Yolanda Valdez Archila
Expediente 101/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2019
Partes del expediente
- Yolanda Valdez Archila
- Yolanda Valdez Archila y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. 3. Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 101/2019-2-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Respecto de esta causa de improcedencia, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación. Esta hipótesis se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica no patrimonio; y, b) Por sustitución. Este supuesto se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia de amparo. Ante ello, tenemos que para que se configure el primero de los supuesto de improcedencia del juicio constitucional, el necesario que los actos reclamados -los cuales a juicio de la parte promovente causan perjuicio a sus derechos humanos-, deben de dejar de surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella, toda vez que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se sustenta por los principios que la rigen en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 9/99, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tanto, la segunda de las hipótesis, referente a que la citada causa de improcedencia se actualiza por la modificación del acto reclamado, surge a la luz del juicio constitucional al momento en que sustanciado el juicio constitucional, apareciere un nuevo acto de autoridad que incida en la vigencia y ejecutividad del reclamado; es decir, que el nacimiento del nuevo acto sustituya al reclamado en el escrito inicial. Este razonamiento se apoya en lo conducente, en la tesis siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO." En ese sentido, se obtiene que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Ahora, en el caso particular, la solicitante de amparo señala como acto reclamado la determinación de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, en la que dio por cumplida la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 312/16-19-1OT, y como consecuencia de ello, el cumplimiento defectuoso dado a la citada resolución por las autoridades demandadas. Ante ello, es de señalarse que ante este órgano jurisdiccional se tramita el diverso juicio constitucional ***********, el cual se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Correspondiente a la Novena Época, del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". De dicho juicio, se desprende que la parte quejosa, señaló como acto de autoridad la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio de nulidad 312/16-19-1OT, juicio de garantías que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se concedió a la accionista el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguiente: Para que las autoridades responsables 1. Delegado Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Jefe de la Unidad Jurídica, 2. Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 3. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residentes en esta ciudad y 4. Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro del término de tres días hábiles siguiente a la fecha en que sea notificado el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia constitucional, den cumplimiento a la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil dieciséis; así como a la resolución interlocutoria de queja por omisión en el cumplimiento de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictadas por la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, en el juicio contencioso administrativo *********** Dentro de la etapa de ejecución en el juicio de amparo, la Sala responsable hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que mediante proveído de once de enero de dos mil diecinueve, la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad quedaba cumplida, en atención a las manifestaciones y probanzas que las autoridades demandas allegaron. Resolución que constituye el acto reclamado en este nuevo juicio constitucional. Empero, de las propias constancias que integran el sumario ***********, se desprende que mediante oficio 19-1-1-3220/2019, de veintitrés de enero del presente año, la Sala Regional responsable, remitió copia certificada del acuerdo pronunciado el veintiuno del mismo mes y año, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, comunicó haber dejado sin efectos el diverso acuerdo de once de los corrientes, y declaró que la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciséis, así como la interlocutoria de tres de septiembre de dos mil dieciocho, no se encontraban cumplidas, ordenando continuar con el procedimiento de ejecución. En ese sentido, es evidente que el acto cuya inconstitucionalidad reclama en el escrito inicial de demanda, fue sustituido con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, por uno diverso que modificó el planteamiento combatido en esta instancia constitucional, por lo que es claro que se actualiza la causal de improcedencia de mérito. Apoya lo anterior, por razonamientos que la integran, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el texto y rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos del acto atribuido a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el acto combatido con la tramitación del juicio de amparo fue sustituido por uno acto diverso, cuyo efecto varió la disposición dictada y respecto de la cual la justiciable se quejó en su libelo constitucional, de ese modo, esta juzgadora concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue el acto que originalmente se combatió y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En el entendido, que la sustitución de la resolución combatida, da como consecuencia, que la autoridad responsable continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, en el que analizará cuando ello ocurra, si las autoridades demandadas acataron en su totalidad el fallo; de ahí el impedimento para analizar el diverso acto que reclama, consistente en el cumplimiento defectuoso realizado por las sentenciadas. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el que menciona en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, y en términos restringidos del segundo párrafo del citado numeral, a ***********, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese
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