Yolanda Zarate Villegas
Expediente 242/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Yolanda Zarate Villegas
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 242/2018-3A, promovido por YOLANDA ZARATE VILLEGAS y MARÍA ELENA SOSA ESPAÑA, el cual quedó bajo registrado con el número 524/2018-IV; lo anterior, para los efectos legales conducentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por YOLANDA ZARATE VILLEGAS y MARIA ELENA SOSA ESPAÑA, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 242/2018-3A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra la omisión de la responsable de notificar oportunamente a la parte demandada dentro del juicio laboral 751/2016, del índice de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana Baja California. Ahora, tomando en consideración lo anterior, es oportuno verificar la competencia objetiva del Órgano Jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ésta constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme al primer párrafo del artículo transcrito con anterioridad, se advierte que la competencia se surte a favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Luego, partiendo de que el acto reclamado deriva de la prosecución de un juicio laboral substanciado en la ciudad de Tijuana, Baja California; entonces, aun cuando se haya reclamado en el juicio de amparo una omisión por parte de la responsable, resulta inconcuso que los actos que deriven del amparo sí requieren de una ejecución material, por lo que se estima que el Juez legalmente competente para conocer del amparo que en su contra se interponga será el del lugar en donde reside la Junta que conoce del litigio de origen. De ello se deduce, por exclusión, que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, al no encontrarse ubicado en el Municipio de Tijuana, Baja California, sino en Mexicali, Baja California, no tiene jurisdicción territorial para conocer de un juicio de amparo que debe tener ejecución en el referido Municipio de Tijuana. En efecto, conforme a lo enunciado, el acto reclamado impacta en un proceso laboral que tiene tramitación en Tijuana, Baja California, esto es, la ejecución material de los actos en dicho juicio se materializa, precisamente, en el lugar de residencia de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra alguna omisión resultante de dicho procedimiento laboral federal se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable. Máxime que, si se toma en cuenta que contra el laudo que llegue a dictarse en el juicio laboral de origen, las partes estarán en aptitud de promover amparo directo del que deberá conocer el Primer o Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, ambos con sede en Tijuana; ello de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 29/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis. Ello obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional, cuenta habida que es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en tribunales constitucionales de una misma ciudad, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruyó el juicio de origen, con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2183, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página 174, del Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz y contenido siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Cabe destacar que el presente auto de incompetencia tiene sustento jurídico además en la ejecutoria relativa al amparo en revisión laboral 39/2018, del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en la que mediante sesión ordinaria de quince de marzo de dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, determinaron que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, con residencia en Tijuana, Baja California. En tal virtud, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de la materia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual, se ordena remitir la presente demanda y siete copias que anexó la parte quejosa al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, Baja California, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en aquella ciudad; previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO QUEJOSO Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda que se localiza en esta ciudad; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere, y para oír y recibir notificaciones a la persona que precisa en el mismo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por último, no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.
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