Yovani García Palacios
Expediente 1028/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yovani García Palacios
- Fiscal Cuarta en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas en la fiscalía coordinadora especializada en la investigación de delitos de violencia contra la familia, m
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad en contra del auto de treinta de septiembre de la presente anualidad, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa del cinco al veintiséis de octubre del mismo año y para la tercera interesada del ocho al veintinueve del mismo mes y año, sin que lo hayan hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse otorgado el amparo y protección de la justicia federal, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS y pasados treinta días de la citada fecha. Asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión de los actos reclamados; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá depurarse con posterioridad al CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS y pasados noventa días de la citada fecha. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte tercera interesada, la determinación que dice: VISTO el estado de los autos, este juzgado debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable a realizar lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal 335/2019. 2. Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore de que Magbis Abigail Chávez Taracena y María Rodríguez Pérez, personas que se tuvieron como defensoras públicas del imputado Yovani García Palacios, tienen el carácter de licenciadas en derecho, para lo cual podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia necesaria, por ejemplo, podrá cuestionar al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, sobre si las mencionadas personas, registraron sus cédulas profesionales ante el órgano jurisdiccional. Lo anterior, en el entendido de que, cualquiera que sea el medio por el que se realice el cercioramiento de la calidad profesional de las defensoras, deberá dejarse constancia en la videograbación correspondiente. 3. En caso de que se corrobore que el aquí quejoso contó con una defensa técnica en la audiencia inicial, la autoridad responsable declarará convalidada las actuaciones procesales correspondientes y, considerando los argumentos planteados en la audiencia inicial de diecinueve de octubre de dos mil diecinueve, y su continuación de veinticinco de octubre siguiente, dictará otra resolución sobre la solicitud de vinculación a proceso. 4. En caso de no acreditarse la calidad de licenciadas en derecho de las defensoras, la Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, deberá dejar insubsistente la referida audiencia inicial de diecinueve de octubre de dos mil diecinueve; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, en la cual deberán respetarse, entre otras formalidades esenciales del procedimiento, el derecho del imputado, Yovani García Palacios, a una defensa adecuada, a través de la asesoría de un defensor que acredite su calidad de licenciado en derecho conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 69/2019 (10ª) invocada en esta sentencia, de lo que deberá dejar constancia fehaciente en la videograbación que al efecto se realice." Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió el oficio 3056/2020, al que anexó la resolución emitida en la audiencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el proceso penal 335/2019, de su índice. De las actuaciones enunciadas se advierte que el juzgado de primera instancia realizó estas acciones: 1. Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (acto reclamado). 2. Celebró una nueva audiencia en la que se cercioró de que María Rodríguez Pérez, persona que se tuvo como defensora pública del imputado Yovani García Palacios, tiene el carácter de licenciada en derecho. Además, se justificó el motivo el motivo por el cual Magbis Abigail Chávez Taracena, no asistió a la audiencia, precisando que ya no laboraba en la Defensoría Pública Estatal. (A partir del minuto 04'30'' al minuto 09'10'' de la audiencia de nueve de septiembre de dos mil veinte). 3. Hecho lo anterior, convalidó las actuaciones procesales correspondientes. Asimismo, considerando los argumentos planteados en la audiencia inicial de diecinueve de octubre de dos mil diecinueve y su continuación de veinticinco de octubre siguiente, dictó un nuevo auto de vinculación a proceso (a partir del minuto 16'42'' al minuto de la audiencia de nueve de septiembre de dos mil veinte). Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada, por oficio a la agente del ministerio público de la federación y la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días que se le dio a la la tercera interesada A.H.C. con identidad reservada, mediante razón actuarial de diecinueve de diciembre último, para que esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, transcurrirá del veintitrés de los actuales al tres de enero de dos mil veinte; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la diligencia de cuenta, remitida por la fedataria judicial adscrita este órgano jurisdiccional, mediante el cual la tercera interesada A.H.C. con identidad reservada, comparece al presente juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Xicoténcatl número 28, interior 4, zona centro de esta ciudad, y designa autorizado. Por otra parte, con fundamento en el precepto 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la impetrante, el que indica en la diligencia que se provee. De igual forma, téngase por autorizado con la restricción que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparece el registro correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dicho documento.
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