Yonisbel Reyes Suárez
Expediente 231/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2023
Partes del expediente
- Yonisbel Reyes Suárez
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibida la copia del oficio 01/2023, dirigido al Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación y Encargado de la Subsede, en esta ciudad, enviada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, del contenido de dicha misiva se advierte que la Fiscal Federal de la adscripción, en cumplimiento al auto emitido por este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la demanda de amparo relativa a este juicio, así como la síntesis del acuerdo descrito con anterioridad, al Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación y Encargado de la Subsede, en esta ciudad; ello, con la finalidad de que dicho asunto sea turnado al área que corresponde y se investiguen los hechos denunciados en este expediente, debiendo informar a este Juzgado Federal, el número de carpeta de investigación a que se dé inicio con motivo de lo anterior. Notifíquese.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos, en especial el escrito de demanda de derechos fundamentales, se advierte que el promovente del amparo refirió una inminente desaparición forzada contra el menor de iniciales ********************, lo cual de llegarse a consumar, sería constitutiva de delito. Por tanto, aún y cuando el día de ayer (dieciséis de febrero de dos mil veintitrés), este Juzgado de Distrito desechó la demanda de garantías que promoviera a favor del citado infante, ********************, al haberse verificado que los actos que se señalaron en la demanda de garantías, se reclamaron también en un diverso juicio de garantías del índice de este propio Tribunal, el cual fue radicado, admitido y actualmente se encuentre en trámite; con copia certificada de la demanda de amparo, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, para que a su vez haga del conocimiento del fiscal investigador correspondiente, la probable comisión del antisocial de desaparición forzada del menor de iniciales ********************. No se soslaya que en dicha demanda se precisó como segundo acto reclamado "LA INMINENTE DESAPARICIÓN FORZADA CONTRA LA PERSONA DE MI AMIGO CUBANO C_********************"; sin embargo, el juicio de amparo no es la vía para combatir ese tipo de delitos, de allí la vista ordenada al Ministerio Público de la Federación. Por contener consideraciones aplicables al caso, se cita la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, así como la tesis aislada I.9o.P.66 P (10a), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Primer Circuito, Visible en la página 2849 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo III, Materia Constitucional, que respectivamente a la letra dicen: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." "EXTORSIÓN, TORTURAS, AMENAZAS O ALGÚN OTRO ACTO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. SI EL INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO QUE FUE OBJETO DE ESAS CONDUCTAS ILÍCITAS POR OTROS INTERNOS DE DICHO CENTRO, Y EL JUEZ DE DISTRITO, AL ESTUDIAR LA DEMANDA, LOS TIENE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, E INADVIERTE LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DE VIGILAR LA SEGURIDAD DEL SENTENCIADO, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Si el interno de un centro penitenciario señala en su demanda de amparo, como acto reclamado, que sufrió extorsión, torturas, amenazas o algún otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por otros internos de dicho centro, lo que hizo del conocimiento de las autoridades penitenciarias, y el Juez de Distrito, al estudiar la demanda, indebidamente señala a éstos como la autoridad responsable e inadvierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, a saber, la omisión de las autoridades carcelarias de vigilar la seguridad del sentenciado, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, si el juzgador federal, en contravención al artículo 74, fracción I, de la citada ley, señaló que dichos actos cometidos contra el quejoso se atribuían a los mencionados reos y no a las autoridades carcelarias obligadas a resguardar la integridad del acusado, incumplió su obligación de armonizar los datos de la demanda de amparo en un sentido congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión; por tanto, al no advertirse que el motivo de queja es la "omisión de las autoridades penitenciarias de velar por el derecho a no ser objeto de extorsión, torturas, amenazas, y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por otros sentenciados", se transgredieron en perjuicio del quejoso las reglas esenciales del procedimiento, lo cual trascendió al sentido del fallo, al no fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado, lo que se traduce en una indebida impartición de justicia; máxime que los artículos 5o., fracción III, 68, 77, 127, fracción IV, 129, 131 y 141 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal establecen, entre otros aspectos, el derecho de todo sentenciado a no ser objeto de violencia física y moral por parte de funcionarios, personal y empleados de los centros penitenciarios, ni de otros sentenciados." Notifíquese personalmente al promovente y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
3********************El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede; y con el escrito de demanda que promueve vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ********************, en representación del menor de iniciales ******************** Conste.****************************************El Secretario.H. Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.********************Téngase por recibido el escrito de demanda presentada mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por ********************, en representación del menor de iniciales ********************, al través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al encargado del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con asentamiento en esta ciudad y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número ********************, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. ********************Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar su análisis; dicho numeral establece, que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. ********************Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. ********************Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ********************Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196196, que al tenor establece: ********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ********************En el caso, procede de plano el desechamiento de la demanda, al actualizarse causa manifiesta e indudable de improcedencia, ello conforme lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: ********************".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************Ciertamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que el día doce de febrero de dos mil veintitrés, se radicó, bajo el número ********************, la diversa demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************, en representación del menor de iniciales ********************, en la que figuran como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ********************Autoridades responsables: ********************Titular de la Oficina de Representación en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración.********************Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional De Migración.********************Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. ********************Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria. ********************Director de la Estación Migratoria adscrito a la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas. ********************Delegado Local del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas. ********************Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria de Matamoros del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas. ********************Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Estación Migratoria en Matamoros del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas; y,********************Personal y oficiales de Migración que llevaron a cabo la ilegal detención de la parte quejosa, dependientes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas.********************Todos con asentamiento en esta ciudad.********************Actos reclamados: ********************4. ACTO DE AUTORIDAD DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS SE RECLAMAN: ********************Primero.- La privación ilegal de la libertad de manera indefinida, desde el día 9 del mes febrero del 2023. ********************Segundo.- El Prolongado Aseguramiento, Alojamiento y/o Detención de la parte Quejosa en este juicio de amparo por Autoridad Administrativa, POR MÁS DE 36 HORAS EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN MATAMOROS TAMAUILIPAS; ********************Tercero.- La Violación de los Derechos Humanos ante el Procedimiento Administrativo de Deportación, Expulsión y/o Repatriación Asistida o cualquier otra determinación que en la práctica tenga el resultado de regresar a su país de origen de la parte quejosa, toda vez, que sin haberle otorgado el derecho de la debida defensa y los derechos que otorga la Ley de Migración a la parte quejosa; ********************Cuarto.- La aplicación INCONSTITUCIONAL del artículo 111 de la Ley de Migración, dado que el Instituto Nacional de Migración tiene un carácter de Autoridad Administrativa por lo que Constitucionalmente le está prohibido el Aseguramiento, Alojamiento en Estancia Migratorias o Estancias Provisionales, Detención de persona alguna (extranjeros) POR MÁS DE 36 HORAS. ********************De las autoridades señaladas con los números 5 al 9 se reclaman: ********************La Restricción de la Autoridad Administrativa de los Derechos a la parte quejosa en este juicio de amparo, consagrados por el precepto 102, 107, 109 de la Ley de Migración; al impedir ni otorgar los derechos y oportunidad para lograr regular la legal estancia en el país Mexicano, al imponer el procedimiento Administrativo sin dar libertad ni coacción; ********************Negativa de las Autoridades Responsables a otorgar el oficio de salida de la estación Migratoria; ********************La negativa de permitir nombrar representante legal en el procedimiento Administrativo, así como, los derechos y garantias consagradas por la Constitución, así como, la Ley de Migración; ********************iv) La negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración; ********************Cualquier acto de incomunicación; ********************La negativa u omisión de notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sobre la pretensión del quejoso de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, en términos de la ley sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político."****************************************Algunos de esos actos reclamados fueron señalados en el escrito de demanda que dio origen a este juicio, que atribuye solo a algunas de esas autoridades, por las mismas violaciones; además, dicho asunto fue radicado, admitido y actualmente se encuentra en trámite. ********************Atento a lo anterior, deviene imperativo desechar de plano la mencionada demanda, por encontrar en ella motivo manifiesto de indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 en relación con el 61, fracción X, ambos de la Ley de Amparo. ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(...). ********************X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. ********************En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" ********************Del dispositivo y fracción en cita se obtiene que para la actualización de la causal de improcedencia sujeta a estudio únicamente se requiere: ********************a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; ********************b) Que ese juicio esté pendiente de resolución; y, ********************c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso; en contra de las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. ********************Consecuentemente, se concluye que en el presente asunto, se acreditan plenamente los supuestos de litispendencia previstos en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; pues, en esencia, la causa de pedir de la parte agraviada en el juicio de amparo ********************, del índice de este órgano de control jurisdiccional, y en la demanda que nos ocupa, consisten en actos derivados de la privación de la libertad, así como la orden de deportación en contra del menor de edad ********************, quien se encuentra resguardado en la Estación Migratoria Matamoros, de esta ciudad. ********************Por tener consideraciones aplicables al caso concreto, se cita la Tesis II.T.20K, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de dos mil uno, visible en la página mil ciento diecinueve, Materia Común, que dice: ********************"IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO SE CONFIGURA SI LAS DEMANDAS LAS PROMUEVEN DIVERSOS REPRESENTANTES DEL MISMO QUEJOSO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro procedimiento constitucional pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra idénticas autoridades y respecto al propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, dicha causal se configura si los juicios los promueve igual peticionario, es decir, por su propio derecho o a través de los mismos representantes; en consecuencia, cuando estos últimos son distintos, no se actualiza tal hipótesis, porque como los promoventes son diversos, existe duda respecto de quién es el facultado para tramitar la demanda en nombre del impetrante, en cuya virtud, es ilegal desechar el segundo libelo con apoyo en la disposición invocada". ****************************************También, la Tesis Aislada consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de mil novecientos noventa y dos, visible en la página doscientos sesenta y siete, Materia Común, cuyo rubro y texto, señalan: ********************"IMPROCEDENCIA. CUANDO NO SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta causal supone la existencia de dos juicios promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean diversos, y se refiere a la improcedencia del juicio posterior, no de ambos; para su operancia deben tenerse como base las fechas de la admisión no de la presentación de las demandas, ya que antes de admitirse la demanda, no puede jurídicamente decirse que esté pendiente de resolución el juicio de amparo".********************Por lo anterior, se insiste, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo que se intenta por esta vía, se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************En términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza a ********************, para que tenga acceso al expediente electrónico y se le realicen notificaciones por esa misma vía, por encontrarse registrado bajo el nombre de usuario ********************, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.********************Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ********************ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en representación del menor de iniciales ****************************************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que autoriza y da fe.
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