Yucelis Coromoto Vicent Chiramo y Otros.
Expediente 789/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- Yucelis Coromoto Vicent Chiramo y Otros.
- Yucelis Coromoto Vicent Chiramo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
NPQ. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se consideró que la parte quejosa ha sido omisa en desahogar los requerimientos realizados a fin de conocer el paradero de las personas directas quejosas, asimismo, que la totalidad de las autoridades requeridas han sido coincidentes en afirmar que luego de realizar una búsqueda exhaustiva en las bases de datos con que cuentan, no han encontrado información relacionada con los directos quejosos, y derivado de que este órgano jurisdiccional hasta donde lo faculta su competencia ha indagado respecto de las cuestiones migratorias y el paradero de las personas directas quejosas, requirió al representante de los directos quejosos para que dentro del término allí establecido, informara el estado actual en relación con el paradero de las personas cuyos intereses representa, así como su estatus en lo que ve a los aspectos de orden migratorio. Lo anterior, se hizo bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada su demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; ello, con base en las consideraciones apuntadas en el sentido de que este Juzgado Federal agotó la búsqueda correspondiente, sin que se tuviera éxito en cuanto al paradero de los directos quejosos, ni se hubiera ratificado la presente demanda. Sin embargo, en una nueva reflexión, la suscrita resolutora estima conveniente no hacer efectivo el apercibimiento, pues analizada la manera en que se han desarrollado las actuaciones en el presente juicio, se estima que los actos combatidos no son meramente administrativos, sino que existen elementos de los que se desprende que posiblemente los directos quejosos pudieran ser víctimas del delito de desaparición forzada a que aluden los numerales 27 y 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Conclusión a la que se arribó tomando en cuenta las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, específicamente las que se destacan a continuación: 1) El diecisiete de junio de dos mil veintitrés, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ******************** y la persona menor de edad ********************, señalando como actos reclamados los siguientes: "A.- La detención de los quejosos por más de treinta y seis horas; así como el estado de Incomunicación en que mantienen a los quejosos, con quienes no se ha tenido ningún tipo de comunicación desde el pasado 13 de junio de 2023. B.- Los actos de omisión por parte de las autoridades migratorias señaladas como responsables de respetar, proteger y garantizar el derecho de contar con una representación legal, toda vez que las responsables desde la detención del quejoso o desde que fueron puestos a su disposición, no le han permitido entrevistarse con abogado o defensor o persona de confianza que los asista en cuanta diligencia y/o comparecencia intervengan, sin facilitarle los medios y/o la posibilidad de comunicarse con abogado o persona que represente a la quejosa, sin informarle la razón o motivo de su detención. C.- Los actos tendentes a trasladar o mover a los quejosos a cualquier otra estación migratoria o estancia provisional en cualquier otro Estado de la República Mexicana, sin juicio previo, por y/o bajo cualquier figura empleada por las responsables, ya que es de mi conocimiento que las responsables pretenden trasladar a los quejosos. D.- Los actos de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar al quejoso a abandonar territorio nacional, sin juicio previo, sin ser oído y vencido y sin cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento." En atención a los actos reclamados, en el mismo acuerdo se decretó la suspensión de plano de todo acto que ocasionara la deportación o expulsión de las personas directas quejosas, asimismo, para que cesaran los actos de incomunicación y se suspendiera cualquier orden de detención, deportación, expulsión o extradición del territorio nacional de la que pudieran ser objeto y queden en las instalaciones de la dependencia, unidad, instituto o en el lugar donde se hallase, pero a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiere a su libertad personal. 2) Por auto de dieciocho de junio de esta anualidad, se recibió la razón de imposibilidad levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional federal, de la que se desprendió que la funcionaria, una vez constituida en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y posteriormente en la Delegación Local de ese Instituto Nacional en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, fue informada en ambos recintos que las personas buscadas no se encontraban ahí, aunado a que en la base de datos de las personas que ingresan a dichos alojamientos no se encontraron registros a nombre de las personas directas quejosas, asimismo, que recorrió las instalaciones de dichas oficinas sin obtener resultados favorables. En razón de ello, se dio vista a la parte quejosa con su contenido, a fin de que manifestara lo que a su interés resultara conveniente sobre lo expresado en la razón actuarial referida, misma que el representante de las directas quejosas omitió desahogar, lo que se asentó en auto de veinte de julio siguiente. 3) Posteriormente, en auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se recibieron diversos oficios, mediante los cuales las autoridades señaladas como responsables rindieron el informe sobre la suspensión de plano que les correspondía, en el sentido de negar el acto que se les atribuyó y no contar con datos sobre el paradero de los directos quejosos; actuación respecto de la cual se dio vista a las partes para los efectos legales conducentes. 4) Ante tal cuestión y en aras de contar con mayores elementos respecto al paradero de las personas directas quejosas ******************** y del infante ********************, el veintiuno de junio siguiente, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, así como tomando en cuenta que se encuentra involucrado un menor de edad, se solicitó colaboración de diversas autoridades para que realizaran una consulta en sus respectivas bases de datos y de ser el caso, proporcionaran la información con la que contaran respecto del paradero de las quejosas precisadas. Ante tal cuestión, las autoridades requeridas informaron lo que a continuación se detalla: Autoridad Sentido del informe Fiscalía General del Estado de Querétaro No encontró resultados (foja 68) Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República. No encontró resultados (foja 140) Comisionado del Instituto Nacional de Migración. No encontró resultados (foja 120) Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. No encontró resultados (foja 94) Coordinación del Programa Especial de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No encontró resultados (foja 70) Sin que pase inadvertido que la Coordinación del Programa Especial de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitó a este órgano jurisdiccional que proporcionara mayor información para la investigación del paradero de las personas directas quejosas -tal como media filiación, señas particulares y fotografías-, por lo que se solicitó al accionante en su calidad de representante de los directos quejosos, que proporcionara dicha información, en aras de abonar mayores elementos para indagar sobre el paradero de dichas personas, sin que éste haya proporcionado información alguna, no obstante haber sido debidamente notificado, tal como obra de las constancias que integran el presente juicio, cuestión que fue asentada en auto de veinte de julio siguiente, y se hizo del conocimiento de la Coordinación del Programa Especial de Personas Desaparecidas solicitante. Bien, una vez precisadas las actuaciones realizadas en el presente procedimiento, esta Juzgadora considera, como se adelantó, que existe la posibilidad de que los directos quejosos pudieran ser víctimas del delito de desaparición forzada a que aluden los numerales 27 y 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues la parte promovente aludió al estado de incomunicación de los directos quejosos desde el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Ahora, es pertinente señalar que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito." En ese sentido, de dicho comunicado se advierte que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, se modificó la competencia de este órgano jurisdiccional, para especializarse en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales conforme a los artículos 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, del artículo 3 del acuerdo en mención, se desprende lo siguiente: "(.) Artículo 3. Los Juzgados de Distrito que se especializan en materia penal, conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 51 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los Juzgados de Distrito que se especializan en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales conocerán de los asuntos que se indican en los diversos artículos 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (.)" Además, es necesario traer a contexto el contenido del numeral 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" Como se advierte de los numerales en cita, los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actuaciones del orden penal, como en el caso, sería tratándose del delito de desaparición forzada de personas. Ahora, del contenido del primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se desprende: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." El precepto legal citado, faculta al juzgador para remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea necesario decidir sobre la admisión, y al tratarse sobre actos de los que regula el normativo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano en su momento proveyó sobre la suspensión del acto reclamado. Además, debemos tomar en cuenta lo que dispone el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. (.)" Atento lo anterior, es de tomarse en cuenta que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción 83/2019, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, Décima Época, registro digital 2021413, de contenido siguiente: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Ello se destaca porque se advierte la existencia del juicio de amparo 611/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que fue promovido en favor de los directos quejosos ******************** y el menor de edad ********************, lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente, por ser datos obtenidos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En dicho sumario por auto de once de agosto de dos mil veintitrés, ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto. Bajo ese contexto, se concluye que este Juzgado Federal es INCOMPETENTE por razón de materia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al presumirse que pudiera tratarse del delito de desaparición forzada de personas; luego, estima que, acorde con lo que dispone el artículo 37 de la ley de la materia que señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, así como de acuerdo con el criterio sentado en la jurisprudencia 83/2019, y advirtiendo que existe un diverso juicio de amparo tramitado en favor de los directos quejosos antes autoridades jurisdiccionales en materia penal en la Ciudad de México, el competente por razón de territorio para conocer del presente asunto es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En las anotadas condiciones, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, la turne al órgano jurisdiccional competente, y acuse el recibo correspondiente.
- Principal
NPQ. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades señaladas como responsables, así como las requeridas en auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, informaron que no encontraron en sus respectivas bases de datos, información relativa al paradero de las personas directas quejosas ****., por lo que se provee: Por lo antes expuesto, es que resulta necesario requerir al representante de las personas directas quejosas para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que derive del presente proveído, para que informe a este órgano jurisdiccional el estado actual de que tenga conocimiento respecto de las personas cuyos intereses representa en el presente asunto, así como su estatus en lo que ve a los aspectos de orden migratorio. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención en el plazo señalado para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; ello, en virtud de haber agotado la búsqueda correspondiente, sin que se tuviera éxito en cuanto al paradero de los directos quejosos, ni se ratificara la presente demanda, aunado a que no se puede soslayar el desinterés de los promoventes en el presente asunto pese a los diversos requerimientos efectuados.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión, procedente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual, en atención a lo solicitado en auto de veintiséis de julio pasado, informa que concedió el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 611/2023-1-B, de su estadística; de lo que se toma conocimiento.
- Principal
Vista la certificación de la cuenta, se advierte la existencia del juicio de amparo 611/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como el diverso 1006/2023 de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ambos promovidos en favor de los directos quejosos Yucelis Coromoto Vicent Chiramo y el menor de edad M.E.N.V., lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente, por ser datos obtenidos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Solicitud de acceso a expediente electrónico. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, solicítese de la manera más atenta a los homólogos federales, que de no tener inconveniente, ordenen a quien corresponda, permitir el acceso a los expedientes electrónicos de los juicios de amparo precisados en el párrafo que antecede, para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo cual resulta necesario para allegarse de mayores elementos a fin de proveer lo conducente en el presente asunto. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que en diversas ocasiones se ha intentado entablar comunicación con quien representa los intereses de los directos quejosos a fin de darle a conocer el estado que actualmente guarda el presente juicio. Ello, en virtud de que el dieciocho de junio del año en curso, se le dio vista para que manifestara lo que a su interés resultara conveniente respecto de la razón de imposibilidad levantada por la actuaria de la adscripción al no haber encontrado a los directos quejosos en las instalaciones a las que se le ordenó acudir para que se ratificara la demanda de amparo; sin que se advierta que hubiera desahogado dicha vista. Posteriormente, el veintiocho de junio de esa anualidad se le requirió para que allegara mayores elementos a fin de investigar el paradero de los directos quejosos, en lo que respecta a la competencia de este órgano jurisdiccional, sin que hubiese cumplido con tal requerimiento. Aunado a ello, de la propia certificación se advierte la existencia de diversos juicios de amparo tramitados en favor de los directos quejosos antes autoridades jurisdiccionales en la Ciudad de México, por lo cual, se hace necesario esclarecer el estado en que actualmente se encuentran las personas directas quejosas Yucelis Coromoto Vicent Chiramo y el menor de edad M.E.N.V. para estar en condiciones de proveer lo conducente. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en los artículos 15, párrafo segundo y 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al autorizado en términos del numeral 12 de la ley de la materia Martín Guadiana Salinas y a Roberto Enrique Núñez quien acude en representación de los directos quejosos, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que derive del presente proveído, informen a esta Juzgadora Federal el estado en que actualmente se encuentran las personas directas quejosas Yucelis Coromoto Vicent Chiramo y el menor de edad M.E.N.V., asimismo, si existe alguna circunstancia que modificó las circunstancias en que se promovió el presente juicio de amparo, pues se advierte la tramitación de diversos juicios de amparo ante otras autoridades jurisdiccionales del orden penal y administrativo. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en los artículos 55, 57, 58, 60 a 62 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como 26, fracción IV y 30, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del presente acuerdo electrónica al usuario "marting", señalado por los representantes de las personas directas quejosas, para que desahoguen el requerimiento antes formulado. Apercibimiento. Se apercibe al autorizado de la parte quejosa que de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado, o bien, no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, el decidirá sobre la continuación del presente juicio únicamente con base en la información que obra en autos. Notifíquese.
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