Yrvin Linconl Colorado Ramón
Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Yrvin Linconl Colorado Ramón
Actuaciones
- Principal
MESA 5.-Villahermosa, Tabasco, siete de diciembre de dos mil veinte. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de medidas de protección de uno de diciembre de dos mil veinte, relativo a la carpeta de investigación CI-FVSV-780/2020, con las que aduce da cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Karla Hernández Mancera, quien autoriza y da fe.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el quince de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Yrvin Linconl Colorado Ramón, en representación de su menor hija de identidad reservada M.F.C.V.; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a Mixdali Lizbeth Álvarez Isidro, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad del Municipio de Centro, Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación FVSV-780/20220 y en su lugar dicte otro en el que reitere lo que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la petición de imponer medidas de protección; mismo que deberá estar fundado y motivado, tomando en cuenta lo señalado en el considerando anterior. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal de Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvase a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad del Municipio de Centro, Tabasco, autoridad señalada como responsable, la copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación FVSV-780/2020, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del quince de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 746/2020-5, promovido por Yrvin Linconl Colorado Ramón, en representación de su menor hija de identidad reservada M.F.C.V. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo, consistente en el acta de nacimiento de la menor con identidad reservada, asimismo, se da cuenta con la copia certificada de las diversas constancias que integran la carpeta de investigación FVSV-780/20220, del índice de la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en situación de Vulnerabilidad del Municipio de Centro, Tabasco, mismas que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 746/2020-5, promovido por Yrvin Linconl Colorado Ramón, en representación de su menor hija de identidad reservada M.F.C.V., contra actos del Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en situación de Vulnerabilidad del Municipio Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 20 apartado C, 21, 94 párrafo décimo, 102 A y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta y uno siguiente, Yrvin Linconl Colorado Ramón, en representación de su menor hija de identidad reservada M.F.C.V., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "(.) reclamo la determinación establecida en el punto III del acuerdo de fecha 22 de Agosto del 2020 mismo que me fue notificado el día 25 de Agosto del año 2020, en relación a la negativa de otorgar las Medidas de Protección consistentes en: las contenidas en el artículo 137 fracciones I, II, V, VII, VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de mi menor hija de identidad reservada " A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en situación de Vulnerabilidad del Municipio Centro, Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 746/2020-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El punto III del acuerdo de veintidós de agosto del presente año, emitido por la autoridad responsable en la carpeta de investigación CI-FVSV-780/2020, en el que se niegan las medidas de protección solicitadas. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en situación de Vulnerabilidad del Municipio Centro, Tabasco al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y remitió constancias de la carpeta de investigación CI-FVSV-780/2020, de su índice; documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para resolver el presente es menester señalar los siguientes antecedentes: 1.- El veintidós de julio de dos mil veinte, Yrvin Lincoln Colorado Ramón denunció a Jairo Alejando Sánchez Ramírez -ciudadano mayor de edad y en adelante el investigado-, por el delito de pederastia cometido en agravio de la menor de identidad reservada M.F.C.V., por lo que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en situación de Vulnerabilidad del Municipio Centro, Tabasco, inicio la carpeta de investigación FVSV-780/2020 (fojas 7 a 13 del tomo de pruebas). Al hacer la citada denuncia, la aquí parte quejosa informó que el nueve de julio de dos mil veinte, su menor hija de identidad reservada M.F.C.V., se había fugado con el investigado siendo localizado en el interior de un autobús que se trasladaba a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, motivo por el cual levantaron un acta de caución no molestar ante el juez calificador del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en la cual Jairo Alejando Sánchez Ramírez se comprometió a no molestar a su menor hija de identidad reservada M.F.C.V.; documento que anexó a su denuncia (fojas 19 a 21 del tomo de pruebas). Asimismo, la parte quejosa señaló que el diecinueve de julio de dos mil veinte, el investigado le enviaba mensajes a la menor de identidad de identidad reservada M.F.C.V., en los que le pedía que le enviara fotografías de su cuerpo desnudo. 2.- Luego, el veintinueve de julio de dos mil veinte, la menor de identidad de identidad reservada M.F.C.V., compareció a la entrevista, en la que señaló que tenía catorce años de edad; asimismo, señaló que tuvo una relación sentimental con el investigado, con el que se escapó el día nueve de julio de dos mil veinte y que en el transcurso fue interceptada por su familia; asimismo, señala que de forma voluntaria ha enviado fotos de su cuerpo al investigado y manifestó que ya no tenia contacto con el investigado, dado que su familia le había retirado su teléfono celular y Tablet (fojas 41 a 47 del tomo de pruebas). 3.- Seguido de lo anterior, el tres de agosto de dos mil veinte, se realizó un examen médico ginecológico, proctológico y de lesiones a la menor, cuyo dictamen médico demostró que no tenía lesiones traumáticas recientes extragenitales, paragenitales ni genitales que clasificar, himen de la variedad coroliforme, elástico y distensible que permiten la cópula sin romperse y proctológicamente normal (fojas 49 a 51 del tomo de pruebas). 4.- Luego, el cinco de agosto de dos mil veinte, se realizó un examen psicológico a la menor, en el que la experta concluyó que los rasgos encontrados, así como su sintomatología, son propios de su personalidad y de la etapa de adolescencia en la que se encuentra y que no presentaba alteración en su estado emocional, en relación al hecho que originó la denuncia (fojas 55 a 59 del tomo de pruebas). 5.- Posteriormente, la aquí parte quejosa solicitó que se emitieran medidas de protección para salvaguardar la integridad de la menor y en auto de catorce de agosto de dos mil veinte la autoridad responsable determinó no emitir medidas de protección, en virtud de que no existían indicios que indicara la existencia de algún tipo de violencia en contra de la menor de edad y porque ella refirió que el investigado no la obligó a realizar ningún tipo de conducta y que fue su voluntad escaparse con el referido. 6.- Después, por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, por la aquí parte quejosa ante la autoridad responsable, solicitó nuevamente que se impusieran medidas de protección a favor de su menor hija y su familia, entre otras peticiones (fojas 91 a 115 del tomo de pruebas). Al respecto, en proveído de veintidós de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable determinó negarlas, por no existir datos que permitieran inferir que la menor se encuentre en riesgo. Determinación que es en el presente asunto el acto reclamado (foja 283 del tomo de pruebas). SEXTO. ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora bien, la parte quejosa en su único concepto de violación señala que para estimar satisfecha la garantía de fundamentación que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que hace al acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan las facultades a la autoridad emisora, en las que apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión porque se traduciría en que se ignorara si el proceder de la autoridad y en consecuencia si esta o no ajustado a derecho. Es fundado su concepto de violación, aun y cuando para ello deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracciones II y III, inciso a) de la Ley de Amparo, en razón de las siguientes consideraciones. En primer término, se estima pertinente señalar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica se reconocen en los artículos 14, párrafo segundo y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra señalan: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De los artículos transcritos, se desprende que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, que funde y motive su determinación y una vez que se cumplieron las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica. Así, del artículo 16 constitucional, se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que debe citarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo, que debe expresarse las razones, motivos o circunstancias especiales que se hayan tenido en cuenta para la emisión de un acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 166, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." De lo anterior, se colige que la autoridad responsable debe citar los preceptos legales aplicables al caso y precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para emitir su determinación, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, pues se reitera, en el caso concreto se deben de configurar las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse su relación. Por ello, a fin de que la autoridad cumpla con la obligación constitucional de fundar y motivar su determinación, es insuficiente que invoque un precepto legal, sino que además debe existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma invocada. Por otra parte, el artículo 131, fracción XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como una obligación del Ministerio Público: promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente. Cabe señalar que el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Del citado artículo se desprende que para ordenar una medida de protección, el Ministerio Público debe actuar bajo las siguientes directrices: a) Debe analizar si el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido; b) De considerarlo, debe decretar la aplicación de una medida idónea; c) Dicha orden de protección debe estar fundada y motivada; y, d) La determinación de la providencia está sujeta a su más estricta responsabilidad. En ese orden de ideas, el Ministerio Público debe determinar si se actualiza un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido; entendiéndose ello, de forma ejemplificativa y no restrictiva, la posibilidad real, el peligro o contingencia de que se produzca un daño a su esfera jurídica. Por lo que para determinar si existe el riesgo inminente y cuál es la medida idónea, la autoridad debe analizar las circunstancias, los efectos que produzcan éstas, las constancias con que cuente y, de ser posible y necesario, allegarse de los elementos que le permitan concluir cuál sería la providencia apropiada para erradicar el riesgo contra la seguridad de la víctima u ofendido. La determinación que tome el Ministerio Público debe estar debidamente fundada y motivada, no sólo como cualquier acto de autoridad -en observancia del artículo 16 constitucional- en el que debe existir concordancia entre las razones otorgadas y los preceptos aplicables, sino que, además debe estar debidamente fundada y motivada la actualización de los dos elementos antes referidos: el riesgo y la idoneidad. Dicha fundamentación y motivación debe imperar en cualquier determinación que tome respecto a las medidas de protección, ya sea al negar la solicitada, al concederla, o al ordenar una distinta a la que le fue peticionada. Lo anterior es así, porque de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Federal el Ministerio Público debe garantizar la protección de las víctimas. Ahora bien, en el presente asunto el acto reclamado es el punto III del acuerdo de veintidós de agosto del presente año, emitido por la autoridad responsable en la carpeta de investigación CI-FVSV-780/2020, en el que se niegan las medidas de protección solicitadas; el cual se transcribe para mejor referencia: "III. Con respecto a la insistencia de que se expida por parte de ésta Autoridad, medidas de protección a favor de su hija menor de edad, así como de familia; se reitera que no existen datos que permitan inferir que la integridad de su hija de iniciales M.F.C.V se encuentre en riesgo eminente; por ello, en caso de que si cuente con datos que permitan sustentar dicha amenaza, deberá hacerla de conocimiento de ésta Autoridad, para evaluar la pertinencia de las mismas y determinar lo conducente." De la anterior, transcripción se advierte que la autoridad responsable no fundó ni motivó su negativa de decretar las medidas de protección solicitadas en favor de la menor hija del aquí quejoso, únicamente señaló que se reiteraba que no existían datos que pudieran inferir que la menor se encontraba en riesgo. Por el contrario, su determinación fue dogmática, pues soslayó pronunciar los motivos, causas o razones por las que consideraba que la menor no se encuentra en riesgo, así como el fundamento legal en el que basa su determinación. Sin embargo, los fundamentos y las razones para ordenar, negar o conceder una medida, tienen que estar relacionadas con el riesgo y, en su caso, con la idoneidad de la misma, y no solamente, por considerar que "no existen datos que permitan inferir que la integridad de su hija de iniciales M.F.C.V se encuentre en riesgo eminente", ya que la parte aquí quejosa refirió y presentó diversas constancias como lo es el acta de caución no molestar ante el juez calificador del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, de las que no hay valoración por parte de la autoridad responsable para determinar negar las medidas de protección. En ese orden de ideas, se confirma que el acto reclamado debió fundarse y motivarse sin perder de vista las circunstancias que lo rodearon, esto es, los antecedentes relevantes que preexistían al momento de su solicitud; entre ellas, las situaciones pormenorizadas de la probable conducta ilícita, los efectos que producen éstas, las constancias con que cuente, que le permitan concluir que efectivamente no hay riesgo para la menor, o bien, en caso contrario que sí exista un riesgo inminente. Asimismo, la autoridad responsable al determinar sobre la procedencia de las medidas de protección debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, por la edad de la menor, que dispone: Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables; III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial; V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles; VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera; VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica; IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva; XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir; XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. Por lo anterior, asiste razón jurídica a la parte quejosa respecto a que el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinte, trasgrede los principios de fundamentación y motivación reconocidos en el artículo 16 constitucional, al no cumplir con las exigencias que le impone el ordenamiento aplicable, y no razonar debidamente su determinación. Entonces, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracciones II y III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en situación de Vulnerabilidad del Municipio Centro, Tabasco : Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación FVSV-780/20220 y en su lugar dicte otro en el que reitere lo que no fue materia de concesión y con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la petición de imponer medidas de protección; mismo que deberá estar fundado y motivado, tomando en cuenta lo señalado en el considerando anterior. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Yrvin Linconl Colorado Ramón, en representación de su menor hija de identidad reservada M.F.C.V., en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero de esta ejecutoria; lo anterior por las razones y motivos expuestos en el considerando SEXTO de la presente resolución y para los efectos precisados en la parte considerativa respectiva. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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