Yonny Mendoza Góngora
Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2022
Partes del expediente
- Yonny Mendoza Góngora
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, así como de la parte quejosa, del auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo a la quejosa Gas Silza, sociedad anónima de capital variable, interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución incidental de doce de julio de dos mil veintiuno; por tanto, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción, a fin de que practique dichas notificaciones. Asimismo, ya que de autos se advierte que no obran los oficios dirigidos a las autoridades responsables XXIII Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja California, Gobernadora del Estado de Baja California, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California y Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, todas con residencia en Mexicali, ni el acuse de recibo de los oficios 34527/2021, 34528/2021, 34529/2021, y 34530/2021 mediante los cuales se les informa sobre el recurso de revisión antes referido; en obvio de mayores dilaciones, reexpídanse los oficios de que se trata vía mensajería acelerada a las autoridades de mérito a su domicilio oficial y vía correo electrónico constitucional y requiéranse para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informen la fecha en que recibió dicho oficio; apercibidas que, de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Yonny Mendoza Góngora, contra actos del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 218/2022-II-A. Ahora, en la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, quien suscribe debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en atención a las siguientes consideraciones: Para la conclusión a la que se arribará, es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: "Artículo 61: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" El artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En ese contexto, del escrito en comento se desprende una omisión en la formalidad que resulta indispensable, para la tramitación del juicio que intenta entablar el quejoso Yonny Mendoza Góngora, por propio derecho, contra las autoridades que señala como responsables, este requisito básico lo constituye el escrito de demanda presentado sin firma electrónica por parte de quien presuntivamente presenta la demanda de amparo, pues ésta, denota la voluntad de quién ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; por lo que, al advertirse expresamente que el quejoso Yonny Mendoza Góngora, comparece "por su propio derecho" y, al no estar firmada electrónicamente por el quejoso se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sin que pase inadvertido que del escrito de cuenta se advierta una imagen de una firma presuntamente asentada por Yonny Mendoza Góngora, requisito indispensable y suficiente para tener por demostrada la manifestación de la voluntad de quien promueve en una demanda de amparo presentada en la vía ordinaria, empero al haber optado por la presentación del referido ocurso por la vía electrónica, ésta debe de realizarse utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones; por tanto, ante la ausencia de firma electrónica del ocursante debe considerarse que éste no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, en el tomo I, libro sesenta y cinco, del mes de abril de dos mil diecinueve, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así como, la Jurisprudencia del Pleno, publicada en la página cinco, en el tomo I, del mes de enero de dos mil diecinueve, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018943, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sin que en el caso se actualice la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, ya que aun cuando en el capítulo de actos reclamados, la parte quejosa señaló como tales el "peligro en privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", lo cierto es que del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que aquellos son futuros y de realización incierta. Esto es así, pues de los antecedentes narrados en la demanda se desprende que el promovente no se encuentra privado de la libertad, pues -bajo protesta de decir verdad- menciona que las autoridades responsables acudieron a su domicilio cuando él no se encontraba. En ese sentido, se estima que el análisis integral del ocurso inicial permite concluir que los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que se indicaron en el capítulo correspondiente, en realidad, se reclaman por su eventual realización, esto es, el quejoso aduce que, una vez que sea detenido es probable que tales actos se ejecuten en su contra; de lo que se sigue que su realización es futura e incierta. En ese orden de ideas, se colige que en el presente asunto los actos reclamados consisten en: i) la orden de detención o privación de la libertad y ii) la eventual incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición. Por tanto, se estima que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 3º de la Ley de Amparo que permite promover la demanda sin contener firma electrónica, pues -se insiste- no se está en presencia de la ejecución actual o inminente de alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la ley de la materia o 22 constitucional; motivo por el cual, tampoco es procedente emitir pronunciamiento alguno sobre la suspensión de plano que se solicita. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero- Junio de 1989, Página 951, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a Alejandro Javier Quezada Ramírez, Brenda Raquel Castro López y Jocelyn Danire García Ferraéz, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Por otra parte, en relación con la solicitud de acceso electrónico respecto del usuario "JAVIERQR28", dígasele que por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que no proporciona el nombre completo de la persona a la que corresponde dicho usuario, lo que en términos de los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar si los titulares de dichos "nombres de usuarios", en efecto, cuentan con facultades suficientes para obtener los permisos para la consulta del expediente y, en su caso, conceder la autorización respectiva. Por tanto, una vez que proporcione esa información y previa insistencia de su parte, se acordará lo conducente. No obstante a lo anterior, se tiene al promovente señalando correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones; el cual será tomado en consideración para facilitar el proceso de notificación durante la pandemia que el país enfrenta. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta al Actuario de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
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