Yovana Zavala Cabrera
Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yovana Zavala Cabrera
- Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Michoacán de Ocampo, Uruapan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponían las partes quejosa y tercera interesada para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del trece al veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por medio de lista el nueve de marzo del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. CONSTANCIA. Se desprende que obra las constancias que integran el expediente ordinario laboral número ********************, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que dicha autoridad adjuntó como justificante de su informe que rindió en autos; en consecuencia, y toda vez que resulta innecesaria su permanencia en autos, previa su digitalización, devuélvase las mencionadas constancias a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruiz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************2023, sin la asistencia de las partes. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda, Informe justificado; y, Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su respectivo informe de ley. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia y se tiene a las demás partes por precluido su derecho para formular alegatos en su favor, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar. En consecuencia, se declara el cierre de esta etapa y se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de autoridad que a continuación se describen: 3.-AUTORIDAD RESPONSABLE: La Junta Especial número SIETE de la Local de Conciliación Arbitraje del Estado, cuyo domicilio ya se ha precisado con antelación. 4.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la responsable el DILACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, AL OMITIR ACORDAR SOBRE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES. (Sic). La promovente del amparo consideró que se violaron los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales previstos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo y ordenó registrarla con el número ********************2023, requirió de la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6 a 9). Seguido el trámite en su curso, mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, visto el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada ********************; misma que se llevó a cabo mediante acta de notificación por medio de lista, de fecha trece del mismo mes y año (fojas 20 a 25). Finalmente, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, lo anterior, tomando en consideración lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción primera, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los artículos Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracciones XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado es atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, residente dentro de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción; y, constituye una omisión dentro de un juicio, de naturaleza laboral, que vulnera un derecho humano tutelado en la constitución, cuyo efecto es de imposible reparación. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, en proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia trifásica de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral ********************. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (foja 19). En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que exhibió la autoridad responsable, consistentes en el juicio ordinario laboral ********************, de su índice, con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También, la tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales. CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez Federal, a efecto de dar claridad al asunto, procede narrar los antecedentes relevantes del acto reclamado. a) El veinte de octubre de dos mil veintiuno, ********************, por conducto de su apoderado jurídico, demandó ante la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, en la vía ordinaria laboral, la indemnización por despido injustificado y diversas prestaciones (fojas 1 a 5 del juicio de origen). b) En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, radicó la demanda, bajo el número ********************, ordenó el emplazamiento a la parte demandada, y fijó fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, la cual tuvo verificativo el nueve de junio de ese mismo año y donde agotadas las fases correspondientes, la junta responsable fijó las diez horas con treinta minutos del nueve de noviembre de esa misma anualidad, para llevar a cabo la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas (fojas 6 a 13 del juicio de origen). c) El nueve de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, mediante la cual, se tuvo a la actora anunciando diversas pruebas documentales, confesionales, inspección, testimonial, instrumental de actuaciones, y presuncional; mientras que la parte demandada anuncio prueba confesional, instrumental y presuncional; mientras que la parte demandada anunció prueba confesional, instrumental y presuncional. Ante dicho ofrecimiento la autoridad responsable se reservó acordar sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas aportadas por las partes (fojas 25 a 26 del juicio de origen). d) Por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó sobre la admisión y desechamiento de las pruebas aportadas en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, fijó fecha y hora para su desahogo y ordenó notificar personalmente a las partes (foja 28 del juicio de origen). QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Tomando en consideración que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, en términos de los dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se procede a realizar el estudio oficioso de la procedencia del juicio. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En esa tesitura, no obstante la existencia del acto reclamado, no será sometido a análisis constitucional, en razón de que, este órgano de Control constitucional, advierte, de oficio, que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la reparación constitucional reclamada carece de materia, pues la autoridad responsable destruyó los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, con la emisión del auto de veinte de enero de dos mil veintitrés. La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la citada fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpretan, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como, la jurisprudencia 9/98, de la sala referida, consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que señala: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis CL/97, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 71, del tomo VI, noviembre de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Precisado lo anterior, en el caso específico analizado, la quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, la omisión en proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral ********************. Sin embargo, dicho acto cesó en sus efectos, toda vez que, si tomamos en consideración que de lo que se dolió la quejosa en su demanda de amparo fue de la actitud omisiva de la autoridad responsable de acordar sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofertadas en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de origen; y, como se indicó en el apartado de antecedentes del acto reclamado, con posterioridad a la presentación del libelo constitucional el Presidente de la Junta emitió un acuerdo (de veinte de enero de dos mil veintitrés) en cual proveyó sobre la admisión y desechamiento de las pruebas aportadas en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, fijó fecha y hora para su desahogo y ordenó notificar personalmente a las partes. Por tanto, se pone de manifiesto que cesaron, de manera incondicional e inmediata, los efectos de la omisión combatida, debido a que con el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se elimina la huella que provocó la citada omisión en la esfera jurídica de la impetrante en su situación anterior a la promoción del juicio de amparo, de modo que no surte ya efecto alguno, por lo que resultaría ocioso y contradictorio efectuar el control constitucional respecto de dicha omisión, en tanto que ha dejado de incidir en la esfera jurídica de la quejosa. En las relatadas consideraciones, es claro que en el presente asunto se actualiza la invocada causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que motiva decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la referida ley. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe. El Licenciado Ernesto Adame Ruíz, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo ********************2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, en el que se sobreseyó el amparo solicitado. Conste. El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Secretario, Ernesto Adame Ruíz.
- Principal
En siete de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, recibido físicamente y registrado bajo el folio 1647. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de febrero de dos mil veintitrés. SE RINDE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual rinde su informe justificado, y remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente ordinario laboral número J-VII-490/2021, de su índice; con lo que se ordena dar vista a las partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Con las constancias de mérito, fórmese un tomo de prueba, el cual queda bajo resguardo en la secretaría de acuerdos de este tribunal. Emplazamiento tercero interesado. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a María Gutiérrez Sánchez, por ser la parte contraria al quejoso, quien puede ser emplazada en el domicilio procesal que para tal efecto señaló ante la autoridad responsable, ubicado en calle Prolongación Jalisco número ocho, colonia Eduardo Ruíz, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en el citado domicilio y, emplace a juicio a los aludidos terceros interesados, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y los requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese; y, personalmente a la tercera interesada. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
R.n siete de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, recibido físicamente y registrado bajo el folio 1647. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de febrero de dos mil veintitrés. SE RINDE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual rinde su informe justificado, y remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente ordinario laboral número J-VII-490/2021, de su índice; con lo que se ordena dar vista a las partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Con las constancias de mérito, fórmese un tomo de prueba, el cual queda bajo resguardo en la secretaría de acuerdos de este tribunal. Emplazamiento tercero interesado. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a María Gutiérrez Sánchez, por ser la parte contraria al quejoso, quien puede ser emplazada en el domicilio procesal que para tal efecto señaló ante la autoridad responsable, ubicado en calle Prolongación Jalisco número ocho, colonia Eduardo Ruíz, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en el citado domicilio y, emplace a juicio a los aludidos terceros interesados, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y los requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese; y, personalmente a la tercera interesada. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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