Yolanda Vera Olivares y Otros.

Expediente 1414/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1414/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Yolanda Vera Olivares y Otros.
  • Yolanda Vera Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor pronunciamiento la misiva del Juez Adscrito al Juzgado Cuarto Familiar con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, toda vez que el diecisiete de febrero del año que transcurre, causo ejecutoria la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, posteriormente el seis de marzo pasado se ordenó el archivo por estar totalmente concluido este asunto. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Juez Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, acusando recibo del oficio por el que se le remitió el expediente 430/2022, integrado en un tomo de pruebas. En otro contexto, visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese, el cual es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese, vía electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que a la fecha no obra la constancia de notificación de la parte quejosa respecto de la sentencia emitida el once de enero, así como del auto de diecisiete del citado mes respecto de la quejosa; así como la del representante especial de los menores en relación al auto del veinticinco de enero, todos del año en curso; por tanto, en obvio de mayores dilaciones se ordena notificarles vía electrónica las determinaciones antes referidas, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa este auto, el diverso de diecisiete de enero y la sentencia del once de enero, todos de dos mil veintitrés; y a la representante especial de los menores el auto del veinticinco de enero del año en curso, así como esta determinación. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Juez adscrita al Juzgado Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, mediante el cual informa que el ya remitió las constancias que se le requirieron en auto del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, acompañando copia certificada del acuse respectivo, sin que al efecto se emita mayor pronunciamiento en virtud de que dichas constancias fueron recibidas y acordadas en auto del dos de enero del año que transcurre. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe." " II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del once de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1414/2022-II, promovido por********************en representación de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ********************, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades; ante Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Cabe precisar, que no obsta para la celebración de la presente audiencia, el hecho de que el dos de enero de dos mil veintitrés, se hayan recibido las constancias remitidas por la Juez y el Técnico Judicial adscritos al Juzgado Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México y, por ende, que no haya transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista que se dio a las partes para que se impusieran del contenido de las documentales comento; dado el sentido de la resolución que a continuación se dictará, ya que a nada práctico conduciría diferirla, en tanto que se atentaría contra el principio de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo mismo, no se contraviene la jurisprudencia 54/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XI, de Abril de 2000, en la página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", toda vez, que del análisis de la ejecutoria que originó tal criterio, se advierte que el diferimiento de audiencia resulta obligatorio cuando las partes, tengan la posibilidad de desvirtuar el contenido del informe justificado, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, lo cual no acontece en el caso, pues del contenido de dicho informe se advierte que no tiene nada que desvirtuar. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con la instrumental de actuaciones, así como con la presuncional legal y humana aportadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, de igual manera con las constancias remitidas por la Juez Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, en alcance a su informe con justificación. Acto seguido, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1414/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.********************en representación de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. En proveído del cinco de diciembre de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional, radicó la demanda de trato, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que al reclamarse la omisión de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de librar físicamente los oficios respectivos para hacer efectiva la pensión alimenticia decretada a favor de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** en auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México. TERCERO. Se tiene por ciertos los actos que se reclamaron a las autoridades responsables Juez y al Técnico Judicial, adscritos al Juzgado Cuarto Familiar con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, toda vez que a pesar de que en su informe justificado niegan los actos reclamados, sin embargo, realizan manifestaciones de las cuales se desprende la certeza de los mismos. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis con número registro 255646, publicada en la página cuarenta y una, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sexta Parte, que dice: "INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de las constancias expediente número JOF ********************, de las cuales, se aprecian los actos combatidos; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad que señala como responsable, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, toda vez que así lo manifiesta en su informe con justificación rendido en autos, y de igual manera en contra del actuar que se le reprocha, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo. La correcta interpretación de los preceptos legales mencionados permite inferir que el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado no provenga de una autoridad, entendiéndose como tal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también para los efectos de dicho ordenamiento, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, la concepción del acto reclamado para la procedencia del juicio constitucional, constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la ley de la materia, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales o actos de autoridad, extendiéndose en algunos casos este concepto de autoridad a algunos supuestos donde particulares realicen actos equivalentes a los de las autoridades estatales, pero esta extensión es excepcional. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo o negativo que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas o que constituye un acto concreto de efectos particulares, imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Lo anterior, tiene como consecuencia que no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad y como se anticipó, de los particulares que tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, no todos aquellos que algún órgano del Estado o paraestatal realicen, tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Tiene aplicación al caso, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, febrero de 2005, página 1620, que es del epígrafe siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." En ese contexto, es posible establecer que el contenido de los preceptos de la Ley de Amparo transcritos en párrafos precedentes, dan pauta legal para sostener que el juicio constitucional tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, en los términos enunciados y que vulneren los derechos fundamentales del gobernado, por lo que sólo serán autoridades para los efectos del juicio constitucional aquellos que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten en perjuicio del gobernado los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional mexicano. Cabe abundar, que los funcionarios públicos, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades, cuando aquéllos no disponen de ésta. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 42, que aparece publicada en la página 31, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 2000, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Por ello, se colige con toda precisión que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de garantías, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, lo que a juicio de quien esto resuelve, en el caso, no acontece. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. En esta tesitura, el acto que se combate, analizado en su exacta naturaleza, no le reviste la característica de "actos de autoridad para efectos del amparo", sino que tienen su origen y efectos en una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano de coordinación, dadas las razones siguientes: El promovente de la acción de derechos fundamentales reclama de la autoridad señala como responsable, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, en lo esencial, la omisión de librar físicamente los oficios respectivos para hacer efectiva la pensión alimenticia decretada a favor de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** en auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice Juzgado al que se encuentra adscrito, En ese orden de ideas, la cuestión materia de la litis, tiene su origen en la acción tramitada en el expediente ******************** del índice de la diversa autoridad responsable, en el cual le reviste el carácter de Agente del Ministerio Público adscrito al citado órgano, por lo tanto, dado el carácter que guarda en el juicio del cual derivan los actos reclamados, este juega el papel de parte dentro del mismo, aspecto que no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando. Es así, pues el acto que reclama el quejoso deriva de la relación de coordinación ya que las partes involucradas en la problemática planteada en la presente instancia constitucional se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya ambos forman parte de la litis en el juicio primario y este no es el encargado de ordenar o ejecutar la acción cuya ausencia se duele la parte quejosa, por lo que no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de derechos esenciales. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por********************en representación de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ********************, por lo que ve al acto reclamado a Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII, del artículo 61, con los artículos 1° y 5, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Por otro lado, en opinión de quien esto juzga, la omisión de librar físicamente los oficios respectivos para hacer efectiva la pensión alimenticia decretada a favor de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** en auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario constitucional, se desprende que en proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio número ********************, suscrito por la Juez Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, adjunto al cual, remitió copia certificada de diversas constancias, siendo las relevantes para su estudio, las siguientes: Con fecha siete de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda instaurada por********************por su propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ********************, en la vía de Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, contra ********************, y en dicho acto se fijó una pensión alimenticia a favor de dicho menores. Sin embargo, una vez que fue combatido el citado proveído, con fecha veintinueve de abril del año próximo pasado, se fijó la cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento), 15% (quince por ciento) para cada menor, de los ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios, previas las deducciones que marca estrictamente la ley, que como empleado recibe el deudor alimentario en su fuente de trabajo, ordenándose girar oficio de descuento a la fuente laboral para que realice el descuento ordenado, quedando a disposición de la actora para que los haga llegar a su destinatario. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo se tuvo al representante legal de la entonces fuente laboral del demandado, informando que en fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, el demandado dejó de prestar sus servicios en dicha empresa y que de conformidad con lo solicitado en el oficio ******************** de seis de mayo del año próximo pasado, se llevó a cabo al retención del 30% (treinta por ciento) del monto total que el deudor alimentario recibió como finiquito, cantidad que mediante cheque de caja de veintisiete de septiembre del año en comento, se dejó a disposición de la parte quejosa. Mediante promoción ********************la quejosa informo al juzgado responsable que tenía conocimiento que el demandado se encontraba laborando en la empresa denominada ********************, por lo que en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el juzgado de origen, ordeno girar oficio a la nueva fuente laboral, una vez que le fuera proporcionado el domicilio de la misma, en la forma y términos ordenados en la interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintidós. En promoción de seis de diciembre del año en cita, la parte quejosa informa al juez de origen el domicilio de la empresa ********************. Por lo que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenó girar oficio a la empresa denominada ********************, instruyéndose a la encargada del Archivo Judicial para que tunara el expediente con la técnico correspondiente para que a la brevedad elaborara el oficio y lo dejará a disposición de la parte interesada para que lo hiciera llegar a su destino. En la comparecencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se aprecia que en dicha data acudió al local del juzgado de origen ********************, a recoger el oficio ********************ordenado por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, quien firmó de recibido. Con fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa informó que de nueva cuenta el demandado cambio de trabajo y proporcionó el nombre y domicilio de la actual fuente laboral, por lo que con fecha catorce de los cursantes, ordenó se girara atento oficio ********************, instruyéndose a la encargada del Archivo Judicial para que tunara el expediente con la técnico correspondiente para que a la brevedad elaborara el oficio y lo dejará a disposición de la parte interesada para que lo hiciera llegar a su destino. Ahora bien, en comparecencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, ante el local del juzgado de primera instancia, acudió ********************, a recoger el oficio ******************** dirigido a ********************, teniéndose por cumplido con lo ordenado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del indicado acto, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de la autoridad responsable de librar físicamente los oficios respectivos para hacer efectiva la pensión alimenticia decretada a favor de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** en auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, y de las constancias que fueron reseñadas aparece que ya fue recibido por el autorizado de la parte quejosa ********************, en comparecencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, el oficio ******************** dirigido a ********************, teniéndose por cumplido con lo ordenado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en atención al diverso de siete de abril de dos mil veintidós, en ese contexto, atendiendo a la eficacia demostrativa de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, el acto impugnado por esta vía, consiste en la omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento al proveído de siete de abril de dos mil veintidós, al no librar físicamente los oficios respectivos para hacer efectiva la pensión alimenticia decretada a favor de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ********************, han dejado de surtir efectos legales. En ese orden de ideas, como la responsable demostró haber llevado a cabo el acto omisivo de que se duele la querellante de derechos fundamentales, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haberse realizado las conductas de cuya ausencia se duele, cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 1º y 17, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando el actuar en torno a la pretensión de la agraviada en el procedimiento de origen. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-". También es útil en este tema la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis observable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por********************en representación de los menores de identidad reservada de iniciales ********************y ********************, por las razones precisadas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese vía electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe. Doy fe." "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios de la Juez y Técnico Judicial adscritos al Juzgado Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, mediante los cuales informa que ya remitieron las constancias que se le requirieron en auto del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, acompañando copia certificada del acuse respectivo, sin que al efecto se emita mayor pronunciamiento en virtud de que dichas constancias fueron recibidas y acordadas en auto del dos de enero del año que transcurre. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios de la Juez y Técnico Judicial adscritos al Juzgado Cuarto Familiar, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, mediante los cuales informa que ya remitieron las constancias que se le requirieron en auto del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, acompañando copia certificada del acuse respectivo, sin que al efecto se emita mayor pronunciamiento en virtud de que dichas constancias fueron recibidas y acordadas en auto del dos de enero del año que transcurre. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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