Yosvani Puente Fernández

Expediente 1757/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1757/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Yosvani Puente Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que la sentencia que sobresee en el presente juicio causó estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el asunto como concluido; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer. Por otra parte, como lo dispone el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran treinta días deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Se tiene al titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua [CONAGUA], por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de diciembre de dos mil veintiuno, remite copias certificadas de las constancias que fueron requeridas dentro del presente juicio constitucional; en consecuencia, dese vista a las partes con las referidas documentales, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Así, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente y se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintitrés minutos del once de enero de dos mil veintidós, y en su lugar se señalan las diez horas con cinco minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración y anexos, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, remite copias certificadas de las constancias que integran el acto reclamado, consistentes en los expedientes administrativos migratorios de los quejosos ******************** Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ********************, en representación de 1.********************2.********************3.********************y 4. ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y el acto siguientes: El aseguramiento de los quejosos 1.********************2.********************3.********************y 4. ********************, en la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. Ahora bien, en auto de tres de octubre de dos mil veintidós este juzgado federal se avocó a la incompetencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que además se precisó que únicamente se abordaría el estudio de la demanda de amparo por lo que respecta a ********************, en representación de ****************************************, y ********************, no así por lo que se refiere a 3. ********************, atento a que el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 847/2022-II, por auto de once de agosto de dos mil veintidós, tuvo por no presentada la demanda de amparo por cuanto al citado quejoso, el cual por diverso proveído de treinta de agosto de la citada anualidad, causó estado. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, así como de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos 1.********************2.********************y 4. ********************, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado al Instituto Nacional de Migración se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del ordenamiento transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades migratorias responsables, a las que previamente se reconoció plena eficacia demostrativa, se conoce que se autorizó la salida de los quejosos de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, mediante la figura de "custodia" prevista por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración. En consecuencia, se estima que cesaron los efectos de las detenciones alegadas, dejando de estar alojados en la citada estación migratoria en Puebla. Lo anterior, aunado a que esta juzgadora federal no advirtió el acto de incomunicación que aducían en su ocurso de amparo, dado que se encontraban alojados no en calidad de detenidos, sino en virtud del procedimiento migratorio seguido en su contra, por lo que dicha cuestión fáctica no obedeció a alguna detención fuera de procedimiento. En tal razón, el hecho de que el Subdirector de la Estación Migratoria se haya pronunciado con relación a la autorización de la salida respectiva de los quejosos de esas instalaciones a su cargo, hizo que la omisión de que se duelen haya culminado, es decir, actúo como si se hubiera otorgado el amparo, y por tanto, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un acto que no dejó ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados, y por ende resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los actos que ya no están surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación del Subdirector de la Estación Migratoria responsable al otorgar la salida de los quejosos de la Estación Migratoria. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de los quejosos 1.********************2.********************y 4. ********************, al ejercer la acción constitucional era que las responsables cesaran en su aseguramiento, y los dejaran salir de la Estación Provisional Migratoria; aquélla se vio satisfecha con las actuaciones previamente relatadas, pues han cesado las conductas atribuidas a las autoridades al emitir las resoluciones que autorizaron la salida de los quejosos de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, mediante la figura de "custodia". Por consiguiente, se ha restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce de la garantía individual que les había sido violada, como si los actos tildados de inconstitucionales no hubieren invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. En tales condiciones, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. téngase por recibido el correo electrónico enviado desde la cuenta magomez@inami.gob.mx al que adjunta un oficio de la encargada del departamento de Asuntos Jurídicos, del Instituto Nacional de Migración, por el cual, aduce dar cumplimiento al auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós y al efecto refiere que remite las constancias de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos **********, quienes salieron de la estación migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que el oficio que remitió la responsable carece de firma autógrafa y de evidencia criptográfica, por lo que no ha lugar a tener remitiendo la información solicitada, ya que dicha situación es insuficiente para tener por exteriorizada su voluntad de rendir dicho informe. Por tanto, ante la falta de firma electrónica del documento digitalizado que se adjuntó al correo electrónico no debe tenerse por recibido el comunicado de cuenta, pues su autentificación con la evidencia criptográfica es un requisito esencial que debe contener toda promoción y recurso que se presente vía electrónica, tal como se desprende del artículo 3 de la citada ley. De lo anterior deriva que en los juicios de amparo, por regla general, toda promoción debe formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, que deberá contener el primero la firma autógrafa original del promovente y el segundo su firma electrónica, la que producirá los mismos efectos que la firma autógrafa original; reglas a las que también deben sujetarse las autoridades responsables. Por tanto, si la autoridad responsable optó por remitir su oficio al correo electrónico del Juzgado de Distrito, debió hacerlo mediante el uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación habilitado para ello utilizando su firma electrónica de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. Pues, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y mediante el uso de la firma electrónica certificada puede promoverse dentro de los juicios de amparo; además de que la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 52 bis, fracción III,1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el diario oficial de la federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se requiere a la encargada del departamento de Asuntos Jurídicos, del Instituto Nacional de Migración, para que en el término de tres días siguientes al que reciba el oficio notificatorio, remita nuevamente las constancias solicitadas con la debida firma ya sea autógrafa o electrónica; o bien, para que manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitada para firmar electrónicamente, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Subsistiendo el apercibimiento con el que fue conminado en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, esto es que de no remitir las constancias solicitadas, se le impondrá una multa.

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