Yoloxochitl Jaimes Chacon
Expediente 2387/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2387/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Yoloxochitl Jaimes Chacon
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Desahoga prevención parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa *** mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en auto del veinticuatro de diciembre dos mil diecinueve y precisa que promueve su demanda de amparo por propio derecho y en representación de la menor de iniciales ***. En ese sentido, vista la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se admite a trámite. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlos dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. *** Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse ciertos los actos que de ellas se reclamen, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. *** Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas del veintidós de enero de dos mil veinte. Incidente de suspensión. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de garantías. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le corresponde. Tercero interesado. El artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de tercero interesado: la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo. En consecuencia, se tienen como tercero interesado a ***. Por tanto, de conformidad con el referido numeral 26, fracción I, inciso b), de la legislación aplicable, se ordena el emplazamiento en forma personal del tercero interesado en el domicilio indicado para tal efecto, con copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del presente proveído; a fin de que se le haga saber la fecha y hora que tendrá verificativo la audiencia constitucional, y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. Se requiere al tercero interesado para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Cotejo de documentos. En términos de los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2º, se ordena a la Secretaría proceda a efectuar el cotejo y compulsa de los documentos que exhibió la parte quejosa junto con su escrito de demanda de amparo, y que tengan el carácter de original o copias certificadas, a fin de que obren como corresponda en los cuadernos incidentales. Representante especial del menor: Ahora bien, tomando en cuenta que en el juicio origen se debaten cuestiones relativas a las guarda y custodia con la menor de iniciales ***, aunado a que la quejosa tiene intereses controvertidos con la parte tercera interesada, a fin de garantizar que no se utilice la legitimación procesal de la menor para introducir temas ajenos al interés superior del menor , y en atención a lo establecido en el artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, este órgano de amparo considera necesario nombrarle un representante especial. Por tanto, se solicita al Delegado Regional en Puebla del Instituto de Defensoría Pública, que en el plazo de cuarenta y ocho horas designe al asesor jurídico que deba actuar en el presente juicio de derechos como representante especial de la menor de que se trata. Una vez hecho lo anterior, en el mismo término, se deberá requerir al asesor jurídico designado para que comparezca ante este Juzgado Federal a aceptar el cargo conferido con todas las obligaciones inherentes a su encargo; esto es, en representación de la menor involucrada, en todo el desarrollo del presente juicio de derechos y hasta su conclusión. Para justificar lo anterior debe tomarse en cuenta en principio que en toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a menores, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño. Así es, con la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagró de manera explícita el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del estado y niveles de gobierno, de ahí que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior de los menores constituye un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que en un caso concreto pueda afectar los intereses de éstos, por lo cual, con base en este principio se debe considerar la posible afectación en la vida, seguridad y bienestar de los menores de manera integral y en su desarrollo futuro. Ahí radica la importancia de la delimitación interpretativa que han de realizar los órganos jurisdiccionales para establecer en cada caso, de qué manera se establece el interés superior del niño. *** Obligación de recibir oficios. Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo indirecto 2387/2019-IV, con dos copias de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión promovido por *** por propio derecho y en representación de la menor de iniciales *** contra actos de las autoridades que señala como responsables. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su correspondiente informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. *** Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. *** Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cinco minutos del siete de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia incidental. *** En consecuencia, se niega la suspensión provisional, toda vez que, hasta este momento, no obran en autos constancias que generen la presunción de que se ha puesto en riesgo potencial de maltrato a la menor de edad involucrada, tampoco se cuenta con manifestaciones de la quejosa relativas a una presunta existencia de actos de violencia ni mucho menos obra en autos indicios de violencia que permitan advertir que se ha puesto a la menor en riesgo de ser afectada en su integridad física. *** Medidas adicionales: Con independencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en la demanda de amparo la quejosa manifestó que desde el trece de diciembre de dos mil diecinueve no ha podido convivir con su menor hija. En razón de lo anterior, se estima pertinente requerir al juez de origen, a fin de que en un plazo de cinco días, siguientes a la notificación del presente proveído, el juez natural adopte las medidas que estime necesarias a fin de que la menor conviva con su progenitora, para lo cual podrá decretar cualquiera de las medidas de apremio que prevén los artículos 91 y 92 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pero sin modificar la decisión en torno a la guarda y custodia de la menor. *** Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala y que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a la persona autorizada en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. *** Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a las partes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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