Yosmar Hernández Marín
Expediente 540/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Yosmar Hernández Marín
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los presentes autos las piezas postales devueltas... causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, ordenándose el archivo del presente asunto...
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA SE SOBRESEYO EN PARTES Y NEGO EN OTRA EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL... SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO COMO CONCLUIDO.. EL JUICIO ES DEPURABLE... SE DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ANEXO QUE ADJUNTO A SU INFORME....
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas con trece minutos del trece de octubre de dos mil veinte, día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional, Mariano Suárez Reyes, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Álvaro Daniel Gutiérrez Álvarez, Secretario que da fe, declara abierta la misma en el presente juicio de amparo 540/2020-III-1, de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo; sin la asistencia personal de las partes. Relación de constancias El Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, las cuales se tienen por reproducidas, sin que sea necesaria su transcripción, en términos de la jurisprudencia de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Asimismo, el Secretario informa al Juez, que la autoridad señalada como responsable Destacamento de la Policía Ministerial de Investigación del Municipio de Frontera, Centla, Tabasco, fue omisa en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificada como se advierte de autos. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Respecto a la falta de informe justificado de la autoridad señalada como responsable Destacamento de la Policía Ministerial de Investigación del Municipio de Frontera, Centla, Tabasco, provéase lo conducente en la etapa correspodiente. Periodo probatorio Abierta la etapa probatoria, el Secretario da cuenta con las probanzas ofertadas por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado. Se cierra la etapa probatoria. Alegatos Se pasa a la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta con los formulados únicamente por el Fiscal del Ministerio Público de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el dos de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, hace constar que no se presentó pedimento por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. El Juez acuerda: ténganse por verificada y desahogada la etapa de alegatos. Se cierra esta etapa. Reserva En proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se reservó proveer respecto de la solicitud del Fiscal del Ministerio Público de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, en el sentido de que la resolución que se dicte en este asunto, se le notifique en representación de la víctima menor de edad en la causa de origen. Al respecto, se determina que las notificaciones de la sentencia que se emita en el presente juicio de amparo, se hará en estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos en los artículos 26, 27, 28 y 29, de la Ley de Amparo. Sin pruebas que desahogar, ni promoción pendiente de acordar, el Juez de Distrito, tomando en consideración todo lo actuado, procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 540/2020-III-1, promovido por Yosmar Hernández Marín, por su propio derecho, en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades responsables: Juez de Control de la Región 5, de Paraíso, Tabasco. Juez de Control de la Región 9, de Centro, Tabasco. Director de la Policía Ministerial de Investigación del Estado de Tabasco. Destacamiento de la Policía Ministerial de Investigación del Municipio de Frontera, Centla, Tabasco. Policía Ministerial de Investigación de la Villa Vicente, Guerrero, Centla, Tabasco. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Actos reclamados: La orden de ubicación y detención girada en su contra. R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veinte, ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco (órgano jurisdiccional que en esa fecha se encontraba de guardia), Yosmar Hernández Marín, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos consistentes en la orden de ubicación y detención emitida en su contra, atribuidos a las autoridades denominadas Juez de Control de la Región 5, de Paraíso, Juez de Control de la Región 9, de Centro, Director de la Policía Ministerial de Investigación del Estado, Destacamiento de la Policía Ministerial de Investigación del Municipio de Frontera, Centla, Policía Ministerial de Investigación de la Villa Vicente, Guerrero, Centla y Secretario de Seguridad Pública, todas del Estado de Tabasco. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En la misma fecha en que fue presentada la demanda de amparo -quince de junio de dos mil veinte-, esta se admitió a trámite, determinando en el auto de inicio, entre otras cuestiones, la apertura de los cuadernos incidentales de suspensión, requerir los informes justificados a las autoridades responsables, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de la parte tercera interesada. En auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, mismo que se llevó a cabo de la siguiente manera. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, a la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M, representada por su madre Lorena del Carmen Me´ndez Luciano, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Centla, Tabasco; con motivo del despacho emitido por este Juzgado de Distrito. El trece de agosto de dos mil veinte, al Fiscal del Ministerio Público de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, que solicitó la orden de aprehensión reclamada. Seguida la secuela procesal, tuvo verificativo la audiencia al tenor del acta que antecede, por lo que, procede dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37, de la Ley de Amparo, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; porque el acto reclamado es ejecutable por una autoridad en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cual es el acto reclamado en el presente juicio; por lo tanto, se estima que del examen integral de la demanda de derechos y de las constancias de autos, se observa el siguiente: La orden de aprehensión emitida por la Jueza de Control de la Región 5, de Paraíso, Tabasco, en contra de Yosmar Hernández Marín, por el hecho que la ley señala como delito de violación, cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Una vez precisado el acto reclamado en este juicio de amparo, procede corroborar su existencia, ya que ello es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad. En ese sentido, la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve, de Centro, Tabasco, al momento de rendir su informe, negó la existencia del acto a ella atribuido. Al respecto, la parte quejosa no aportó prueba en contrario que desvirtuara dicha negativa, por tanto, con fundamento en la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales por lo que a ella se refiere. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, y Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, ambas autoridades del Estado de Tabasco, al momento de rendir sus informe justificados, manifestaron que el acto reclamado a ellas atribuido era cierto. Lo anterior, es suficiente para tenerlo por plenamente acreditado; ello, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 917812, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Dicha certeza se hace extensiva a las autoridades responsables -en sus denominaciones correctas- Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ambas de Tabasco, quienes no obstante negaron el acto a ellas atribuido, como se dijo, la autoridad ordenadora -Jueza de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco- manifestó que era cierto, entonces, ello es suficiente para desvirtuar su negativa, ya que les reviste el carácter de autoridades ejecutoras. Soporta lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Finalmente sobre este tema, se destaca que a pesar de que la autoridad responsable señalada por el quejoso como Destacamiento de la Policía Ministerial de Investigación del Municipio de Frontera, Centla, Tabasco -debidamente notificada-, fue omisa en rendir su informe justificado, el acto a ella atribuido debe tenerse por presuntivamente cierto. Lo anterior, ya que dicha presunción es una consecuencia legal de su omisión, asimismo, porque le reviste el carácter de ejecutora, y es evidente que al haberse tenido como cierto el acto que se reclama a la autoridad ordenadora, ésta podría ejecutar el mismo. QUINTO. Estudio sobre la procedencia del presente asunto. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo; asimismo, en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, este órgano jurisdiccional no advierte que se actualice diversa causal de improcedencia a la referida en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que, procede realizar el estudio del fondo del asunto respecto del acto reclamado a la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, como se ve a continuación. SEXTO. Conceptos de violación. Cabe precisar que es innecesario transcribir los conceptos de violación, sin que ello implique vulneración a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo. Ello, en atención a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Página 830, con número de registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, a efecto de dar un panorama sobre la inconformidad del justiciable, su único concepto de violación se sintetiza de la siguiente manera: Que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se le pretende privar de su libertad sin haber cometido ilícito alguno. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Este consiste en: Determinar si fue correcto o no, que la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, girara en contra del quejoso orden de aprehensión por el hecho que la ley señala como delito de violación, cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M. Indicado lo anterior, resulta infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, aun supliendo su queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, cabe señalar que el sistema de justicia penal establecido a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tiene por objeto adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos y en diferentes etapas (investigación, intermedia y de juicio oral), con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen en él una situación de igualdad. Es entonces, el artículo 20, constitucional, el eje toral del proceso penal mexicano, en cuyo primer párrafo establece. La oralidad es un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de inmediación y publicidad. La publicidad es una garantía "política" del proceso, en cuanto permite que la comunidad, el pueblo o el público, asista a los actos procesales y ejerza sobre ellos el control que naturalmente trae consigo esa forma de escrutinio popular. El principio de contradicción permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal estarán sujetos al control del otro. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. La continuidad, se refiere a limitar las interrupciones del proceso. La inmediación, implica la recepción en audiencia, por el propio juzgador, de las pruebas y de los alegatos con los que formará su convicción. El proceso penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio, que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, así como la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En tal virtud, se cambian los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión, para quedar en los siguientes términos: Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; y Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y, por otra, el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Por ende, cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del apartado A, del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación, tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Indicado lo anterior, se procede a realizar un análisis oficioso de la orden de aprehensión reclamada. Al respecto, cabe citar los artículos 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su texto aplicable al caso, establecen lo siguiente: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. [.] Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". De lo anterior, se advierte que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, los requisitos que debe cumplir una orden de aprehensión son: a) Que sea emitida por autoridad judicial competente; b) Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Dicho ilícito esté sancionado con pena privativa de libertad; d) Existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, e) Se acredite la necesidad de cautela. Bajo esa premisa, para emitir una orden de aprehensión únicamente se tomará en consideración que se haya formulado una imputación y que se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictuoso y exista la probabilidad que participó el activo en su comisión; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, es en la orden de aprehensión donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso, fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ahora bien, debe señalarse que conforme al artículo 261, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el proceso penal existen los datos de prueba, medios de prueba y prueba. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el Juez. En tanto que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Asimismo, se denomina prueba, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta. Para ser admisibles los datos o medios de prueba deberán ser idóneos, o sea que la prueba sea apropiada para demostrar hechos; pertinentes, es decir, que acreditan hechos que tienen relevancia para un proceso concreto; útiles para esclarecer los hechos en conjunto con otros, esto es, que contribuye a la investigación de los hechos; y, suficientes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De ahí que para dictar la orden de aprehensión, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor. Es decir, el Juez sólo debe atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Lo anterior, en virtud de que el esquema de juicios orales, en la etapa preliminar o de investigación, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del Agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Caso concreto. En el caso, tales formalidades se cumplen, ya que quien emitió la orden de captura, es una autoridad judicial, a saber, la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, lugar donde ejerce jurisdicción, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, precede denuncia de un hecho que la ley señala como delito de violación, pues en la audiencia en la que la Fiscal solicitó la orden de aprehensión, ésta expresó que en la carpeta de investigación obraba, entre otros, el dato de prueba consistente en la entrevista a la víctima menor de edad, en la que ésta relató que aproximadamente a las trece horas con cincuenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, en la parada de transporte público, ubicada en la calle Quintín Arauz de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, a fin de cumplir con una tarea -mandado- solicitado por su señora madre, abordó un pochimóvil conducido por José Adrián Arias Cruz, acompañado de un pasajero de nombre Yosmar Hernández Marín. Dijo la entrevistada, que le solicitó al conductor que la llevara por un lugar conocido como Naranjal, quien respondió que sí, pero antes le dijo -él-, que debía hacer un mandado. Entonces, el conductor tomó camino hacia la carretera que dirige a un sitio que se llama Pico de Oro, de la Villa Vicente Guerrero, de Centla, Tabasco, siendo que en ese momento la víctima le pidió al conductor que la llevara a su casa, debido a que no conocía el lugar por el transitaban, sin embargo, ella manifiesta, que éste último no le hizo caso y siguió su camino. Una vez detenido el vehículo, Yosmar Hernández Marín -hoy quejoso y entonces pasajero del pochimóvil- obligó a la víctima a tomarse la totalidad de un refresco de cola, quien posteriormente al haberlo hecho, se sintió mal, pues manifestó que presentó síntomas de mareo. Luego, el conductor José Adrián Arias Cruz se pasó a la parte trasera del vehículo, donde se encontraba Yosmar Hernández Marín y la víctima menor de edad, manifestando ésta última, que ambos sujetos empezaron a tocar su vagina, a lo que ella se rehusó, sin embargo, no logró impedirlo, debido a que se sentía débil. De la narrativa de la víctima menor de edad, se aprecia que posteriormente los investigados -uno de ellos quejoso en este asunto-, la llevaron a un motel denominado Ave de Paso, ubicado sobre la carretera principal de la colonia Gobernador Cruz, perteneciente a la Villa Vicente Guerrero, de Centla, Tabasco, rumbo a la playa Pico de Oro. Estando en el motel, Yosmar Hernández Marín cargó a la víctima menor de edad para llevarla a una habitación, en la que los esperaba José Adrián Arias Cruz. En la habitación, Yosmar Hernández Marín, dejó a la víctima menor de edad sobre la cama, para posteriormente él desvestirse. Una vez desnudo, se puso sobre la víctima menor de edad, le besó el cuello e introdujo los dedos de su mano derecha en su vagina, mientras ello acontecía, José Adrián Arias Cruz sujetaba a la víctima de sus manos para inmovilizarla. Ella le pidió que la soltara, manifestándole que la estaba lastimando, sin embargo, él no hizo caso. Luego, José Adrián Arias Cruz, soltó a la víctima para dirigirse al baño, quedando en ese momento únicamente Yosmar Hernández Marín y ella. Él, comenzó a desvestirla, mientras ella trababa de impedirlo, no obstante, manifestó que no logró detener esa acción, pues la despojó de su short color azul marino y calzón rojo. Cuando regresó del sanitario José Adrián Arias Cruz, comenzó a lamer la vagina de la víctima, lo mismo hizo el investigado Yosmar Hernández Marín. Posteriormente, ambos sujetos llevaron a la víctima menor de edad al baño, la recostaron sobre el piso, comenzaron a besarla y a quitarle su blusa y brasier, ambas prendas de color blanco. Hecho ello, los dos sujetos comenzaron a besarle sus senos. Continuando con el hecho ilícito, argumentó la víctima menor de edad que ambos investigados, en primer lugar José Adrián Arias Cruz, y luego Yosmar Hernández Marín, introdujeron en su vagina sus penes, eyaculando cada uno de ellos dentro de ella. Finalmente refirió la víctima menor de edad, que los investigados la amenazaron de muerte, tanto a ella como a su familia, si contaba lo que había sucedido. El ilícito en cuestión, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, tal como lo establecen los artículos 148, 149 y 151, del Código Penal para el Estado de Tabasco. Dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 148. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a dieciséis años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Artículo 149. La misma sanción se impondrá, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, o instrumento, o cualquier parte del cuerpo humano, distinta del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo de la víctima. (.) Artículo 151.- Cuando la violación se cometa por dos o más personas, o el sujeto activo tenga con la víctima una relación de autoridad de hecho o de derecho, se impondrá prisión de diez a veinte años. Además de las sanciones previstas, en el segundo supuesto de este artículo, el órgano jurisdiccional, privará al sentenciado, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto de la víctima". Los numerales transcritos, contemplan las hipótesis que deben actualizarse para que se esté en presencia del delito de violación, como son, el uso de la violencia física o moral, para tener cópula con persona de cualquier sexo, entendiendo por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral. Hipótesis anteriores que se acreditaron con los datos de prueba aportados en la causa, mismos que se reseñan a continuación. La existencia de una denuncia por un hecho delictivo que la ley clasifica como violación, cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M., en cuya entrevista manifestó, como se dijo, que aproximadamente a las trece horas con cincuenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, al abordar un vehículo de servicio público (transporte), José Adrián Arias Cruz, acompañado de un pasajero de nombre Yosmar Hernández Marín -hoy quejoso-, por medio de violencia física y moral tuvieron cópula con ella. Las circunstancias del hecho fueron señaladas por la Agente del Ministerio Público, en el sentido de que se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación establecido en los artículos 148, 149 y 151, del Código Penal para el Estado de Tabasco. Mismas circunstancias, que fueron armonizadas, como lo determinó la Jueza de control, con un dictamen médico ginecológico practicado a la víctima el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por parte de la Fiscalía General de Estado de Tabasco, concretamente por la médico especialista Zaida Fabiola Chable Ruiz, quien refirió que al haber examinado a la víctima menor de edad, se percató que su himen es de tipo angular, mismo que presentaba tres desgarres, uno a las tres, otro a las siete y el último a las nueve horas, de acuerdo a las manecillas del reloj; concluyendo que estos tenían menos de quince días de evolución. Asimismo, la Jueza de control tomó en consideración los exámenes psicológicos practicados a la víctima menor de edad, el diecinueve y veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por la psicóloga Jovita Feliciano Sierra Hipólito, en los que se determinó, que se encontró en la paciente, alteración a su estado emocional, pues al habérsele practicado dichos exámenes, ella reflejó miedo, inseguridad e inestabilidad. Además, el lugar de los hechos fue inspeccionado el tres de abril de dos mil diecinueve, por el policía de investigación Miguel Alberto de la Cruz Sánchez, cuya diligencia coincide con las manifestaciones de la víctima, en el sentido de que fue en el sitio inspeccionado en donde sucedió el hecho delictivo. De las narradas circunstancias, se aprecia que la Jueza de control correctamente determinó la existencia del hecho calificado como delito de violación cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M. Lo anterior, lo hizo a través de datos debidamente valorados; ello, conforme lo disponen los artículos 259 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, la Jueza de control determinó que de los datos de prueba que quedaron reseñados con anterioridad, se demostró la probable intervención del hoy quejoso en la comisión del hecho delictivo denominado por la ley como violación cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M., en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado reseñadas. Sobre este tema, cabe precisar que cobra relevancia, sin prejuzgar sobre la probable responsabilidad del quejoso, que en los delitos de naturaleza sexual, como acontece en el caso, la declaración de la víctima tiene destacada importancia, pues en esta clase de ilícitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos. Al respecto, es de considerarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 2000, Página: 85, Registro: 904104, de rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa". En efecto, la declaración de la víctima del delito de índole sexual debe considerarse una prueba esencial, al ser verosímil, corroborarse con otros indicios y por no existir otros que le resten credibilidad; atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva y objetiva. Entonces, la declaración de la niña víctima adquiere importante relevancia, pues atendiendo a la naturaleza del delito, y con los demás datos de prueba, a criterio de este órgano jurisdiccional, sería suficiente para la emisión de la orden de aprehensión que hoy se reclama. Ahora bien, independientemente de ello, como se hizo patente en líneas anteriores, para resolver la situación jurídica del imputado, no es necesario que se acrediten de manera plena los elementos del hecho delictivo, y tampoco es requisito constitucional que hayan datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de la Décima Época, consultable en la página 2320, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013619, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." En ese sentido, es en la orden de aprehensión donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión para que el Juez libre la orden de captura. Lo indicado, aunado al hecho, que la A quo analizó los datos de pruebas con base en el artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que le permitió su estudio de forma libre y lógica; además, que como se estableció en el cuerpo de la presente sentencia, los razonamientos realizados por la juzgadora en su parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia. Ello, pues cabe recordar, como ha quedado expuesto, que acorde al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta suficiente para la emisión de la orden de aprehensión, que el Juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Es decir, basta con que en el acto reclamado se adviertan datos que establezcan que se cometió un hecho considerado como delito por la norma y exista la probabilidad que el imputado lo cometió, o bien, que participó en su comisión, siempre que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de responsabilidad del delito; correspondiendo a este juzgador constatar su legalidad y constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado, pues de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación, ello corresponde al Juez de Control. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis I.7o.P.83 P (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2014769, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." De ahí que los datos de prueba valorados por la Jueza de control, a criterio de este órgano jurisdiccional, son suficientes para emitir la orden de aprehensión. Necesidad de la cautela. Sobre la necesidad de la cautela, la Jueza responsable expuso que esta se justifica con la consumación del hecho ilícito, tomando en consideración su naturaleza. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2011, que diera origen a la diversa 1ª/J 109/2011, estableció las siguientes premisas: La libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede verse restringido en determinados supuestos regulados constitucionalmente. El ejercicio de la libertad física es un derecho que puede ser objeto de determinadas limitaciones impuestas por el Estado como medidas necesarias que adopta el poder público en beneficio de la colectividad, con el fin de asegurar la marcha normal de los procedimientos. Las restricciones o afectaciones a la libertad de los individuos, sólo pueden tener lugar en los casos y condiciones reguladas en la Constitución y en las leyes; es decir, a partir del estricto cumplimiento de determinados requisitos y garantías, pues en caso contrario, se estará ante una medida prohibida por diversos preceptos constitucionales. Para que una persona sea privada de la libertad no basta que su conducta se enmarque dentro de los supuestos previstos en la ley que habilita la acción de la medida, sino que se requiere que exista una orden que autorice su aplicación, la cual debe constar por escrito, encontrarse debidamente fundada y motivada y ser expedida por autoridad competente. De lo anterior, se colige que partiendo del derecho de libertad de la persona como regla general, una persona no puede verse privada de ella sino en los casos que limitadamente establece la ley fundamental, entre estos, la orden de aprehensión. Bajo este contexto, es evidente que el libramiento de una orden de aprehensión por autoridad competente legitima la privación de la libertad sin un juicio previo, máxime que la orden de aprehensión es un mecanismo que sirve para brindar audiencia a los indiciados respecto de hechos que se les pretende imputar a efecto de que ejerzan de manera adecuada su garantía de defensa. Ahora bien, ciertamente todo gobernado goza del derecho fundamental de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16, de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al probable responsable, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Dichas consideraciones son trasladadas al nuevo sistema de justicia penal, en el sentido de que la orden de captura debe ser emitida por autoridad judicial, que esté precedida por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, con pena privativa de libertad y que existan datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley prevé como delito y la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que haya sido correcto como lo determinó la Jueza de control, que se emitiera la orden de aprehensión, al ser esta una restricción a la libertad prevista constitucionalmente. Así las cosas, en la emisión de la orden de aprehensión que se reclama, se citaron las disposiciones aplicables al asunto y se señalaron las razones que la Jueza responsable tomó en consideración para la emisión del acto, citando los preceptos jurídicos aplicables al caso, además de los motivos que tuvo para dictar la orden de captura, al encontrar acreditados a su consideración, los elementos del hecho que la ley califica como delito de violación, y la probable intervención del imputado en su comisión. Por tanto, si en el caso la decisión jurisdiccional plasmada en la resolución restrictiva de libertad reclamada está apoyada en las razones que citó la responsable, cumple con los lineamientos para ser emitida, al contener las razones particulares y fundamentos legales que autorizan su actuación; por lo que, con ello se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 16, constitucional. En conclusión, de la orden de aprehensión reclamada se advierte que la autoridad judicial responsable consideró que existen datos suficientes para tener por actualizado un hecho que la ley señala como el delito de violación, cometido en agravio de la víctima menor de edad de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M., quien en cuya entrevista manifestó cronológicamente la narrativa de los hechos, además de las pruebas médicas y el reporte policial del lugar de los hechos. Por tanto, fue legal la determinación de la Jueza de control responsable, y ante ello, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. OCTAVO. Transparencia. Se hace saber a las partes, que en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Para los efectos previstos en el párrafo octavo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, y conforme a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, la Secretaría supervisará y dará fe de la incorporación de la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para la debida integración del expediente electrónico. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yosmar Hernández Marín, contra el acto reclamado al Juez de Control de la Región 9, de Centro, Tabasco, consistente en la orden de aprehensión reclamada. SEGUNDO. La JUSTICIA de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Yosmar Hernández Marín, en contra del acto reclamado a la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, y Destacamiento de la Policía Ministerial de Investigación del Municipio de Frontera, Centla, todas del Estado de Tabasco, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mariano Suárez Reyes, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Álvaro Daniel Gutiérrez Álvarez, Secretario que da fe. Álvaro Daniel Gutiérrez Álvarez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, certifica: que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Por un lado agréguese a los autos el oficio suscrito por la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Frontera Centla, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 154/2020, número de orden 202/2020, del índice de este Juzgado Federal. Ahora bien, de la comunicación oficial que se acuerda, se observa que la tercera interesada, menor de identidad reservada e iniciales M. Y. S. M., representada por su madre *** ha quedado debidamente emplazada al presente juicio de amparo. Asimismo, que el término concedido para que señalara domicilio a efecto de recibir notificaciones en ésta ciudad, como se advierte de la certificación de cuenta, transcurrió del veintidós al veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado por este Juzgado mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veinte; por lo que, ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.
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