Ysabel de los Santos Morales
Expediente 1603/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Ysabel de los Santos Morales
- Secretario de Finanzas Y Administracion del Gobierno del Estado de Guerrero, En Su Carcater de Coordinador de la Honorable Comisión Permanente de Servidores Públicos Hacendarios del Estado de Guerrero
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de cinco a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en el diverso artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso b), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa ********************, en su carácter de Presidenta Municipal, ********************, en su carácter de Sindica Municipal y por ********************, en su carácter de Tesorero Municipal, todos del Concejo Municipal Comunitario del Órgano de Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, personalidad que acreditan en términos de las documentales que para tal efecto exhiben, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en su carácter de Coordinador de la Comisión Permanente de Servidores Públicos Hacendarios del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1603/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C" encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: La negativa del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en su carácter de Coordinador de la Comisión Permanente de Servidores Públicos Hacendarios del Estado de Guerrero, para dar contestación al oficio RMC/595/2022, de veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentado ante dicha responsable el veintitrés del mismo mes y año, a través del cual impugna el contenido del diverso DGT/DC/APFM/039/MAL8001016Y0/2022, por el que le informan la retención de la cantidad de $259,838.22 (doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 22/100 moneda nacional) correspondientes a su fondo general. En efecto, esta juzgadora federal considera que respecto a los actos reclamados por los promoventes se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1, párrafo primero, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes a actos de la autoridad que violen las garantías individuales [.]" Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 5, en comento, y 103, de la Ley Suprema. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Del tercero de los normativos trascritos se desprende que para efectos de los juicios de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Por lo que la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República. Así, el Máximo Tribunal del País ha establecido que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. A partir de tal conclusión, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Así, para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, página treinta y nueve, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que generalmente contempla la posibilidad de que el incumplimiento de una de las partes de lugar a que su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Robustece lo anterior, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, las relaciones de coordinación consisten en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la negativa del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en su carácter de Coordinador de la Comisión Permanente de Servidores Públicos Hacendarios del Estado de Guerrero, para dar contestación al oficio RMC/595/2022, de veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentado ante dicha responsable el veintitrés del mismo mes y año, a través del cual impugna el contenido del diverso DGT/DC/APFM/039/MAL8001016Y0/2022, por el que le informan la retención de la cantidad de $259,838.22 (doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 22/100 moneda nacional) correspondientes a su fondo general. En ese tenor, debe señalarse que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en su carácter de Coordinador de la Comisión Permanente de Servidores Públicos Hacendarios del Estado de Guerrero, no es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose del ejercicio de derecho de petición hecho valer por los impetrantes en relación con la negativa de dar contestación al oficio RMC/595/2022, de veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentado ante dicha responsable el veintitrés del mismo mes y año, ya que se advierte que la relación existente entre la mencionada autoridad y los ahora quejosos, es entre autoridades, en un plano de coordinación sin que se constituya una relación de supra a subordinación. Así, respecto de la negativa de la responsable para dar contestación al oficio RMC/595/2022, que refieren los promoventes del amparo devienen de acuerdos de voluntades pactados entre la administración pública estatal y los representantes del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ahora quejoso. Por lo tanto, si bien es cierto que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, es un es un organismo de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio con el objeto de administrar el presupuesto del Estado de Guerrero, no por eso puede afirmarse que la relación entre la parte promovente en torno al derecho de petición corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación entre autoridades. Esto es así, porque, en el caso que nos ocupa la negativa de dar contestación al oficio RMC/595/2022, implica que la referida autoridad responsable y los promoventes tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes tratándose del ejercicio de derecho de petición hecho valer por la parte quejosa no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés de la entidad pública estatal y el municipal. Es aplicable la jurisprudencia P./J.42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Tomo XIII, Abril de 2001, página 126 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". En tales condiciones, los actos reclamados en estudio, no pueden ser considerados como actos de autoridad susceptibles de analizarse mediante el juicio de amparo. Por tanto, es evidente que una autoridad municipal jurídicamente no puede combatir o reclamar el derecho de petición a otra autoridad estatal, pues el artículo 8 constitucional, lo que salvaguarda es la prerrogativa entre una autoridad y un gobernado. En esa tesitura, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el diverso arábigo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, así como el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a ********************toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así por cuanto hace a ********************, por no cumplir con el requisito anterior. Con apoyo en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. En términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como son un correo electrónico o teléfono móvil; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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