Yovani Contreras Sosa
Expediente 1562/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Yovani Contreras Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Prescripción de billete Vistos el estado de autos, se advierte que transcurrieron los dos años a los que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para que ******************** compareciera ante este Juzgado a recoger el billete de depósito, N 836466, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida al quejoso, resguardado en la caja de valores de este juzgado, bajo el número 133/2018, que se dejó a su disposición mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, se obtiene que la sociedad es la exclusiva depositaria de títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante autoridades administrativas y judiciales de la Federación y del Distrito Federal; de igual forma, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los títulos valores, como lo es el certificado de depósito que nos ocupa, prescribe en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente el depositante estuvo en posibilidad de exigir su devolución. Por tanto, se tiene que en el presente expediente, el término de dos años ha transcurrido, por lo que se declara que el título de valor en comento ha prescrito a favor del fisco federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, y 31 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y en atención a la circular II/2007 de once de julio de dos mil siete, emitida por la Secretaria Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, mediante oficio envíese endosado el billete de depósito N 836466, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida al quejoso, resguardado en la caja de valores de este juzgado, para que proceda a su aplicación correspondiente, previa copia certificada que del mismo se deje en autos para debida constancia; en consecuencia, solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo y, en su oportunidad, remita las constancias que acrediten su cumplimiento debido. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en observancia a la circular precitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el folio 16684. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. ( Parte quejosa solicita se apertura incidente de suspensión. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado de manera electrónica por María Aidé Márquez Vázquez, defensora particular del quejoso Yovani Contreras Sosa; por medio del cual, solicita la suspensión del acto reclamado. En atención a lo anterior, con una copia de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en el entendido que únicamente se dará apertura al cuaderno original, conforme a lo dispuesto en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se apertura incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1562/2023-III, promovido por Yovani Contreras Sosa a través de María Aidé Márquez Vázquez en su carácter de defensora particular, contra actos del Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes. Se requiere informe previo Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a la autoridad responsable que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se le apercibe que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a la autoridad responsable Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rinda. De las notificaciones a la autoridad responsable Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS. Audiencia incidental Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado En el caso, la parte disconforme reclama: Efecto para el que se pide la suspensión La parte quejosa solicita la suspensión para los siguientes efectos: Consideración previa Con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Cobra aplicación a la consideración vertida la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado "Violación procesal a los derechos humanos y a los principio de continuidad, concentración e inmediación dentro del oral penal ******************** que se sigue ante la Jueza de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes por el delito de Homicidio culposo en contra de quien en vida llevó el nombre de ******************** de nacionalidad salvadoreña."; lo que se traduce en la omisión de dictar sentencia dentro de los autos de dicha causa penal; asimismo, que en dicho proceso se le haya impuesto como medida cautelar, la firma periódica en el libro de procesados cada quince días, ante la autoridad responsable. Por tanto, con el propósito de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, es menester tener en cuenta el contenido normativo de los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo que disponen los requisitos que han de cumplirse para que se otorgue la suspensión dentro del juicio de amparo, siendo dichos numerales del tenor siguiente: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Se niega suspensión provisional Atento a lo anterior, el requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social, no se encuentra colmado, toda vez que, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado a fin de que se le autorice como medida cautelar, en los autos del proceso penal ********************, la firma periódica cada mes o la que este Juzgado de Distrito decrete; por tanto, al tratarse de una medida cautelar emitida por la autoridad judicial en ejercicio de su facultad, en consecuencia no se puede otorgar la suspensión solicitada, ya que de autorizarse la suspensión provisional con esos alcances, implicaría, por una parte, sustituir a la autoridad responsable en el ejercicio de sus facultades, y, por otra, se violarían disposiciones de orden público. Máxime, que el penúltimo párrafo del artículo 128, de la Ley de Amparo, establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial; supuesto en el que se ubica el acto reclamado. Es por ello, que este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que no se reúne la totalidad de los requisitos que establece el artículo 128, fracción II y 129 de la Ley de Amparo, para la concesión de la medida cautelar; por tanto, con fundamento en el numerales invocados, se niega la suspensión provisional que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PC.I.C. J/81 C (10a.), con número de registro 2018474, Plenos de Circuito, Página: 1842, Tomo II, Noviembre de 2018, Época: Décima Época, de texto y rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). El párrafo citado establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, de una interpretación teleológica, se advierte que la adición de esa porción normativa obedeció a la necesidad de atender a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que instauró un nuevo sistema de justicia penal; por ello, considerar que dicho párrafo rige también para medidas cautelares dictadas en procesos civiles o mercantiles, sería contrario a la intención que se infiere de la exposición de motivos del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Amparo y de otros ordenamientos legales, publicado en el medio de difusión oficial indicado el 17 de junio de 2016, en cuanto a adecuarlos para coadyuvar a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal, máxime que uno de sus fundamentos es el decimocuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que deriva que los Jueces de Control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. De acuerdo con lo anterior, la prohibición para decretar la suspensión en el amparo contra una medida cautelar concedida por autoridad judicial, contenida en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, se refiere a determinaciones emitidas en procedimientos penales de corte acusatorio y no en procesos civiles, lato sensu, que merecen un tratamiento jurídico diverso, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES." Comunicación no procesal. En otro aspecto, con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así solicitarlo la parte quejosa. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El quince de noviembre de dos mil veintitrés, Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 16425 y anexo adjuntado. Conste. Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Homologo remite constancia de notificación. Agréguese a los autos el oficio signado de manera electrónica por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la Ciudad de Córdoba; por medio del cual, remite la lista de acuerdos publicada en nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en los estrado de ese órgano jurisdiccional, de la que se advierte notificación a la parte quejosa Yovany Contreras Sosa, del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, en el que este Juzgado de Distrito aceptó la competencia planteada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria que autoriza y da fe.
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