Yorman Pérez Colón
Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yorman Pérez Colón
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de diciembre de dos mil veinte. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, atento a lo ordenado en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, de conformidad con el artículo 21, fracción d) del citado acuerdo, se determina que el expediente principal una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto; agréguese a los presentes autos la razón suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ***, el acuerdo de once de noviembre del año en curso, emitido en el presente juicio de amparo, por los motivos que aduce. Ahora bien, a fin de no dejar en estado de indefensión al citado quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele dicho acuerdo por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, para los efectos legales conducentes, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. EN VIRTUD DE LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE NOTIFICO POR LISA AL QUEJOSO EL DIVERSO DE ONCE DE LOS ACTUALES, EL CUAL ES DE LA SIGUIENTES SÍNTESIS: Acapulco de Juárez, Guerrero; once de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 610/2020 y fórmese expediente. Lo anterior, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese tenor, importa señalar que el artículo 61, fracción XXIII1, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte, el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, al interpretar el contenido del numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1) La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. 2) La diversa, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, determinó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la parte promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 2 Contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, por lo que concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 48/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese corolario, en el caso que se analiza, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de radicar el escrito inicial de demanda que presentó el veintiuno de octubre de dos mil veinte; y que según refiere, le correspondió el número de expediente 520/2020, del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; por tanto, es claro que dicha conducta no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, pues sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por ello, al ser un acto de naturaleza omisiva el que se combate en esta vía constitucional, resulta ser notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado por la parte quejosa. Incluso, a juicio de este Juzgador de Distrito, la omisión reclamada no encuadra dentro de la excepción a la regla de improcedencia en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha referida por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, esto es, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la que refiere haber presentado la demanda laboral y la presentación de la demanda de amparo once de noviembre actual, se obtiene que han transcurrido menos de treinta días, por lo que es evidente que aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, y existe la posibilidad de que en un "plazo razonable" no mayor a cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse -que se estima prudente para que el personal adscrito al órgano laboral responsable solvente sus circunstancias técnicas, jurídicas y materiales-, provea lo que en derecho proceda respecto a la demanda laboral y al señalamiento de la audiencia bifásica en el expediente laboral 520/2020. Resulta aplicable la Jurisprudencia 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, con registro 2019400, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por ***. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en su escrito; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arquímedes Domínguez Barrios, Alejandro Cabrera Salinas, Yaneli Bustos Figueroa y Esthela Ramón Peña, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que los acredita como Licenciados en Derecho. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que el usuario "ybf08", efectivamente corresponde a Yaneli Bustos Figueroa. En consecuencia, como lo solicita expresamente el quejoso se autoriza a dicha profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Finalmente, con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 610/2020 y fórmese expediente. Lo anterior, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese tenor, importa señalar que el artículo 61, fracción XXIII1, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte, el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, al interpretar el contenido del numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1) La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. 2) La diversa, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, determinó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la parte promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 2 Contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, por lo que concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 48/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese corolario, en el caso que se analiza, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de radicar el escrito inicial de demanda que presentó el veintiuno de octubre de dos mil veinte; y que según refiere, le correspondió el número de expediente 520/2020, del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; por tanto, es claro que dicha conducta no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, pues sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por ello, al ser un acto de naturaleza omisiva el que se combate en esta vía constitucional, resulta ser notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado por la parte quejosa. Incluso, a juicio de este Juzgador de Distrito, la omisión reclamada no encuadra dentro de la excepción a la regla de improcedencia en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha referida por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, esto es, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la que refiere haber presentado la demanda laboral y la presentación de la demanda de amparo once de noviembre actual, se obtiene que han transcurrido menos de treinta días, por lo que es evidente que aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, y existe la posibilidad de que en un "plazo razonable" no mayor a cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse -que se estima prudente para que el personal adscrito al órgano laboral responsable solvente sus circunstancias técnicas, jurídicas y materiales-, provea lo que en derecho proceda respecto a la demanda laboral y al señalamiento de la audiencia bifásica en el expediente laboral 520/2020. Resulta aplicable la Jurisprudencia 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, con registro 2019400, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por ***. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en su escrito; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arquímedes Domínguez Barrios, Alejandro Cabrera Salinas, Yaneli Bustos Figueroa y Esthela Ramón Peña, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que los acredita como Licenciados en Derecho. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que el usuario "ybf08", efectivamente corresponde a Yaneli Bustos Figueroa. En consecuencia, como lo solicita expresamente el quejoso se autoriza a dicha profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Finalmente, con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe. CESAR BARAJAS GARCÍA
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes
- Yolanda Pineda Vonza1298/2013
- Yolanda Remigio Sixto1276/2014
- Yolanda Restrepo Villada56/2023
- Yolanda Rueda García904/2016
- Yolanda Vizarretea Hernández116/2015
- Yorman Pérez Colón690/2020
- Yoseline Arizmendi Villegas522/2018
- Yoshira González Carmona59/2014
- Yovani Gómez Campos1279/2014
- Ysabel de los Santos Morales705/2023
- Ysrael Vicente Aguilera García650/2019
- Yulia Prestegui Chavez664/2023