Yolanda Velázquez Guillen
Expediente 872/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Yolanda Velázquez Guillen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ************, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Por este conducto se notifica a la quejosa: Visto el escrito signado por la quejosa Yolanda Velázquez Guillen, mediante el cual se le tiene en tiempo y forma cumpliendo la prevención planteada en acuerdo de dieciséis de los corrientes, y por hechas las manifestaciones que vierte, en aclaración de la demanda de amparo, la cual se encuentra registrada en el libro uno de juzgado con el número 872/2015. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios de la misma, se advierte que la quejosa reclama todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M-25/2009, entre ellas el emplazamiento y embargo del inmueble ubicado en calle ejido San Cayetano, número 208, colonia Ejidal de Celaya, lote 18, manzana 19, zona I, con superficie de 149.00 metros cuadrados, así como cualquier acto posterior a su aprobación, remate, adjudicación y entrega de la posesión, procedimiento en el que es parte demandada, y se encuentra en periodo de ejecución. Ello, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veinticuatro de marzo de dos mil nueve fue requerida de pago, se trabó embargo de un bien inmueble de su propiedad y fue emplazada de manera personal al juicio ejecutivo mercantil M-25/2009, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, promovido por Socorro Natalia Rivera Vega, quien reclamó entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de doscientos diez mil pesos 00/100, derivada de la suscripción por parte de la aquí quejosa de tres títulos de crédito de los denominados pagares, cada uno por la cantidad de setenta mil pesos. Que con motivo de una mala defensa, se declaró precluido su derecho para contestar la demanda instaurada en su contra, encontrándose la promovente emplazada pero imposibilitada para ejercer su derecho de defensa, lo que motivó que se dictara sentencia definitiva que la condenó al pago de las prestaciones reclamadas, y se ordenó rematar el inmueble embargado, mismo que fue adjudicado y se expidió la escritura pública correspondiente. Antecedentes que derivan de las manifestaciones que realizó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratorios, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Lo que se ve corroborado con las constancias remitidas por el Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Celaya, a las que se otorga eficacia probatoria plena de conformidad con los numerales 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se deprende que en el procedimiento de remate, no se ha ordenado la entrega de la posesión del inmueble que la quejosa defiende. Por tanto, en relación con el acto reclamado que hace consistir en el emplazamiento y embargo del inmueble que aduce de su propiedad, su aprobación y todas las actuaciones del juicio de origen que culminaron con el dictado de la sentencia definitiva, el juicio de am paro deviene improcedente, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del mismo el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, por lo que si la demanda que nos ocupa fue presentada el siete de octubre de dos mil quince, en la oficialía de partes de este juzgado, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que la parte quejosa tenía obligación legal de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al que tuvo conocimiento del acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que fue emplazada al juicio de origen y que constituye el acto reclamado, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del veintiséis de marzo de dos mil nueve y feneció el quince de abril del mismo año, sin contar los veintiocho y veintinueve de marzo, cuatro, cinco, once y doce de abril del mismo año, por ser inhábiles, esto, en virtud de la afirmación que desde el día veinticuatro de marzo de dos mil nueve fue debidamente emplazada en el juicio de origen . De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el siete de octubre de dos mil quince del presente año, según se aprecia del sello de recepción, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. De igual forma, por lo que hace a los actos reclamados derivados del procedimiento de remate del inmueble embargado, que tienden a escriturar, inscribir, y adjudicar, sin que en el caso sea dable pronunciarse sobre la orden de la entrega de la posesión del inmueble que la quejosa defiende, ya que como quedó asentado en precedentes, dicha actuación no se ha emitido, debe precisarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Cuando, en el caso a estudio, se advierte, de modo manifiesto e indudable, que se reclaman actos emitidos en el procedimiento de ejecución que aún no concluye, puesto que las determinaciones reclamadas (remate del inmueble embargado, adjudicación, escritura e inscripción en el Registro Público), no se impugnan conjuntamente con la resolución que ponga fin a dicho procedimiento ejecutivo, y la quejosa es parte formal y material en el mismo, al ser parte demandada y ejecutada. La finalidad de dicha disposición es evitar el abuso del juicio de amparo y que no se impida que se materialice la resolución dictada. De ahí que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte la resolución definitiva, puesto que si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no está permitido aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen el procedimiento. En esas condiciones, si la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; resulta inconcuso que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, puesto que de cualquier modo, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Cobra relevancia que sobre esta cuestión, y en ese sentido, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional sustentada en la jurisprudencia III.5o.C. J/5 (10a.) con número de registro 2006616, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1454, que dice: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Y como criterio orientador, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), con número de registro 2007355, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 1738, del siguiente rubro: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones XIV y XXIII del artículo 61, esta última relacionada con el artículo 107, fracciones III inciso b) y IV, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
- Principal
A sus autos el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Partido con residencia en esta ciudad y anexo, mediante el cual, en cumplimiento a requerimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de los actuales, hace del conocimiento de este Tribunal el estado procesal del expediente ejecutivo mercantil M-25/2015 e informa que a la fecha, no se ha promovido medio de defensa o diverso juicio de amparo por parte de la aquí quejosa, copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al expediente número M25/2009; atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho proveído.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso: Visto el escrito signado por la quejosa **********; mediante el cual se le tiene en tiempo y forma cumpliendo la prevención planteada en acuerdo de nueve de los corrientes, y por hechas las manifestaciones que vierte, en aclaración de la demanda de amparo, la cual se encuentra registrada en el libro uno de juzgado con el número 872/2015. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda y aclaratorio, se advierte que se impugnan actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil M-25/2009 de la estadística de la autoridad responsable Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Celaya; así, puesto que se reclama: 1. Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil M-25/2009 relativo a la aprobación del embargo, escrituración que se haya protocolizado, inscripción en el registro, posesión material, desposesión material y orden El remate del inmueble que aduce de su propiedad ubicado en finca urbana 38, calle Dieciséis de Septiembre en el Rancho de Galvanes del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con una superficie de 352.00 metros cuadrados. 2. La omisión de notificaciones personales de resoluciones y actuaciones pronunciadas en el procedimiento de origen. Conclusión que deriva de las manifestaciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda y aclaratorio, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; destacando como antecedentes del acto reclamado lo siguiente: Que por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil diez, Juan Ramón Campos Arroyo, demandó en la vía especial sumaria hipotecaria a Vicennia Cervantes Malagón y a la quejosa, de quienes reclamó entre otras prestaciones el cumplimiento de contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que celebraron el veintiséis de septiembre de dos mil ocho. Refiere que mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diez, contestó la demanda instaurada en su contra, la cual le fue admitida. Que en auto de veintiocho de junio de dos mil diez, se abrió el juicio a prueba y en sentencia emitida el cinco de octubre de dos mil diez, se le condenó al pago de la suerte principal de ciento veinte mil pesos, intereses normales a razón del tres por ciento (3%) mensual, y moratorios a una tasa de cuatro por ciento (4%). Que posteriormente, en cuatro de octubre de dos mil once, se le tuvo exhibiendo la suerte principal del monto al que resultó condenada, y no obstante ello, mediante diligencia levantada el cinco de octubre de dos mil once, se celebró la audiencia de remate en primera almoneda. Que el procedimiento de ejecución se encuentra en la fase de adjudicación y escrituración del inmueble que aduce de su propiedad ubicado en finca urbana 38, calle Dieciséis de Septiembre en el Rancho de Galvanes del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con una superficie de 352.00 metros cuadrados, y que de todo ello tuvo conocimiento el trece de abril de dos mil quince, alegando que nunca le fueron notificadas personalmente las determinaciones principales, lo que la dejó en estado de indefensión. También refiere, que promovió incidente de nulidad de actuaciones con un error ortográfico respecto a la fecha de la sentencia, el que se resolvió de estricto derecho, sin suplirle la deficiencia de la queja, y de la cual nunca le fue notificada, haciendo notar que al expediente le faltan fojas relativas a la adjudicación, pero de lo que está anexado al expediente es que se encuentra en estado de adjudicación y escrituración. Mereciendo énfasis que el remate del inmueble que la quejosa defiende y las actuaciones que refiere la dejaron sin defensa, constituyen actos dictados en la etapa ejecución de la sentencia civil, por más que la quejosa alegue que no le fueron notificadas de manera personal las actuaciones principales. Al respecto, debe precisarse de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de dicha disposición es evitar el abuso del juicio de amparo y que no se impida que se materialice la resolución dictada. De ahí que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte la resolución definitiva, puesto que si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no está permitido aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen el procedimiento. En esas condiciones, si la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; resulta inconcuso que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, puesto que de cualquier modo, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Cobra relevancia que sobre esta cuestión, y en ese sentido, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional sustentada en la jurisprudencia III.5o.C. J/5 (10a.) con número de registro 2006616, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1454, que dice: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Y como criterio orientador, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), con número de registro 2007355, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 1738, del siguiente rubro: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, en el caso a estudio, se advierte, de modo manifiesto e indudable, que se reclaman actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que aún no concluye, puesto que la resolución reclamada no se impugna conjuntamente con la resolución que ponga fin a dicho procedimiento ejecutivo, y la quejosa es parte formal y material en el mismo, al ser parte demandada y ejecutada. Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse la hipótesis que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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