Yosimara Sierra Gómez
Expediente 86/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Yosimara Sierra Gómez
Actuaciones
- Incidental
SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE.
- Principal
LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO CAUSA EJECUTORIA, SE ORDENA ASU ARCHIVO.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, y con 12 apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 13 77 fracción II, y demás relativos de la Ley 14 de Amparo; se, 15 R E S U E L V E 16 PRIMERO. La JUSTICIA DE LA 17 UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A 18 ***********************, por sí y en 19 representación de sus menores hijos de 20 identidad reservada, en contra del acto y 21 autoridad que precisados quedaron en los 22 considerandos segundo y tercero de la 1 presente resolución, por los razonamientos 2 expuestos en el considerando CUARTO de 3 la misma. 4 SEGUNDO. Cúmplase con lo 5 establecido en el considerando quinto de 6 este fallo. 7 TERCERO. Expídase a las partes la 8 copia que refiere el considerando último de 9 esta sentencia. 10 Notifíquese como corresponda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA QUE DICE: "JUICIO DE AMPARO 86/2020 Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 86/2020; y (.) SEGUNDO. Es imperativo precisar lo que constituye el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Así, del contenido integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La resolución de quince de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio ordinario civil número *** del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en la que se determinó reducir la pensión alimenticia provisional decretada en favor de la parte quejosa, del cuarenta al treinta y cinco por ciento del salario que percibe el demandado ****, como consecuencia de la reclamación interpuesta por este último. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Decimosegundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (fojas 102 y 103). (.) CUARTO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. (.) Ahora bien, tal y como se advierte de la resolución de reclamación dictada en los autos del juicio ordinario civil *** los motivos que sostuvo la juez responsable para resolver en la forma en que lo hizo, fueron los siguientes: Que el demandado justificó con las pruebas aportadas en la reclamación, en específico con las actas del registro civil, que se encontraba casado con *** con quien tiene dos hijos, lo cual resultaba suficiente para hacer un nuevo cálculo de los alimentos provisionales. Que uno de los hijos es menor de edad y respecto del otro que es mayor, si bien no se aportó pruebas de su actividad estudiantil, lo cierto es que, aunado a las pruebas antes mencionadas, también exhibió un talón de pago, del que se desprende que bajo la clave 77, se le hace un descuento por el concepto de "pensión alimenticia", por el cual le fue descontado en el periodo del dieciséis al treinta de junio de esa anualidad, la cantidad de $*** Advirtiéndose de igual forma que después de aplicados los descuentos, el reclamante recibe la cantidad liquida de $**, con los cuales debe satisfacer sus necesidades personales. Que tal medio de convicción no fue objetado por la parte actora, además que en la reclamación la valoración de pruebas procede en términos del artículo 210 del código adjetivo civil, motivo por el cual no se aplicaban con rigorismo las reglas de la valoración de pruebas, atendiendo la imposibilidad que se tiene para perfeccionar los medios de convicción. Pues observando los principios de equilibrio procesal e igualdad entre las partes, se advertía que a la parte actora se le fijaron alimentos con base en los documentos que anexó a su demanda, sin someter los mismos a las rigurosas reglas de valoración, por lo que ese mismo derecho le asistía al demandado para que se valoren los documentos que anexó para la reclamación. Que con las pruebas aportada por el deudor alimentario se acreditó el lazo familiar que lo une con su cónyuge e hijos, los cuales tienen derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tiene a su cargo el sostenimiento económico, quienes tienen al igual que los menores representados en ese controvertido el derecho de recibir alimentos por parte del ahí demandado. Y, por tal motivo, era válido hacer un nuevo cálculo sobre los alimentos provisionales, pues cuando estos se fijaron se tomó como referente que los acreedores necesitaban satisfacer todos y cada uno de los rubros a que se refiere los alimentos y, respecto del deudor alimentario, se tuvo presente que la cantidad que le restaba era para sufragar sus propias necesidades, sin contemplar que tuviera otros acreedores como resulta ser su esposa e hijo menor de edad. Que al existir nuevos elementos debía buscarse un plano de equidad entre todos los aspectos antes invocados, puesto que las necesidades y posibilidades reales del deudor alimentario, si resultaba un referente valido para ajustar la pensión alimenticia fijada de manera provisional en ese asunto. Que tal cuestión, al guardar relación con los derechos de dos menores de edad, de quienes se comprobó su estado de necesidad en ese controvertido, el cual se traduce en garantizar alimentos, tendría que ser analizada bajo el principio del interés superior de la infancia. Que al tratarse de dos acreedores alimentarios que viven a lado de su progenitora en lugar distinto al del demandado, quienes al momento de la presentación de la demanda contaban con la edad de siete años dos meses, se presumía su estado de necesidad alimentaria ya que por la edad y actividad escolar no pueden cubrir esta por sí mismos. Que aun cuando de autos no se advertían pruebas que pusieran de relieve el estilo de vida o las costumbres de la familia en conflicto, sumándose que tampoco existía evidencia de gastos extraordinarios por cuestiones de educación o salud. Que se advertía de actuaciones que el demandado laboraba y vivía en lugar distinto de donde se ubica el hogar de la parte actora; que cuenta con una familia integrada por su esposa y dos hijos, uno de ellos menor de edad, además que, como cualquier persona goza de presunción de erogar gastos personales. Y que, atendiendo a que del recibo de nómina exhibido se advertía que al demandado, después de los descuentos oficiales y el pago de una diversa pensión alimenticia, le restaban de manera quincenal la cantidad de setenta y seis pesos con veintinueve centavos moneda nacional. Por lo tanto, a fin de observar los principios de equidad y proporcionalidad entre los progenitores de los menores de edad, así como atendiendo al interés superior de la infancia, procedía reducir lo menos posible la pensión alimenticia provisional, esto es, del 40% al 35% del sueldo y demás prestaciones que recibe el deudor alimentario en su fuente de trabajo. En el entendido de que a cada acreedor alimentario, para los que se había fijado un veinte por ciento inicialmente, ahora les corresponderá un 17.5% a cada uno, en atención a que el reclamante tiene diversos acreedores alimentarios. Sin que tal decisión resultara perjudicial para los menores acreedores, puesto que los mismos viven con su progenitora quien cumple de manera directa con su obligación alimentaria. Hasta aquí lo correspondiente a los argumentos vertidos por la juez responsable al emitir el acto reclamado. En esta tesitura, conviene precisar que la impetrante de amparo expresó en su escrito de demanda, en esencia, los siguientes conceptos de violación: (.) Los anteriores argumentos son infundados por una parte e inoperantes por otra, incluso suplida la deficiencia de la queja en favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación. Por razón de técnica jurídica, los motivos de inconformidad serán abordados en diferente orden y algunos de forma conjunta dada la estrecha relación que guardan entre sí, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo De acuerdo con el derecho humano de seguridad jurídica contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben fundar y motivar los actos que impliquen una molestia para los gobernados; precepto que textualmente dice: (.) Del numeral traído a cuenta, se advierte la obligación de la autoridad competente de citar en sus resoluciones la ley que sea exactamente aplicable al caso y, además, motivarlas. Lo que implica exponer las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales que tuvo para emitir el acto, debiendo existir adecuación entre esas razones y los preceptos legales citados. Resulta aplicable la jurisprudencia.registro 203143, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Por otra parte, por su relación con el tema, resulta conveniente transcribir el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual indica lo siguiente: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." De la interpretación literal de la disposición transcrita, se deduce que alberga un principio rector en materia de alimentos conforme al cual la obligación de proporcionarlos debe cumplirse atendiendo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Bajo tales premisas, debe indicarse que el derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo o por adopción, del matrimonio, del concubinato y, en algunos casos, del divorcio. Así, el Código Civil para el Estado de Veracruz, al legislar las relaciones de familia, establece que los parientes deben ministrarse alimentos y crea una acción especial con el objeto de hacer efectiva esta obligación, la cual supone la concurrencia de tres elementos; a saber: Un vínculo determinado entre el alimentante y el alimentado; Necesidad del alimentado; y, Posibilidad económica del alimentante. En efecto, se parte de la base que el que pide los alimentos los necesita y que el que debe prestarlos puede hacerlo, porque sus condiciones económicas lo permiten y su vinculación con el alimentado lo exige. De igual forma, debe tenerse en cuenta que el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, el Juez podrá, en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional. Asimismo, decretar su aseguramiento, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Además, cualquier reclamación sobre la medida provisional de alimentos se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda y, previa vista que se dé a la parte contraria del reclamante, en términos del párrafo tercero del citado artículo 210, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. De ahí que la litis en la reclamación se limita a determinar, con base en los agravios esgrimidos por el reclamante, la contestación a la vista que en su caso realice la contraparte y las pruebas que aportaron las partes, si es equitativo o no el monto decretado como medida cautelar en un juicio civil. Así, dicha reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta datos o pruebas que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin. Bajo este entendido, el juzgador debe tomar en consideración las pruebas ofrecidas tanto en el escrito inicial de demanda, como las allegadas en la reclamación y en el desahogo de la vista otorgada con motivo de la misma, toda vez que el ofrecimiento no está reservado únicamente a quien formula la petición y con tal material determinar lo procedente. Apoya lo anterior, por su sentido, la tesis .registro 189215, de rubro: "ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Bajo ese tenor, es de precisarse que de la lectura de la resolución reclamada se advierte que cumple con los requisitos formales de fundamentación y motivación. Ya que la responsable citó el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, respecto de la proporcionalidad de la posibilidad del que debe dar alimentos y a la necesidad del que debe recibirlos. Asimismo, los diversos artículos 101 respecto al derecho preferente de los acreedores alimentarios; 234 en relación a la obligación que tienen los padres de dar alimentos a sus hijos, por lo que gozan de la presunción de necesidad; 239 relativo a los rubros que comprenden los alimentos y 240 respecto al cumplimiento del obligado a través de la incorporación de acreedor a la familia o la asignación de una pensión competente. De igual forma, invocó el numeral 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con la procedencia del recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Aunado a que esos preceptos sí son aplicables a la litis, ya que hacen referencia a la tramitación del recurso de reclamación, a la proporcionalidad de los alimentos y el derecho de las personas que deben otorgarse los mismos. Además, por cuanto hace a la motivación, el juez responsable resolvió que la reclamación de la pensión alimenticia provisional debía declararse parcialmente procedente, debido a que el demandado acreditó tener otros acreedores alimentarios a quienes les proporciona una pensión alimenticia. Lo anterior, con base en: (1) acta de matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil, donde consta el enlace matrimonial entre ***; (2) copias certificadas de las actas de nacimiento correspondientes a los hijos de los citados cónyuges, uno de ellos de identidad reservada, así como (3) la impresión digital de nómina a nombre del demandado, con fecha de pago de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mismo que comprende del periodo del dieciséis al treinta del citado mes y año. Probanzas señaladas con los número (1) y (2) que fueron valoradas por la responsable de conformidad con lo establecido en los artículos 261, fracción IV y 265, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en relación con los diversos 653 y 671 del Código Civil; y la descrita en el número (3), al tenor de los artículos 210, 293 y 333 del citado código procedimental. Documentales que el demandado ofreció como pruebas de su parte en su escrito de reclamación, con las que acreditó el vínculo que tienen con *** y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad. Asimismo, que se le hace un descuento en su nómina bajo el concepto de "pensión alimenticia" y que al hacerle tal deducción así como la de otros rubros, le resta un cantidad liquida que asciende a $***. Circunstancias que desconocía la juez responsable al momento de decretar la pensión alimenticia provisional y, por ende, al advertir que el demandado cumplía con una diversa pensión alimenticia, así como al quedar demostrada la cantidad que le resta quincenalmente después de los descuentos efectuados a su nómina por tal concepto y otros más. Por lo tanto, estimó que debía tomarse en consideración no sólo la necesidad de los menores actores en el juicio natural, sino también la capacidad económica del deudor alimentario, quien contaba con una familia integrada por su esposa y dos hijos, uno de ellos menor de edad, así como la presunción de que éste eroga gastos personales. Lo anterior permitió que la juez natural señalara las razones y motivos que tuvo para decretar parcialmente procedente la reclamación a la pensión alimenticia provisional, cumpliendo así con la obligación constitucional de motivar la causa legal del procedimiento. Ahora bien, en atención a lo anterior, no le asiste la razón a quien viene al amparo al decir que la reducción de la pensión alimenticia ordenada por el juez en el acto reclamado, es violatoria de los derechos de sus menores hijos, al no resultar justa ni equitativa. Pues como quedó establecido en líneas anteriores, la litis en la reclamación se limita a determinar si es equitativo o no el monto decretado como medida cautelar en el juicio natural y si el deudor alimentista aporta datos o pruebas que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional, dicha reclamación debe declararse procedente. Por lo que, al haber acreditado el aquí tercero interesado contar con diversos acreedores alimentarios distintos a los actores en el juicio de origen y, además, que le es descontado de su sueldo el concepto de "pensión alimenticia", restándole una cantidad que asciende a $***, el suscrito considera correcto el actuar del juez natural al resolver en la forma en que lo hizo. Pues, con base en el interés superior de los menores, correctamente estableció que por su edad y actividad escolar no podían cubrir por sí mismos sus necesidades alimentarias y que la misma se presumía aun cuando no obraban pruebas que pusieran de relieve el estilo de vida o las costumbres de éstos, quienes viven con su madre. Sin embargo, al demostrarse en autos tanto la existencia de diversos acreedores alimentarios así como el descuento que le realizan al demandado en su nómina por concepto de pensión alimenticia y la cantidad que le resta para sufragar sus propias necesidades, debía reducirse lo menos posible la pensión alimenticia provisional, esto es, del 40% al 35% del sueldo y demás prestaciones que recibe el deudor alimentario en su fuente de trabajo. Con lo anterior se pone en evidencia lo infundado de lo que alega la parte quejosa, pues si bien tiene la presunción de necesitar los alimentos, ello no implica que deba soslayarse la posibilidad real y económica con la que cuenta el deudor para cubrir esa necesidad alimentaria. Máxime que, tal y como lo indicó la juez natural, tal decisión no resultaba perjudicial para los menores acreedores, puesto que los mismos viven con su progenitora quien cumple de manera directa con su obligación alimentaria. Pues lo buscado por la legislación civil local es lograr la equidad y equilibrio entre ambas partes, es decir, entre el deber de otorgarse por quien corresponde, así como posibilidad de real de afrontar con tal obligación. (.) Por tanto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la responsable no actuó de manera ilegal al reducir la pensión provisionalmente fijada de un 40% a un 35% a favor de sus menores hijos, pues con dicha reducción (5%) no se advierte que se genere transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Pues el aquí tercero interesado acreditó que su capacidad económica se vio disminuida, pues relevó que cuenta con otros acreedores alimentarios a los que ya les proporcionaba pensión alimenticia y se dio a conocer la cantidad liquida que percibe como sueldo, una vez efectuado los descuentos de ley. Además, cabe señalar que del análisis a las constancias que hasta el momento tuvo a la vista la autoridad responsable, en modo alguno se advierte que la parte demandada tenga otra fuente de ingreso que justifique la necesidad de mantener el porcentaje fijado en el auto inicial motivo de la reclamación que nos ocupa. De ahí que, si el único ingreso con el que cuenta el demandado es el que percibe como ***. registro 180304, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Por otra parte, en relación a lo manifestado por la impetrante de amparo en el sentido de que, respecto al hijo mayor del demando, no se acreditó fehacientemente en autos cual es el grado de estudios, plantel educativo o carrera que se encuentra cursando, motivo por el cual está obteniendo injustificadamente recursos por concepto de pensión alimenticia. Es de precisarse que el juez responsable no declaró procedente la reclamación planteada por el solo hecho que el demandado acreditó que contaba con otros acreedores alimentarios, conformados por su esposa y dos hijos, uno de ellos mayor de edad. Sino que, tal y como se advierte de la resolución que por esta vía se reclama, el motivo toral por el cual la autoridad señalada como responsable resolvió en la forma en que lo hizo, fue porque el demandando, con base en la pruebas aportadas en la reclamación, demostró que le realizan descuentos por concepto de pensión alimenticia. Asimismo, que una vez hechas las deducciones de ley a su nómina, entre las que se encuentra el referido pago de pensión, le resta la cantidad de setenta y seis pesos con veintinueve centavos moneda nacional. De ahí lo infundado de su concepto de violación. Por lo tanto, se considera correcta la determinación del juez responsable, pues con base en los elementos que tuvo en consideración resolvió reducir la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente, del cuarenta al treinta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente de trabajo. Por otra parte, a juicio de quien esto resuelve, los planteamientos de inconformidad restantes resultan inoperantes, dado que en modo alguno combaten las consideraciones del juez responsable vertidas en la resolución reclamada. Se dice lo anterior, pues si bien la quejosa realizó diversas afirmaciones a modo de conceptos de violación en el capítulo relativo de su demanda de amparo. Lo cierto es que en ningún momento combate los razonamientos que la responsable esgrimió para llegar a la conclusión de que procedía reducir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial. Pues éstos se limitan a establecer que la pensión que están obteniendo los hijos del deudor alimentario procreados del primer matrimonio equivale al 60% de sus ingresos totales; que el hijo que cuenta con veintitrés años de edad puede allegarse alimentos pero sus hijos menores de edad no pueden hacerlo. Que si el deudor alimentario tuviera la necesidad de que se le reduzca la pensión por concepto de alimentos, debería promover una reducción de la misma dentro del diverso juicio *** del índice del Juzgado Mixto de Primera instancia del Distrito Judicial de Chicontepec, Veracruz, en el cual le descuentan el 60% de su sueldo y demás prestaciones que percibe para sus hijos de catorce y veintitrés años, así como su cónyuge. De ahí que sus argumentos en esta vía resulten inoperantes, ya que no enderezan razonamiento alguno para atacar los fundamentos de la determinación que redujo la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la parte quejosa. Pues si bien es cierto, para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir; tal circunstancia obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Pero ello de manera alguna implica que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman; lo que en el caso, como se dijo, no sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la .registro 185425, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Lo anterior, tiene como consecuencia que las consideraciones en que sustentó su fallo la autoridad responsable continúen rigiendo su sentido, pues la finalidad del juicio de amparo indirecto consiste en determinar si las consideraciones y los fundamentos del acto reclamado, causan o no alguna violación a sus derechos fundamentales. (.) En relatadas consideraciones, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, aún suplidos en su deficiencia, procede NEGAR EL AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicitada por ***, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservada. (.) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A***, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución, por los razonamientos expuestos en el considerando CUARTO de la misma... "
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes
- Yolanda Sánchez Valerio y Otros.1170/2017
- Yolanda Vargas Cisneros223/2017
- Yoloxochitl Salazar Bustamante1035/2018
- Yonni Contreras Reynoso700/2023
- Yosbel Trujillo Pérez318/2022
- Yoshio Levit Aguilar Marín437/2022
- Yovany Alba Elizondo378/2018
- Ysabel Ferman Cano905/2021
- Yudert Hilario Osorio Gómez175/2018
- Yunieski Gaile León321/2022
- Yuray Ávila Vargas731/2019
- Yuriana González Rico355/2019