Ysidro Martínez Mendoza

Expediente 563/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
563/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ysidro Martínez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda Vista la certificación que antecede, se advierte que concluyó el plazo de cinco días hábiles concedidos al promovente en acuerdo de siete de noviembre dos mil veintitrés, para que aclarara su demanda de amparo; sin que cumpliera con la prevención que se le formuló. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente. ..

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 563/2023 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda Vista la certificación que antecede, se advierte que concluyó el plazo de cinco días hábiles concedidos al promovente en acuerdo de siete de noviembre dos mil veintitrés, para que aclarara su demanda de amparo; sin que cumpliera con la prevención que se le formuló. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente. ..

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe escrito Se recibe el escrito de cuenta signado por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución del certificado de derechos sobre tierra de uso común, que anexó en su escrito inicial de demanda. En este tenor, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado; toda vez que, como se desprende de la certificación de cuenta, el documento a que hace referencia y que obra agregado en autos, fue exhibido en copia simple. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de Amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ysidro Martínez Mendoza, contra actos que reclama de la Asamblea Ejidal del Ejido Miramar del Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 563/2023. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente físico y electrónico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará, únicamente, con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el presente juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Prevención Ahora bien, previo a proveer lo conducente, resulta importante destacar lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Precepto del que se sigue, que en los casos en que se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, o bien, se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, surge la obligación del órgano jurisdiccional de requerir al promovente, que aclare su demanda, señalando con precisión las deficiencias, irregularidades u omisiones que se observen. En ese sentido, es necesario destacar el contenido del citado artículo 108, pues establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otra parte, cabe destacar que la parte promovente designa como autoridades responsables, a las siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a) En su carácter de ordenadora: La Asamblea Ejidal del Ejido Miramar del Municipio de Xilitla S.L.P. (.) B) EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA 1.- El comisariado ejidal del Ejido Miramar compuesto por el Presidente del mismo el C. ALBERTO SANCHEZ TORRES, el Secretario FIDEL ZEPEDA HERNÁNDEZ y el Tesorero APOLINAR ZEPEDA MEDINA. 2.- El Consejo de vigilancia el C. ANASTACIO GONZALEZ OLGUIN 3.- El Juez Auxiliar C. MOISES GARCIA MENDEZ Todos ubican su domicilio ampliamente conocido en el citado núcleo agrario. IV.- ACTOS RECLAMADOS De la responsable ordenadora: La orden de desocupación del predio ubicado en tierras de uso común y que he venido ocupando desde 1984 y oficialmente desde el 13 de Enero del 2005, como se acredita con el CERTIFICADO DE DERECHOS SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN otorgado al suscrito YSIDRO MARTINEZ MENDOZA por instrucciones del entonces presidente de México Vicente Fox Quesada y el cual se encuentra identificado con el NO. 000000067668 y que me autoriza para el disfrute y aprovechamiento de esas tierras, otorgándoseme para tal efecto una superficie de dos hectáreas; dos áreas y 6 centiáreas y que cuenta con las siguientes medidas y colindancias. Al norte en cuatro líneas: la primera de 42.05 metros; la segunda 21.43 metros; la tercera 38 metros; la cuarta 46.5 metros; y linda con el C. APOLINAR CEPEDA MEDINA. Al sur en 90.55 metros y linda con Otilia del Pino Al oriente en cuatro líneas; la primera 20.69 metros y; la segunda 33.54 metros; la tercera 62.26 metros y linda con el C. IGNACIO CHAVEZ LUCAS y la cuarta 80.30 metros y linda Petronilo Lucas Ramos. Al Poniente: entre tres líneas: la primera de 32.81 metros; la segunda 38.39 metros y la tercera 88.19 metros y lindas con terreno de uso común. De las Responsables Ejecutoras: La ejecución de la orden de desocupación ordenada por la responsable ordenadora del predio ya descrito y en el cual estoy posesionado. Los constantes allanamientos al predio ya descrito en el proemio de la presente demanda de la cual soy posesionario y el hostigamiento respecto de la posesión tengo del mismo." (sic) De lo anterior, se advierte que el amparista reclama como acto destacado la orden de desocupación emitida por la autoridad responsable ordenadora, Asamblea Ejidal del Ejido Miramar del Municipio de Xilitla San Luis Potosí. Sin embargo, cabe precisar que la asamblea de ejidatarios no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues es la máxima autoridad ejidal y tiene conferidas diversas facultades, en las que puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho; al ser el órgano supremo del ejido, tiene facultades para decidir sobre cuestiones importantes para el núcleo de población; sin embargo, para los efectos del juicio de amparo, no ostenta el carácter de autoridad responsable, ya que sus determinaciones son obligatorias únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. Apoya lo anterior la Tesis VI.2o.A.45 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro 183607, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1697, Novena Época, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS." Motivo por el cual, la asamblea de ejidatarios no es una autoridad y, por ende, tampoco puede serlo para los efectos del juicio de amparo, porque carece de imperio y coercitividad para ejecutar sus propios acuerdos o llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones. Por lo que, se estima procedente prevenir a la parte quejosa en los términos que se precisarán, en párrafos subsecuentes. Por otra parte, el amparista, no precisa qué acto o actos le reclama a cada una de las autoridades ejecutoras; esto es al Consejo de Vigilancia, Anastasio González Olguín; y, al Juez Auxiliar, Moisés Gracia Méndez. Por lo que se estima necesario contar con esa información para, en su caso, integrar correctamente la litis constitucional. Asimismo, el promovente refiere que constantemente allanan su propiedad y es víctima de hostigamiento. Sin embargo, no precisa si también reclama el allanamiento; así como el hostigamiento del que, según sus manifestaciones, es víctima constantemente ni a que autoridad se la demanda; por lo que se considera que el quejoso debe establecer si también reclama el allanamiento, así como el hostigamiento a que hace referencia en su escrito de demanda; y, en su caso, a qué autoridad. Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, no precisa los efectos para los cuáles lo solicita; ello es así, pues, únicamente, refiere que le asiste la apariencia del buen derecho, y con su concesión no se causa perjuicio al interés social, ni contraviene disposiciones de orden público; y, que de no otorgársela, le causaría un daño de forma irreparable. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste si insiste en señalar como autoridad responsable a la Asamblea ejidal del Ejido Miramar del municipio de Xilitla, San Luis Potosí. Además deberá precisar qué acto o actos le reclama al Consejo de Vigilancia, Anastasio González Olguín, y al Juez Auxiliar; Moisés Gracia Méndez. De igual manera, deberá establecer si reclama el allanamiento al predio ya descrito en párrafos que anteceden, del cual es posesionario; y, en su caso, a qué autoridad se lo demanda. Asimismo, precise, si también reclama el hostigamiento del cual refiere es objeto; y, en su caso, a qué autoridad se lo demanda. Hecho lo cual, en su caso deberá bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de dicho acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. También deberá precisar para qué efectos requiere la suspensión solicitada. Se hace del conocimiento de la parte promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo tiene prevista la imposición de una pena de dos a seis años de prisión; y, multa de treinta a trescientos días, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirma hechos falsos u omite los que le consten en relación con el acto reclamado; además, que las personas que se conducen con falsedad o rinden un testimonio falso ante la autoridad judicial incurren en delito de falsedad de declaraciones judiciales, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal, por el cual se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa. En la inteligencia que lo aquí prevenido debe desahogarse en forma personal por el promovente y no por su autorizado. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007285, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (.)." Apercibimiento Se apercibe al promovente de amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos descritos dentro del plazo concedido para ello, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio Por otra parte se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que proporciona en su escrito de demanda. Autorizados Se autoriza a Saúl Muñoz Juárez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Por otro parte, se autoriza, únicamente, para recibir notificaciones, imponerse de autos y recibir documentos a Francisco José Juárez Aguilar, toda vez que no proporcionó su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Acceso al expediente electrónico Toda vez que el promovente solicita acceso al expediente electrónico del juicio y proporciona el usuario electrónico "Samuju74", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta electrónica del expediente, mediante ese usuario. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte promovente que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del sub-vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del citado Portal o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Ello, en atención a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263 fracciones I y II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Uso de medios electrónicos Por otra parte, dígasele a las partes que única y exclusivamente, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, para obtener imágenes de constancias que debido a su volumen superen el máximo de capacidad que soporta la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y que no haya sido posible digitalizarlos para agregarlos al expediente electrónico, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior, siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA" Notifíquese personalmente.

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