Yoni Ruiz Aguilar
Expediente 1802/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1802/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Yoni Ruiz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 10.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiocho de noviembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 10. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. "...VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de noviembre del año actual, remite copia certificada de los cheques expedidos por COPPEL No. 0059407 por la cantidad de $10,508.84 (Diez mil quinientos ocho pesos 88/100 M.N.) y BBVA BANCOMER No. 0055462 por la cantidad de $31,491.16 (Treinta y un mil cuatrocientos noventa y un pesos 16/100 M.N.) ambos a nombre de Yoni Ruiz Aguilar, credencial de elector del quejoso, así como la diligencia de diecinueve de noviembre del presente año, donde se llevó efecto la audiencia de cumplimiento y ratificación de convenio; documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En efecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo será improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, página 189, que indica: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Sentado lo anterior, es pertinente puntualizar que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente asunto, consiste en la fecha lejana que la autoridad responsable señaló para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del sumario 3559/2019 (veintiuno de febrero de dos mil veinte). Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable y que adjuntó al oficio de cuenta, las cuales en párrafos precedentes se les concedió valor probatorio pleno, se desprende que mediante diligencia de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, tuvo por cumplido y ratificado el convenio que se celebró entre las partes del juicio de origen y se tuvo a la parte actora -aquí quejoso- desistiéndose del referido litigio; por lo que ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido, remitiendo entre otras constancias copia certificada de dicho acuerdo. Precisado lo anterior, de la confrontación del caso concreto, con la premisa señalada anteriormente, se tiene que se materializan los supuestos legales de la causal de improcedencia en mención, dado que si bien subsiste la dilación reclamada, lo cierto es que con motivo de la emisión del acuerdo de diecinueve del presente mes y año, en el que la junta responsable tuvo a la parte actora -aquí quejoso- desistiéndose de la acción y ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE..."
- Principal
MESA 10.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se advierte , mediante oficio 39969/2019, se requirió a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para efectos de que remita copia certificada de la diligencia de diecinueve de los corrientes, señalada por la referida responsable para efectuar el pago de las prestaciones que reclama el aquí quejoso, en el expediente laboral 3559/2019, de su índice, el cual recibió el veinticinco del citado mes y año, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 31 de autos; por tanto, el término concedido a dicha autoridad transcurre del veintiséis al veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. En tal virtud, a efecto de dar tiempo a lo anterior y de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
MESA 10. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se advierte que en cumplimiento al proveído de once de los actuales, mediante oficio 38639/2019, se requirió a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para efectos de que remita copia certificada de la diligencia de diecinueve de los corrientes, señalada por la referida responsable para efectuar el pago de las prestaciones que reclama el aquí quejoso, en el expediente laboral 3559/2019, de su índice, el cual recibió el doce siguiente, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 26 de autos; por tanto, el término concedido a dicha autoridad transcurrió del trece al quince del precitado mes, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el numeral 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase por última ocasión a la aludida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede notificada del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, a efecto de dar tiempo a lo anterior y de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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