Yonatan Joel Gudiño Paredes

Expediente 719/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
719/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Yonatan Joel Gudiño Paredes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el que remite el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del escrito de expresión de agravios correspondiente al recurso de queja hecho valer por el quejoso y, el juicio de amparo 719/2023; asimismo, informa que admitió a trámite el citado medio de impugnación, registrándolo con el número Q.A. 312/2023. Lo anterior, se toma en conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta, signado por el promovente por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tiene por interpuesto el aludido medio de impugnación, agregándose una copia del escrito de expresión de agravios al presente expediente. Asimismo, resulta inaplicable lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el recurso deba notificarse a las partes, en virtud de que fue interpuesto en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo, por lo cual se rinde el informe respectivo al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en turno, comunicándole que es cierto el acto recurrido en queja, pues mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes y con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, para que por su conducto lo remita al órgano colegiado correspondiente y resuelva el citado recurso. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya intención es que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota, de forma que no sea necesaria la presencia física del personal o del o la titular en el órgano jurisdiccional, y con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, desde este momento se ordena hacer disponible el expediente electrónico al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, que por razón de turno corresponda conocer del medio de impugnación de que se trata, a fin de que se imponga de todas y cada una de las promociones, determinaciones, notificaciones y demás actuaciones ordenadas en el presente asunto. Sin que resulte necesario formar cuaderno de antecedentes, conforme a lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, ya que el presente juicio de amparo en que se actúa, se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico para la consulta de las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto del índice de este juzgado federal, mismo que se envió con la finalidad de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de quince de junio del año actual, por el que se le formuló prevención. Dese de baja la referida comunicación en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Sin que se acuse recibo por así haberlo solicitado la autoridad remitente, además porque éste se genera al haberse recibido por la propia vía.

  4. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comparecencia del quejoso, Yonathan Joel Gudiño Paredes, por medio del cual ratifica el contenido y firma de su escrito registrado con el folio 8732, a través del cual desahoga la prevención que se le hizo el quince de junio de dos mil veintitrés. A lo anterior se provee: Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". En el artículo transcrito de la Ley de Amparo se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, cabe señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, la parte promovente debió haber promovido en contra del acto reclamado, el medio ordinario de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente, que establecen: "186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. --- Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables.". "229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: --- I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; --- II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; --- III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; --- IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; --- V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; --- VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; --- VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; --- VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; --- IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y --- X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.". "230. Serán partes en el juicio: --- I. El actor; --- II. El demandado. Tendrá ese carácter: --- a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. --- b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. --- c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. --- d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. --- e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. --- III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal.". "231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad.". Así, de la interpretación sistemática de dichos preceptos tenemos que el juicio contencioso administrativo es procedente (al ser optativo el recurso de inconformidad) contra resoluciones en materia administrativa de carácter estatal o municipal. En el caso, la parte quejosa combate de forma destacada: Por tanto, resulta evidente que dicho acto debió ser impugnado mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México De igual manera cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, con registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En ese sentido, este órgano jurisdiccional no advierte de la lectura del escrito de demanda, alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional. Del contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violenta su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando se dé el siguiente requisito: Que no se trate de una persona extraña al procedimiento: extremo que se advierte colmado en el caso que nos ocupa, ya que la parte quejosa tiene pleno conocimiento del procedimiento administrativo seguido por la autoridad responsable, tan es así que de las constancias que exhibió se apreció que ejerció su derecho de audiencia en el citado procedimiento, por conducto de su padre a quien le otorgó la facultad de arrendar el inmueble de su propiedad y materia del juicio de origen; por lo que no le reviste el carácter de tercero extraño; pues así, lo manifestó en el escrito que se provee. Además, de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, no se advierte que los actos reclamados se combatan únicamente por violaciones directas a la Constitución, por lo que no la sitúa en la aludida hipótesis de excepción al principio constitucional de definitividad. Se cita en apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". En relación con el requisito consistente en que a través de la interposición del recurso o medio ordinario de defensa puedan suspenderse los efectos del acto reclamado y que para que tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; éste también se encuentra satisfecho. Ello es así, ya que los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: a) La solicite el agraviado (fracción I); b) Con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); c) Se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y, d) Del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada (artículo 138). Al respecto, los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, disponen: "254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. --- Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. --- En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. --- Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento.". "255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. --- La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. --- La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó.". "256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. --- Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada.". "257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. --- La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor.". "258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor.". "259. El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte, aun cuando en contra de éste se interponga el recurso de revisión. --- El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata.". "260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda.". Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar, se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo, prevé que cuando la concesión de la suspensión de los actos, pueda ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual es previsto de la misma forma en el párrafo primero del artículo 257 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Cabe mencionar, que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía, en el caso de la Ley de Amparo, se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la Ley procesal, se regula en igualdad de circunstancias, en el párrafo segundo del citado artículo 257. La comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo I, página 933, de la Décima Época, registro 2003858, con rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad.". Ahora, respecto de los restantes argumentos de excepción al principio de definitividad en estudio, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguno ya que: 1. Los actos no carecen de fundamentación. La quejosa exhibió la resolución definitiva que controvierte, de cuyo contenido se observa que se invocaron diversas disposiciones para justificar su emisión y ejecución, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, la quejosa aduce violaciones indirectas al texto constitucional. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad No pasa desapercibido que aun cuando el acto reclamado pudiera generar una afectación de imposible reparación; sin embargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha fijado criterio en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que el acto irreparable tiene su origen en la trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de la resolución definitiva; mientras que el principio de definitividad exige agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establecen las leyes. En ese orden, el Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los supuestos del artículo 61 de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones se corroboran de la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) (registro 2017117), que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Por ende, este juzgador considera que en el caso concreto no se encuentra satisfecho el principio de definitividad que rige la acción constitucional, toda vez que la parte quejosa reclama un acto que pudo ser sometido a control a través del recurso de inconformidad, ante el superior jerárquico de la autoridad responsable, o bien, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.1o.3 A (10a.), con número de registro 2007835, de rubro: "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AUN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, decretada preventiva o temporalmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla; sin embargo, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que la medida ordenada sea de imposible reparación, no exime automáticamente de observar el aludido principio. Sin que sea óbice a lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), en el sentido de que la clausura provisional dictada como medida preventiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que dicho precepto no determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad.". En consecuencia, toda vez que no se advierte la existencia de alguna excepción al principio de definitividad y; sin embargo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedentes es desechar de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firman de manera electrónica, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl José López Martínez, ante la Secretaria Yeny Prado Rico, quien autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones y constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. *oded* Juez Secretaria

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