Yolanda Velázquez Hernández
Expediente 1100/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2021
Partes del expediente
- Yolanda Velázquez Hernández
- Comisión Federal de Electricidad, Suministro de Servicios Básico por conducto de su representante responsable del Departamento comercial Zona Comercial DG41-Atlacomulco
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con firma electrónica de la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, informa que desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, hecho valer contra el auto de cuatro de noviembre del año en curso, mismo que registró con el número de queja 409/2021, por lo que se está en espera de que dicho proveído cause firmeza.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Por otra parte, intégrese el escrito signado por Yolanda Velázquez Hernández en su carácter de representante del síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el que desechó la demanda de amparo intentada. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el original y copia del escrito de agravios; asimismo, copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas. De igual forma, se instruye al Secretario para que anexe al oficio que se forme con motivo del envío del recurso, la totalidad de los documentos y anexos necesarios para su resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve **********en su carácter de sindico representante del Ayuntamiento Constitucional del *********** Estado de México, con fundamento en el artículo 112 de la ley de la materia, regístrese bajo el número 1100/2021-II-C. DESECHAMIENTO Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama a la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, por conducto de su representante del departamento Comercial Zona Comercial DG41-ATLACOMULCO, lo siguiente La orden de suspensión del servicio al suministro de electricidad a través del oficio de ocho de octubre del año en curso y su ejecución. Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XX, en relación al numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad. Los preceptos legales en mención establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo con tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". Ahora, tocante al problema que planteó el quejoso relativo a la suspensión del servicio de suministro de electricidad a través de la oficio de ocho de octubre del año en curso y su ejecución, se advierte que el acto reclamado deriva de un acto comercial en donde la emisora no funge como autoridad, sino más bien se trata de cuestiones inherentes al campo de derechos y obligaciones que derivan del suministro de energía eléctrica y respecto de las cuales la vía idónea para combatirlas es acudir ante los tribunales ordinarios. Luego, para determinar si en el presente caso, la actuación de la Comisión Federal de Electricidad se realiza en un plano de coordinación o de supra a subordinación respecto de la aquí parte quejosa, a fin de establecer si se encuentra actuando como autoridad, es preciso acudir a las normas que precisan su existencia y naturaleza, sus atribuciones y alcances. En principio, se invoca lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen: "Artículo 1º. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal". "Artículo 2°. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución". "Artículo 3º. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos". "Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.". De ello, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de empresa productiva del Estado, pues así lo establece el numeral 2° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que dispone: "Artículo 2°. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.". (El resaltado es propio). Bajo esa óptica, la función esencial de dicha empresa es la de prestar el servicio de energía eléctrica, en términos del ordinal 5° de la citada ley, que establece: "Artículo 5°. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero". Además, es importante tener en consideración lo que disponen los preceptos 6°, 7° y 8° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. "Artículo 6°. La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 7°. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 8°. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular, conforme a las disposiciones que al efecto emitan sus Consejos de Administración". Los preceptos antes transcritos establecen que la actividad del Estado de generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, se realiza por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; además, que la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece la forma y requisitos que deben cumplir los contratos de suministro celebrados con la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 198/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que esa sala determinó que los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta que, en casos como el que nos ocupa, las empresas productivas del Estado operan bajo principios de derecho privado y no público. En este sentido, se destaca que, conforme al artículo 5° de la Ley de la Industria Eléctrica, lo no previsto en ella debe ser considerado como un acto de naturaleza mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la legislación civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. En el contexto apuntado, tratándose de la normativa vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la "reforma energética", Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra-subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en el suministro de energía eléctrica -como el que nos ocupa, relacionado con el corte del suministro que reclama- no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Por tal motivo, los actos relacionados con el corte de suministro de energía eléctrica (como en el caso sucede), no actualizan los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad no los ejerce en forma unilateral y obligatoria, como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual celebrada entre dicha empresa y un particular. Máxime que la empresa en caso de realizar el corte el suministro de energía por falta de pago, podrá en su caso sujetarse a lo establecido en el Código de Comercio en su artículo 1079, fracción III, de ahí que no puede afirmarse, como lo alega la parte quejosa, que las responsables intentan ejecutar un acto de autoridad, y que su actuación es ilegal porque no cita los preceptos legales que sustentan su actuar, ni los motivos que le llevaron a determinar el adeudo cuyo pago se le requiere; lo anterior, porque, como ya se dijo, la Comisión Federal de Electricidad no está actuando provista de imperio y poder coercitivo para hacer cumplir sus determinaciones, sino que actúa como sujeto de derecho privado en una relación contractual, solicitando el pago de una cantidad que, a su consideración, se adeuda. Lo anterior, no puede dilucidarse por esta vía (amparo) sino constituye cuestiones de carácter mercantil que son susceptibles de analizarse por diversa vía y no mediante el control de constitucionalidad que implica el juicio de amparo. Las consideraciones expuestas en esta determinación encuentran sustento en los diversos criterios jurisprudenciales que a continuación se enlistan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 30/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como la diversa, jurisprudencia 156/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Además, el criterio plasmado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 2a./J. 113/2010, que a la literalidad dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad." Como se adelantó, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como es en el caso que nos ocupa. Por tal motivo, si el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, según el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, y se demostró que la empresa y demás instituciones a quienes señala como autoridades responsables en esta demanda, no actúan en un plano que les otorgue esa calidad (de autoridades responsables), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Gobierno del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, ocho de febrero de dos mil diecinueve, con registro 2019230, de rubro siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Por otro lado, es importante precisar que este juzgador no pasa inadvertido que la parte quejosa fue omisa en señalar, el número de servicio, número de cuenta, número de medidor, así como el domicilio del mismo; sin embargo, a nada practico conduce prevenirle a efecto de que subsane dichas omisiones, en virtud de que la causa de improcedencia igual seguiría operando. Por ello, al quedar demostrada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ************** en su carácter de sindico representante del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Almoloya de Juárez Estado de México. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud de notificarle los autos que se emitan en el presente asunto al correo electrónico mariaelena07h@yahoo.com, no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. MEDIOS ALTERNOS No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico antes señalado. AUTORIZADOS Posteriormente, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otro lado, se autoriza la devolución de los documentos que refiere la parte quejosa, por lo que podrá comparecer ante este órgano a recoger los mismos en día y hora hábil, previa copia que obre en autos. En el entendido de que el solicitante deberá generar su código QR para el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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