Yoselin Huerta Ríos
Expediente 527/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yoselin Huerta Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 5716/2019, con el que se ordenó notificarle el auto de doce de febrero del año en curso, y se le devolvió un tomo de pruebas que remitió al rendir su informe justificado. Cúmplase.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 5716/2019, con el que se ordenó notificarle el auto de doce de febrero del año en curso, y se le devolvió un tomo de pruebas que remitió al rendir su informe justificado. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a doce de febrero de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia autorizada el doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 62 a 73); este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Yoselín Huerta Ríos, por sí y en representación de su menor hijo de apellidos Cortez Huerta, para que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, cumpliera con los siguientes efectos: "[.] Por lo antes expuesto, al resultar sustancialmente fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa y ser éste el que reporta mayor beneficio, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz: 1. Deje insubsistente el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 250/2018, única y exclusivamente en lo que concierne a la convivencia provisional establecida entre el tercero interesado José Guillermo Cortez Adán, y su menor hijo de apellidos Cortez Huerta; y 2. En atención a la solicitud de convivencia formulada por el ahora tercero interesado en su escrito recibido el diez de abril del año en curso, para estar en condiciones de resolver al respecto, provea lo necesario para que se cite a una audiencia en la que sean escuchados el menor involucrado y sus progenitores, a fin de que emitan su opinión en relación con la convivencia con el padre, dando la intervención correspondiente a la representación social; para lo cual, al momento de fijar fecha y hora para que tenga lugar dicha audiencia, atienda a los lineamientos conducentes expuestos en este considerando, establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017, para el ejercicio del derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. [.]" (fojas 72 y 73) De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 250/2018, única y exclusivamente en lo que concierne a la convivencia provisional establecida entre el tercero interesado José Guillermo Cortez Adán, y su menor hijo de apellidos Cortez Huerta; y 2. Proveer lo necesario para que se citara a una audiencia en la que sean escuchados el menor involucrado y sus progenitores, a fin de que emitan su opinión en relación con la convivencia que el padre solicitó, dándole la intervención correspondiente a la representación social. 3. Al momento de fijar fecha y hora para que tuviera lugar dicha audiencia, debía atender los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017, para el ejercicio del derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Ahora bien, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve (fojas 89 y 90), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En acato a lo anterior, la autoridad responsable remitió el oficio número 248, de veinticinco de enero de la presente anualidad, al que adjuntó la resolución de esa propia data (fojas 93 a 98); por consiguiente, el treinta de enero del mismo año, se ordenó dar vista a las partes (foja 99). En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil número 250/2018/III, de su índice, única y exclusivamente por lo que concierne a la convivencia provisional decretada entre el demandado, aquí tercero interesado, y el menor de identidad reservada con iniciales R.A.C.H. Posteriormente, señaló las once horas del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve para que sean escuchados el menor y sus progenitores, dando la intervención correspondiente al Ministerio Público de su adscripción, con la finalidad de determinar lo relativo a la convivencia solicitada por el padre del infante. También se advierte que cumplió con los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque para preparar la entrevista con el menor, ordenó una diligencia seguida en forma de conversación, la que determinó celebrar en forma privada en su cubículo, y en la que previamente un especialista en temas de niñez adscrita al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia "DIF", se entrevistará con el menor a fin de que en un lenguaje sencillo, accesible y amigable le haga saber la razón y objeto de la audiencia, y lo asista en la misma. Se pronunció respecto de la forma en que debía registrarse la declaración o testimonio del menor íntegramente, pues indicó que la celebración de la audiencia referida sería en la forma ordinaria, consistente en el dictado al oficial asignado al trámite del expediente, en el sistema de cómputo respectivo. Asimismo, requirió a la progenitora para que se presentara el día de la audiencia con su menor hijo y una persona para que brindara confianza, apoyo afectivo y emocional al menor, con el objetivo de tranquilizarlo durante la audiencia y reducir el nivel de estrés o ansiedad, y en caso de que esta persona no se presentara, el menor sería asistido por la trabajadora social o psicóloga asignada. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte la existencia de un tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas del expediente 250/2018/III, que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el cual resulta incensario conservar en razón de que se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesado.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a doce de febrero de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia autorizada el doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 62 a 73); este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Yoselín Huerta Ríos, por sí y en representación de su menor hijo de apellidos Cortez Huerta, para que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, cumpliera con los siguientes efectos: "[.] Por lo antes expuesto, al resultar sustancialmente fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa y ser éste el que reporta mayor beneficio, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz: 1. Deje insubsistente el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 250/2018, única y exclusivamente en lo que concierne a la convivencia provisional establecida entre el tercero interesado José Guillermo Cortez Adán, y su menor hijo de apellidos Cortez Huerta; y 2. En atención a la solicitud de convivencia formulada por el ahora tercero interesado en su escrito recibido el diez de abril del año en curso, para estar en condiciones de resolver al respecto, provea lo necesario para que se cite a una audiencia en la que sean escuchados el menor involucrado y sus progenitores, a fin de que emitan su opinión en relación con la convivencia con el padre, dando la intervención correspondiente a la representación social; para lo cual, al momento de fijar fecha y hora para que tenga lugar dicha audiencia, atienda a los lineamientos conducentes expuestos en este considerando, establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017, para el ejercicio del derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. [.]" (fojas 72 y 73) De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 250/2018, única y exclusivamente en lo que concierne a la convivencia provisional establecida entre el tercero interesado José Guillermo Cortez Adán, y su menor hijo de apellidos Cortez Huerta; y 2. Proveer lo necesario para que se citara a una audiencia en la que sean escuchados el menor involucrado y sus progenitores, a fin de que emitan su opinión en relación con la convivencia que el padre solicitó, dándole la intervención correspondiente a la representación social. 3. Al momento de fijar fecha y hora para que tuviera lugar dicha audiencia, debía atender los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017, para el ejercicio del derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Ahora bien, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve (fojas 89 y 90), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En acato a lo anterior, la autoridad responsable remitió el oficio número 248, de veinticinco de enero de la presente anualidad, al que adjuntó la resolución de esa propia data (fojas 93 a 98); por consiguiente, el treinta de enero del mismo año, se ordenó dar vista a las partes (foja 99). En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil número 250/2018/III, de su índice, única y exclusivamente por lo que concierne a la convivencia provisional decretada entre el demandado, aquí tercero interesado, y el menor de identidad reservada con iniciales R.A.C.H. Posteriormente, señaló las once horas del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve para que sean escuchados el menor y sus progenitores, dando la intervención correspondiente al Ministerio Público de su adscripción, con la finalidad de determinar lo relativo a la convivencia solicitada por el padre del infante. También se advierte que cumplió con los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque para preparar la entrevista con el menor, ordenó una diligencia seguida en forma de conversación, la que determinó celebrar en forma privada en su cubículo, y en la que previamente un especialista en temas de niñez adscrita al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia "DIF", se entrevistará con el menor a fin de que en un lenguaje sencillo, accesible y amigable le haga saber la razón y objeto de la audiencia, y lo asista en la misma. Se pronunció respecto de la forma en que debía registrarse la declaración o testimonio del menor íntegramente, pues indicó que la celebración de la audiencia referida sería en la forma ordinaria, consistente en el dictado al oficial asignado al trámite del expediente, en el sistema de cómputo respectivo. Asimismo, requirió a la progenitora para que se presentara el día de la audiencia con su menor hijo y una persona para que brindara confianza, apoyo afectivo y emocional al menor, con el objetivo de tranquilizarlo durante la audiencia y reducir el nivel de estrés o ansiedad, y en caso de que esta persona no se presentara, el menor sería asistido por la trabajadora social o psicóloga asignada. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte la existencia de un tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas del expediente 250/2018/III, que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el cual resulta incensario conservar en razón de que se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesado.
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