le fue exhibida el doce de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se le solicitó que señalara nueva fecha para el desahogo de la prueba de inspección en el expediente laboral 882/2011, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a la promoción que le fue exhibida el doce de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se le solicitó que señalara nueva fecha para el desahogo de la prueba de inspección en el expediente laboral 882/2011. No obstante ello, de la copia certificada que remitió la autoridad responsable al rendir informe con justificación, se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que, tuvo por recibido el escrito que le fue exhibido el doce de marzo de dos mil veinte; acuerdo en el que de forma literal señaló: "Chilpancingo, Guerrero, a cinco de septiembre del año dos mil veintidós. La C Lic. Celia Mayo Tadeo, Secretaria De Acuerdos del H. Tribunal De Conciliación Y Arbitraje Del Estado, tiene por recibido el escrito ante este Órgano Laboral el doce de marzo del año dos mil veinte, signado por la parte actora, deducido del expediente laboral número 882/2011, promovido por el C. YUCELY CHAVEZ ADAME en contra del H SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, con que la Secretaria da cuenta, se acuerda: el escrito de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, por cuanto hace a la solicitud hecha por la parte actora mediante su escrito de cuenta, es decir solicita que se señale fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y como de autos del expediente en que se actúa, se desprende que a un no ha sido desahogada la prueba de INSPECCIÓN en este acto se señalan las DOCE HORAS DEL DIA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, por lo que se comisiona al actuario adscrito a este Órgano Laboral para que se lleve a cabo dicha diligencia en los mismos términos y condiciones establecidos en el auto admisorio de pruebas de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece." (foja 20 de autos) La constancia antes referida, fue hecha del conocimiento de la parte quejosa mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que le fue notificado en forma personal, por conducto de su autorizado, el siete de noviembre del mismo año (foja 35 de autos). Además de lo anterior, se observa que la autoridad responsable, por conducto del actuario habilitado, desahogó el medio de prueba antes referido, el diez de noviembre de dos mil veintidós (foja 95 de autos); diligencia que se hizo del conocimiento de la parte impetrante, por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, mismo que le fue notificado en forma personal por conducto de su autorizada, el dieciséis del mismo mes y año. Por tanto, es manifiesto que el acto omisivo que reclamó la parte impetrante del amparo, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este juicio, dejó de causarle perjuicio, restituyéndola en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, la responsable emitió un acuerdo en el que, tuvo por recibido el escrito que le fue exhibido el doce de marzo de dos mil veinte, en el que realizó el pronunciamiento correspondiente y en data de diez de noviembre de dos mil veintidós, desahogo el medio de prueba aludido, dentro del expediente laboral 882/2011. En esas condiciones, es patente que tocante al acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedencia del juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento, lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada ley, mediante notificación por lista el nueve del mes y año citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 62 y 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yucely Chávez Adame, por su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio que signa la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y anexo, atento a su contenido, téngasele desahogado el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de octubre del año en curso. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y constancias que adjunta en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que, en el día de la fecha se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, desahogado el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de octubre del año en curso y se dio vista a las partes con las constancias allegadas. A fin de dar margen a que trascurra el plazo de ocho establecidos en el artículo 117 de la ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Al respecto, es aplicable la Tesis II.1o.P.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que indica: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA INICIALMENTE PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA SEÑALADA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA, DEBEN MEDIAR OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que el Juez o la autoridad que conozca del juicio de garantías biinstancial debe diferir, oficiosamente y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no presente su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar el contenido de aquél. De esa manera, si la parte quejosa no tuvo conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable con la anticipación a que se refiere el numeral en comento, es decir, ocho días, pues entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la que se programó para que de nueva cuenta tuviera verificativo mediaron menos de ocho días hábiles, es patente que la audiencia constitucional se celebró sin otorgar cabalmente al quejoso su derecho de defensa, o sea, la oportunidad de imponerse del contenido del informe con justificación y, por tanto, la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimara convenientes. Esto es, entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que se señale con motivo de su diferimiento deben mediar ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así puede el quejoso ajustarse a los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción del informe justificado, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de equilibrar procesalmente a las partes." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las partes procesales por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que está programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud de que no se ha notificado en forma personal a la quejosa Yucely Chávez Adame, el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le da vista con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Estado de Guerrero. Por ello, se instruye al Actuario que corresponda conocer del presente asunto para que de inmediato realice la notificación del acuerdo señalado en párrafos que preceden, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para dar margen a que la quejosa Yucely Chávez Adame, tenga conocimiento cabal del acuerdo antes referido y no violentar su derecho de adecuada defensa, la audiencia constitucional fijada para este día, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que resultan necesarias algunas constancias, relativas a la admisión y desahogo de pruebas, dado que la parte quejosa entre otros actos, reclamó la omisión de la responsable de desahogar la totalidad de los medios probatorios admitidos en el expediente laboral 882/2011, de su índice, para emprender el análisis de los actos reclamados del presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita ante este juzgado federal copias debidamente certificadas del auto admisorio de pruebas, así como, las constancias mediante las cuales se hayan desahogado aquellas y de las que se pueda desprender cuáles no han sido recepcionadas; actuaciones relativas al expediente laboral número 882/2011, de su índice. Con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído al tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.

  4. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por Manuel García Guatemala, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngase desahogada la vista dada en proveído de uno de agosto del año en curso, y hechas sus manifestaciones, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración, una vez que este Juzgado Federal se pronuncie si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, respecto a su solicitud respecto al Incidente de Inejecución de sentencia; dígasele que por el momento no ha lugar, una vez que este juzgado federal determine si se encuentra o no cumplida la sentencia.

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