Yoselin Grisel Ibarra Covarrubias

Expediente 1099/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1099/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Yoselin Grisel Ibarra Covarrubias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al Juez Primero Familiar del Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, consistente en todas y cada una de las actuaciones verificadas dentro de los autos que integran el juicio de controversia familiar por guarda y custodia provisional y definitiva 700/2022, y la falta de emplazamiento a la quejosa a éste, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO: Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las constancias que al efecto remitió la autoridad responsable, en vía de justificación, dentro del cual se encuentran las constancias que integran el juicio de controversia familiar por guarda y custodia provisional y definitiva 700/2022, consistente en un anexo de pruebas; el que, por tratarse de documentales públicas, se le confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO: Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por lo que se refiere al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, de igual forma es cierto el acto reclamado, no obstante, la negativa expresada al rendir su informe justificado, pues la misma se desvirtúa, puesto que, al haber sido señalado como autoridad ejecutora, tiene obligación de dar cumplimiento a lo señalado por el Juez responsable. Apoya a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado.". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo examen es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de título: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.". Ahora bien, la suscrita juzgadora federal advierto de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen y estuvo en posibilidad de comparecer e intentar los medios ordinarios de defensa que la ley prevea a su favor. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De lo antes transcrito deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan como extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstas a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento; a esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P/J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En efecto, el evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir a tal procedimiento en defensa de sus intereses. Esto es así, dado que en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, bastaba que antes de que se dictara sentencia tuviera conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en ese caso, está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Dichos criterios son del contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante, ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Jurisprudencias las anteriores que resultan aplicables al caso en estudio, aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional en caso de personas extrañas al juicio. En ese sentido, para que opere la causal de improcedencia en estudio, basta con que la parte quejosa acuda a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño y que, del análisis de los autos, se desprenda que aquél tuvo conocimiento del procedimiento de origen previo a que se hubiera emitido la sentencia definitiva; situación que acontece en la especie. A fin de acreditar la actualización de la hipótesis de improcedencia en estudio, deviene oportuno señalar algunos de los antecedentes que constituyen el acto reclamado. 1. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, ante el Juzgado Familiar en el Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, Martín Arath Núñez Moreno, demandó en procedimiento de controversia familiar a Yoselin Grisel Ibarra Covarrubias, por la guardia y custodia provisional y en su momento la definitiva a favor del promovente respeto de su hija menor de edad de iniciales reservadas A.Y.N.I. (fojas 1 a 16 del Anexo). 2. Por auto de once de agosto de dos mil veintidós, el Juez Familiar en el Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, admitió la demanda en la vía propuesta con el número 700/2022, ordenando se corriera traslado con la misma a la parte demandada; asimismo, en virtud de que los domicilios proporcionados por el actor en el cual pudiera emplazarse a la demandada, se encontraban fuera de la residencia de dicho juzgado, ordenó se girara exhorto al Juez Séptimo Familiar de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de dicho juzgado procediera a emplazar a la parte demandada. También dicho juzgador nombró tutor que representara los intereses de la niña de iniciales reservadas A.Y.N.I., y señaló fecha y hora para la audiencia de escucha de la menor de edad. 3. Después de previos diferimientos para la celebración de la audiencia de escucha de la menor, el seis de diciembre de dos mil veintidós, se llevó acabo la misma (fojas 38 a 40 del Anexo). 4. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el juez responsable decretó la guarda y custodia provisional de la menor de edad de iniciales reservadas A.Y.N.I., a favor de su padre Martín Arath Núñez Moreno (foja 41 del Anexo). Asimismo, la quejosa bajo protesta de decir verdad señaló los antecedentes siguientes. 1. El diez de enero de dos mil veintitrés, presentó demanda en materia familiar por la restitución y en su momento la guarda y custodia de su menor hija de iniciales reservadas A.Y.N.I., demanda que por cuestión de turno le tocó conocer al Juzgado Quinto del Ramo Familiar del Estado. 2. El Juzgado Quinto del Ramo Familiar del Estado, se declaró incompetente por razón de territorio, motivo por el cual después de los tramites respectivos, el asunto se turnó al Juzgado Primero Familiar del Municipio de Rio Verde, San Luis Potosí, el cual le asigno el número de expediente 30/2023, y mediante auto de trece de abril del presente año, se reservó de admitir su demanda, y le requirió para que designará domicilio procesal en aquella ciudad, así como autorizados para recibirlas. 3. El catorce de junio del presente año, solicitó al Juez Primero Familiar del Municipio de Rio Verde, San Luis Potosí, se pronunciara respecto de su escrito de demanda, por lo que, por auto de veintitrés de junio siguiente, acordó la no admisión de su demanda, mismo que refiere la quejosa le fue notificado el 26 de junio de esta anualidad, y en el cual el juzgado menciona textualmente: "En cuanto al segundo de los ocursos de YOSELIN GRISEL IBARRA COBARRUBIAS, recibido en este juzgado el día 14 catorce de junio el presente año. Visto el contenido dígasele a la compareciente que NO HA LUGAR EN ADMITIR SU DEMANDA, toda vez que es un hecho notorio que existe en el expediente 700/2022, en el cual se decreta la medida de Guarda Custodia a favor del C. MARTÍN ARATH NÚÑEZ MORENO a favor de la menor de edad de identidad reservada de iniciales A.Y.N.I, con fundamento en el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado." Es por lo anterior que manifiesta que hasta esa fecha tuvo conocimiento de que el padre de su menor hija había tramitado una demanda por custodia, de la cual nunca tuvo conocimiento. Precisado lo anterior debe decirse que el carácter de tercero extraño a juicio con el cual promueve la quejosa el presente juicio de amparo, queda desvirtuado. Esto es así, pues de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado se advierte que, ante el Juzgado Familiar en el Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, Martín Arath Núñez Moreno, demandó en procedimiento de controversia familiar a Yoselin Grisel Ibarra Covarrubias, por la guardia y custodia provisional y en su momento la definitiva a favor del promovente respeto de su hija menor de edad de iniciales reservadas A.Y.N.I. Y que, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el juez responsable decretó la guarda y custodia provisional de la menor de edad de iniciales reservadas A.Y.N.I., a favor de su padre Martín Arath Núñez Moreno. Así como que la aquí quejosa tramitó ante el Juzgado Primero Familiar del Municipio de Rio Verde, San Luis Potosí, demanda en materia familiar por la restitución y en su momento la guarda y custodia de su menor hija de iniciales reservadas A.Y.N.I., a la cual le asigno el número de expediente 30/2023, y que, por auto de veintitrés de junio siguiente, el juez responsable acordó la no admisión de su demanda, en virtud de que resultaba un hecho notorio que existía el expediente 700/2022, en el cual se decretó la medida de guarda custodia provisional a favor de Martín Arath Núñez Moreno a favor de la menor de edad de identidad reservada de iniciales A.Y.N.I, mismo que refirió la quejosa le fue notificado el veintiséis de junio de esta anualidad. En esa medida, resulta indiscutible que a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación en el citado juicio del que emana el acto reclamado, pues como quedó precisado en el mismo sólo se ha decretado la guarda custodia provisional de Martín Arath Núñez Moreno a favor de la menor de edad de identidad reservada de iniciales A.Y.N.I, por ende, se encuentra en posibilidad de comparecer y hacer valer lo que a su interés convenga, al ser parte demandada aunado al hecho de que aún no se ha puesto fin a la controversia familiar. Por tanto, al haber presentado la demanda de amparo, señalando un indebido llamamiento a dicho sumario, se advierte que ésta tiene conocimiento de la existencia del juicio de controversia familiar por guarda y custodia provisional y definitiva 700/2022, del índice del Juzgado Primero Familiar del Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, por lo cual lo que ello es suficiente para que pierda el carácter con el que comparece, pues como se dijo, a la fecha no se ha dictado sentencia, por lo que la promovente está en aptitud de comparecer a la mencionada contienda, a hacer valer los derechos que estime en favor de su menor hija y, en su caso, controvertir las actuaciones que considere le perjudiquen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal.". Finalmente, no pasa inadvertido para esta juzgadora federal, que el presente asunto versa sobre el interés superior de una menor en donde la suplencia de la queja opera en toda su amplitud, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Pues el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no entraña un derecho limitado, sino que su ejercicio está constreñido al cumplimiento de determinados requisitos de procedibilidad, que colme las exigencias legales para su procedencia, pues de lo contrario, si no existe el ejercicio del derecho de acción para plantear una específica pretensión, se obligaría a las autoridades jurisdiccionales a resolver conflictos de manera oficiosa o se les facultaría para analizar asuntos cuyas exigencias sean jurídicamente inviables. Y es que, debe destacarse, que en el caso en concreto, no existe una negativa por parte de la responsable para permitir que la promovente comparezca en favor de su menor hija a la controversia que sobre su guarda y custodia solicitada por el padre de ésta (tercero interesado), pues ni si quiera ha intentado apersonarse con dicha calidad; de ahí que, como se dijo, está en aptitud de comparecer al mismo, para hacer valer los derechos que estime en favor de ésta y, en su caso, controvertir las actuaciones que considere le perjudiquen. En ese sentido, la necesidad del establecimiento de causas de improcedencia, como límite al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la impartición de justicia, se justifica en virtud de la existencia de condiciones imprescindibles para el nacimiento, desarrollo y conclusión válida de un litigio, que doten de certeza, seguridad jurídica y legalidad al fallo que se emita. Por tanto, debe decirse que el sobreseimiento en el juicio no entraña, per se, violación al principio inicialmente señalado, porque los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso de la parte quejosa a un tribunal previamente establecido. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido.". Decisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo contra los actos reclamados por la parte quejosa, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dado el sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación expuestos por la quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, debe decirse que no resulta dable atender a las manifestaciones que en vía de alegatos expuso el tercero interesado, así como de la representante especial de la menor de edad de iniciales A.Y.N.I; dado que es de explorado derecho que los alegatos no forman parte de la litis constitucional en el juicio de amparo. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro sesenta, Noviembre de dos mil dieciocho, Tomo I, página cinco. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Yoselin Grisel Ibarra Covarrubias, contra los actos del Juez Primero Familiar del Municipio de Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad, por los motivos expuestos en último considerando de esta ejecutoria.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por ****, en su carácter de tutor designado para representar a la niña de iniciales ***, en atención a su contenido se provee: Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, se tienen como autorizadas para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos a las personas que expresamente autoriza el promovente. Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, ténganse sus manifestaciones en vía de alegatos de su intención, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver. Notifíquese por medio de lista.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Familiar del Tercero Distrito Judicial con Residencia en Rioverde, San Luis Potosí, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho ***, del índice de este Juzgado, del cual se advierte que llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado, ***, en su carácter de tutor designado para representar a la niña de iniciales ********. Acúsese recibo. Vista la certificación de cuenta, se desprende que el plazo de tres días concedido al tercero interesado *****, en su carácter de tutor designado para representar a la niña de iniciales **** mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya transcurrió sin que al efecto hubiese dado cumplimiento. En tal virtud, se hace efectivo al apercibimiento de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés y se ordena que las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le hagan por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista y por oficio al Juez Familiar del Tercero Distrito Judicial con Residencia en Rioverde, San Luis Potosí.

  4. Principal

    Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.

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