Yolanda Yebra Rangel

Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
176/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Yebra Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita copia certificada de la totalidad de las actuaciones del juicio en que se actúa, ello en virtud de la vista ordenada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. En atención a su solicitud, hágasele entrega de las constancias referidas a fin de que se encuentre en aptitud de realizar las gestiones correspondientes.

  3. Principal

    SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, según, por ***. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede: Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Asimismo, establece que el juicio de amparo puede instaurarse de forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, a cuyo efecto se hará uso de la Firma Electrónica, conforme con la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal; pues es el medio que permite el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, para el envío y recepción de promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. El numeral 59 , del citado ordenamiento establece que para hacer uso de los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal, se hará uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación como firma electrónica o certificado digital institucional, emitida por la unidad correspondiente, a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. En consecuencia, una demanda de amparo indirecto presentada a través de los servicios en línea aludidos, deberá desecharse de plano cuando carezca de firma electrónica pues su ausencia no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la ley de la materia, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En el caso, del contenido de la demanda de cuenta se advierte que se presentó a través de los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, carece de firma electrónica por parte de la promovente ***, lo que impide tener por colmado el principio de instancia de parte agraviada, debido a que se incumple con lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser una formalidad esencia reveladora de la voluntad de quien pretende dar noticia de un hecho supuestamente violatorio de derechos humanos. En consecuencia, al verificarse la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIIII, en relación con los diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la citada Ley, y el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Tampoco se observa alguna firma digitalizada o autógrafa, que genere la presunción de que la demanda fue signada por la promovente de acuerdo con la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Libro 50, tomo IV, del mes de enero del año dos mil dieciocho, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación . Además de que dicho criterio fue superado por la jurisprudencia reseñada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se estableció, de manera categórica, que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Al margen de lo anterior, cabe señalar que de la narrativa plasmada en el escrito inicial se advierte que la intención de la promovente es levantar una denuncia por posibles hechos delictuosos y no promover un juicio de amparo. En consecuencia, al verificarse la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la citada Ley, y el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone desechar de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término , se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita . PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo , realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional). VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Y PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Sin perjuicio de la determinación aquí adoptada, en razón de que en la demanda de amparo, se señala la posible comisión de hechos delictuosos en contra de los ahí señalados, así como de una menor de edad de seis años, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, así como a la agente del Ministerio Público de la adscripción para que actúen conforme con sus atribuciones.

  4. Principal

    .... De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. ... archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Por otro lado, en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, por lo que el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN; una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original.

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